“El verdadero progreso consiste en renovarse.” – Alejandro Vinet.
Una de las quejas recurrentes de los veracruzanos es la imperante corrupción en la Dirección de Tránsito y en la Dirección de Transporte Público del Estado.
Los operativos ejecutados por parte de las autoridades estatales en materia de Transporte Público evidencian las redes y acciones de corrupción que, al amparo del poder, se han permitido, sin que hasta el día de hoy existan, sanciones para elementos y autoridades superiores.
Según se sabe el responsable del Transporte Público en el Estado de Veracruz, es un tal Ángel Alarcón Palmeros, quien rinde cuentas directamente al Secretario de Seguridad Pública, Cap. Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
El mismo que ha simulado la desaparición de la Fuerza Civil, convirtiendo las viejas unidades, pintándolas y entregándolas como supuesto nuevo equipamiento a municipios para simplemente taparle el ojo al macho y con eso contener el escándalo desatado por su intervención en el caso Totalco, Perote, donde el saldo fue un par de manifestantes muertos.
En la práctica todos los elementos de esa fuerza de reacción policial distinguidos por sus pésimos resultados, entre los que se apuntan homicidios, secuestros, extorsiones, y hasta complicidad con grupos criminales, sino es que ellos mismos operan como bandas criminales, siguen ahí dentro de la dependencia, solo que ahora como miembros de la Policía Estatal.
Y esto viene a colación porque recientemente la Gobernadora Electa de Veracruz, Norma Rocío Nahle García ha adelantado la posibilidad de estar explorando la desaparición de las Direcciones de Tránsito y la Dirección de Transporte Público, como resultado de esas quejas recurrentes, mismas que ha escuchado y sigue escuchando en su recorrer Veracruz a ras de piso.
Recientemente en entrevista con este reportero, Nahle García afirmó que lleva más de siete meses preparando todo un plan para transformar estas dependencias en corporaciones altamente éticas y al servicio de la sociedad veracruzana.
Aunado a ello, el pasado 15 de octubre de este año, el Congreso Local dio entrada y aprobó el trámite a una Iniciativa para modernizar la legislación en transporte.
Con la iniciativa se busca la adecuada regulación del servicio de transporte público en la modalidad de carga especializado, a efecto de que los concesionarios y permisionarios cumplan las obligaciones que garanticen la prestación de un servicio digno y transparente, así como contar con los espacios adecuados para el resguardo de los vehículos que hayan utilizado el servicio, en función de alguna modalidad de transporte público y, con ello, prevenir actos de corrupción.
Eso en el escenario de las buenas intenciones y los objetivos que se está trazando la próxima administración estatal, pero mientras tanto, este reportero ha logrado recibir información de concesionarios del transporte público que por inminentes razones han pedido reservarse su identidad, para evitar represalias por parte de las autoridades de Transporte Público, quienes denuncian una serie de anomalías en la dependencia a cargo de Ángel Alarcón Palmeros.
Según refieren los afectados, en las Oficinas de Transporte Público del Estado las personas que acuden a solicitar la autorización de transferencia (documento para realizar el cambio de propietario de una concesión de taxi) después de entregar los papeles en regla y extender el respectivo recibo informan que la autorización tarda entre 6 meses y dos años en salir, para que posteriormente los interesados vayan al notario a realizar la cesión de derechos.
El problema está en que te ponen esos términos de tiempo orillándote a solicitarles apoyo para que el trámite no sea tan tardado y es cuando te piden la friolera cantidad de 15 mil pesos para que tú trámite salga en siete días.
Incluso en el exterior de las Oficinas de Tránsito y Transporte hay gestores que se dedican a apoyar a quien los requiera en diferentes operaciones ante las dos dependencias del Gobierno del Estado y ellos mismos te informan que los encargados del trámite piden entre 15 mil y 24 mil pesos, incluso si platicas con trabajadores de Transporte Público de otras áreas, para solicitarles apoyo en tu trámite ellos mismos coinciden que, para que el trámite de transferencia salga en un término de 4 a 8 días piden 15 mil y hasta 24 mil pesos.
Dineros que no ingresan a la Tesorería del Estado, mucho menos a sus arcas.
Queda más que comprobado que existe una red de funcionarios corruptos en la Dirección de Transporte Público que a propósito tardan los trámites para que a la gente que le urge, les ofrezcan dinero.
La denuncia anónima la expresan porque no creen justo que el gobernador en funciones Cuitláhuac García Jiménez afirme a “los cuatro vientos” que en su gobierno no existe, ni existirá corrupción.
Ojalá las autoridades responsables de sancionar a los funcionarios públicos ejecuten acciones para confirmar esta cruel y amarga realidad.
Al tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx