Entre la vendimia de “amiguitas”, sobornos, desaparición de pruebas y carpetas de investigación por encargo.
A pocos meses para que termine la terrible administración de Cuitláhuac García Jiménez, el Gobierno Estatal y sus pésimos administradores han actuado en claro encubrimiento, desvíos de recursos y tráfico de influencias, así como proteger a criminales y demás grupos delictivos, bajo las órdenes del aún gobernador de Veracruz y del secretario de Gobierno Carlos Alberto Juárez Gil, quienes niegan actos de corrupción, cuando la cadena de mando los delata y evidencian sus mentiras. Compartimos el sentir de los trabajadores del Gobierno Estatal y exponemos una realidad en el “honesto” gobierno de Cuitláhuac García.
Muchos actos de corrupción los dejan pasar y a pocos meses de su salida, no brindan interés por conocer qué pasa dentro de su Gabinete y con la llegada de Norma Rocío Nahle, que esperemos sea para bien y será quien revise a fondo todo lo que la administración saliente quiso tapar, desde malversación de recursos, hasta delitos cometidos por parte de futuros extitulares, pues se ha comprobado en muchas de las ocasiones que son personajes allegados a la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, ORFIS, TRIJAEV y la propia Contraloría General del Estado, que valiéndose de sus conexiones, logran manipular la evidencia, para poder seguir impunes y pensar que “la ley no aplica para ellos”.
Una ola de inmundicia que surgió, sobornando a través de aumentos a personal que se dedica a pasar información, a retenerla, inclusive a destruirla. Existen personas allegadas a los titulares y comisionados que estratégicamente son incrustados en dependencias de impacto por el peso legal que lleva y así mismo, nexos y tratos con FGE de Veracruz, CEJUM, ORFIS, CGE, TECA, TRIJAEV y muchos más.
Todo un desfile de funcionarios, que en lugar de estar “atados de manos”, no quieren hacer nada, pues todos son culpables y también, muchos se encubren y se amenazan, tal es el caso de las investigaciones que se quedaron en archivos temporales, al menos en Contraloría General del Estado, como son las inconsistencias legales, las mismas, no se rigen conforme a la ley, retrasan los trámites y aun así se escudan asegurando que los órganos internos no entregan los expedientes en tiempo y forma, debido a que el director general de Responsabilidades Administrativas, Alfredo Alarcón Palmeros, da la orden de retrasar cualquier denuncia, queja o documento expedido en contra de titulares, porque los sobornos no aparecen en los oficios y acordando retrasar y/o extraviar los expedientes en el TRIJAEV.
Esperemos que recuerden bien los nombres mencionados y la lista seguirá en aumento, porque un Estado gobernado por este tipo de inmundicia no se va a seguir permitiendo, según declara la propia Rocío Nahle.
En cuanto a los fiscales, la corrupción nadie la frena. Tanto en FGE de Veracruz, como en CEJUM se cometen injusticias, no se respetan los derechos de las víctimas, valiéndose de su puesto. Fiscales, peritos y demás personal que puede tener acceso a las carpetas, manipulan la información y en ocasiones llega a “desaparecerla”. Es hora de hacer la invitación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su intervención y evaluación de las y los fiscales, pues existen muchas quejas y denuncias por corrupción.
De igual manera, los peritos quienes han llegado a manipular estudios, se les olvida que trabajan bajo juramento a la ley y actualmente se sienten muy cobijados por los jefes y el apoyo de los fiscales para manipular la ley.
¿En este nuevo “Adivina quién “, qué personaje será más culpable? ¿Habrá investigación a fondo?
