A las personas presentes, les agradecemos mucho su compañía y solidaridad en esta conmemoración.
En un día nublado siempre hay una rendija por donde sale el rayo del sol. Esta es nuestra esperanza y la fuerza de nuestra lucha.
Hace 14 años, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Desde entonces persiste el reconocimiento del mundo a la determinación y fortaleza de los colectivos y familiares de personas desaparecidas. También se valora el acompañamiento de las organizaciones sociales de Derechos Humanos para seguir buscando a nuestros familiares, víctimas de este deleznable delito.
La desaparición forzada es considerada como un crimen contra la humanidad, que no prescribe y que nos otorga, a las familias, todo el derecho a la reparación, a la justicia, a la dignidad humana y a la verdad. Sobre esos derechos nos amparamos y los haremos valer siempre.
Este atroz delito se produce cuando se arresta, se detiene o se traslada, contra su voluntad, a las personas; cuando son privadas de su libertad de alguna forma por agentes del gobierno de cualquier sector o nivel o por grupos organizados o particulares, que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su consentimiento.
También, cuando estos agresores se niegan a revelar la suerte o el paradero de nuestros familiares y se rehúsan a reconocer que nuestros familiares están privados de la libertad y de sus derechos, sustrayéndoles a la protección de la ley, quedando así, a merced de sus aprehensores.
Las desapariciones forzadas no sólo dañan vilmente a las víctimas. Lastiman profundamente a sus familias; hieren en el alma a toda la sociedad, porque nuestros amados y amadas no sólo nos faltan a nosotros, les faltan a todas y a todos y por eso, no hay día ni noche que dure, para seguirles buscando.
Todo mundo se pregunta ¿Y cuántos son y cuántas son? Lo cierto es que hay una danza de cifras; cada quien tiene su recuento y muchos casos ni siquiera han sido denunciados por miedo a represalias, por desconfianza en las instituciones, por una montaña de dolor que paraliza y apenas deja respirar.
En Veracruz, algunas organizaciones sociales reportan que, a mayo de 2024, se han registrado 6 mil 864 personas desaparecidas, 5 mil 453 hombres y 1 mil 389 mujeres que se suman a las 7 mil 231 de 2022 y a las 7 mil 407 de 2023.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana ha alertado desde 2016, el incremento de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. A julio de 2024, señalan que han desaparecido 4 mil 192 mujeres de las que 2 mil 239 son niñas menores de edad.
Por esto, diversas colectivas han exigido a la CONAVIM, la urgente declaratoria de la Tercera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por desapariciones, pero ya lo han expresado los gobiernos federal y estatal que no creen necesaria esta tercera alerta; pero la realidad es que no quieren ver ni atender ni entender este llamado.
A este panorama desolador, se suman los más de 45 mil restos humanos hallados en las más de 600 fosas clandestinas en territorio veracruzano. Realidades que ponen a Veracruz como la fosa más grande del país, con el vergonzoso primer lugar nacional.
Esta es la crisis humanitaria y la crisis forense que ha revelado la ONU, en Veracruz y en todo México. Esta es la deuda social más agraviante que, al final de este sexenio, sigue sin saldarse.
Y por eso estamos aquí, otro año más, para exclamarlo y para reclamarlo, porque tenemos fracturas sangrando en nuestros corazones. Tenemos la vida cercenada por la incertidumbre, la desesperación y la ausencia.
Pero nada nos detiene y menos, cuando las familias hemos sido revictimizadas por autoridades e instituciones que eluden, ignoran y desacatan la ley, la Constitución y los ordenamientos internacionales.
Se les olvida que fueron electos y designados para servir a la ciudadanía; para atender, escuchar y resolver las demandas sociales; pero ya en el poder, soslayan la obligación legal moral e institucional de hacer todo lo posible, para que ellas y ellos aparezcan y para restituir a las familias, la dignidad, la justicia y la verdad a las que tenemos legítimo derecho.