En la FGE de Veracruz imperan las omisiones, revictimización y nula atención por parte de las fiscales en materia especializada, lo peor, que la fiscal general Verónica Hernández Giadans lo sabe y no hace nada al respecto, se habla de vínculos delictivos, fabricación de pruebas, liberación de criminales, tal es el caso de delitos como violencia en contra de las mujeres, violación y demás delitos, denuncias mal tipificadas por parte de la Fiscalía, todo esto para mandar a archivo temprano las denuncias y porque no, cobrar a los agresores una cantidad considerable de dinero, además de que no sólo auxiliares y fiscales pueden tener acceso a las carpetas, también personal que labora dentro y han hecho profunda amistad con personal “especializado”, como lo dimos a conocer con la liga: https://claudiaguerrero.mx/coordinador-de-comunicacion-social-de-la-fge-de-veracruz-filtra-informacion-privilegiada-y-paga-ataques-en-contra-de-periodistas/ en el caso del titular de Prensa de la FGE de Veracruz Mario Lozano Carbonell.
Otro caso vergonzoso, es el de Karina Mendoza López, quien de ser secretaria privada en la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno, ha llegado a colocarse en el CEJUM con ayuda de su cercano amigo Arturo Juárez Montiel, señalado por acoso en el ORFIS y Marco Antonio Felipe Ramírez, ex jefe de Recursos Humanos de la SEGOB, quien enfrenta investigaciones por violencia y violación. Se sabe ser cercana a un funcionario que ejerce dentro del Poder Judicial y ha sido designada a coaccionar las personas encargadas de investigar los hechos denunciados, se les ofrece una cuantiosa suma de dinero para alterar evidencia y los resultados, es encargada de llevar a cabo el cobro de “favores” por parte de exfuncionarios y funcionarios.
Ya no se puede confiar ni siquiera en Fiscalía, las víctimas son tratadas y tratados como agresores, mientras que a los agresores se les deja libres para seguir delinquiendo.
Quizá la Fiscalía espera ver que suceda una tragedia para intervenir, porque están muy lejos de hacer su trabajo correctamente, se pide justicia, se denuncia con la idea de respetar los derechos, pero lejos de ser correctamente escuchado, se regaña y revictimiza a muchos afectados por parte de las y los fiscales, quienes no han recibido correctamente capacitación con perspectiva de género y de no ser así ¿para qué están ahí si no estarán para servir, sino para servirse?
Hay un caos en Palacio de Gobierno, actitud prepotente, nefasta y allegadas al jefe de la Unidad Administrativa de la SEGOB, Raúl Galindo Cabañas, utilizando las oficinas como mercado, para vender las famosas “amiguitas”, tan conocidas de la SEGOB, una de ellas Alexandra Marlene Herrera de León, quien teniendo la protección de Raúl Galindo Cabañas, ni siquiera se presenta a trabajar y cuando lo hace es por ser un punto de entrega para sus negocios, así mismo, utiliza su posición dentro de la Unidad Administrativa para filtrar información y hacer uso indebido de ella, es bien sabido de su amistad con los recientes acusados por acosar sexualmente a las trabajadoras de la SEGOB y de otras dependencias, siendo ella la encargada de “avisar a los señalados” en cuanto llega alguna queja para frenar investigaciones y tratando de mala manera a quien ella considera inferior.
Varias quejas de su comportamiento despectivo y prepotente, no era de extrañarse al saber que Arturo Juárez Montiel, quien es su ex allegado, la posicionó y dio la orden de colocarla como secretaria particular de su amigo, el entonces jefe de Recursos Humanos y no olvidemos que su amigo el llamado “Palín” José Pale García, utiliza el mismo modus operandi, a cambio de convencer a las víctimas para desistir de las denuncias en contra de los acusados, permitiendo que sigan delinquiendo dentro de SEGOB, así como en las dependencias y la nula intervención de Raúl Galindo Cabañas, quien por nada del mundo actuaría en contra de su fiel amigo Arturo Juárez Montiel, ni a nadie más que éste le pida, pues al parecer es más importante callar y hacerse de la vista gorda, a poner orden en la Secretaría de Gobierno.
Sólo les interesa aparecer en la foto, mientras que detrás de ella trata de manera déspota y grosera al personal. ¿Y la nueva subdirectora jurídica Soraya Prado Rivera? ¿Cuál es el objetivo de ponerla en un cargo tan importante? ¿De verdad su nombramiento sólo es por requisito?
¿Habrá verdaderos cambios? Sólo Rocío Nahle podrá contestar la pregunta.
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