El 1 de diciembre de 2018, el gobernador Cuitláhuac García declaró la emergencia humanitaria por desapariciones de personas y se comprometió con los colectivos y familiares a aterrizar la Ley 677, a dar resultados, a consultar acciones y a implementarlas en consenso.
Si bien hubo avances gracias a la lucha de las familias, como la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, el Mecanismo Estatal de Coordinación, el Consejo Estatal Ciudadano, la edificación del Centro de Identificación Humana de Nogales, la conformación de la Comisión especial de atención a la problemática de desapariciones en la entidad en el Congreso del Estado que duró solo tres años, en los últimos, el compromiso del gobierno estatal se desinfló, se acortaron los conductos de diálogo con las familias y se dejó de lado la atención prioritaria a nuestras demandas, mientras el delito ha seguido rebasando a las autoridades.
Las familias hemos mantenido nuestra bandera ajena a intereses partidistas, procesos electorales e ideologías, porque nuestra causa no tiene más color y estandarte que el de la garantía, respeto y libre ejercicio de los Derechos Humanos de las familias y de nuestras desaparecidas y de nuestros desaparecidos.
Hoy, elevamos la voz para que, las y los nuevos diputados locales y las próximas autoridades sepan que las familias y colectivos seguimos en pie de lucha y sin descanso, en la búsqueda de nuestros seres queridos y queridas y, les demandamos con todo vigor, que nos escuchen, que nos atiendan, que nos apoyen, que nos cumplan y que resuelvan.
Exigimos que desquiten sus jugosos salarios que les pagamos con nuestros impuestos y que asignen y ejerzan los presupuestos públicos necesarios para combatir este cruel delito y para que nuestros familiares aparezcan ya, porque queremos saber dónde están, cómo están y anhelamos su regreso a casa.
Amigas, amigos, aquí presentamos los 20 puntos de la Agenda pendiente en materia de desapariciones en Veracruz y demandamos que se atienda con eficiencia, prontitud y voluntad, sin pretextos, sin simulaciones.
A la nueva Legislatura en el Congreso del Estado, le demandamos:
1.Convocar a una Mesa de Trabajo con las familias, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la CEDH, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda y las dependencias del Mecanismo Estatal de Coordinación, con las y los Diputados para repasar la agenda pendiente en materia legislativa e institucional.
2.Restablecer la Comisión legislativa para atender la problemática de las desapariciones en la entidad con carácter de permanente. Urge un puente de interlocución para: Promover el diálogo circular; para dar seguimiento a la implementación de la Ley 677 y a las acciones de autoridades y organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a sus recomendaciones;
3.Aprobar el presupuesto suficiente y necesario para: Fortalecer la capacidad institucional de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas, de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; para crear por lo menos otros 3 Centros de Identificación Humana como el de Nogales y para asignar en breve, en el ejercicio fiscal 2024-2025, una partida de recursos etiquetados para la digna identificación de restos humanos y entrega a las familias.
4.Convocar en el corto plazo, a una Mesa de Trabajo con las familias y los colectivos y actores vinculados, para analizar, revisar y consensar la reforma legal para la selección de las personas consejeras del Consejo Estatal Ciudadano, cuya iniciativa se presentó el 11 de agosto de 2022 por la actual Comisión Permanente de Gobernación y que sigue congelada desde hace 2 años inexplicablemente.
5.Garantizar la renovación inmediata de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano mediante el procedimiento que mandate la reforma consensada a la Ley 677, derivada del punto anterior.
6.Organizar y convocar a la realización del Foro ciudadano y de consulta a familias, colectivos, personas expertas, organizaciones de la sociedad civil, Consejo Estatal Ciudadano y dependencias y organismos del Mecanismo Estatal de Coordinación a fin de revisar y consensar las reformas indispensables y funcionales que requiere la Ley 677.
Sabemos porque participamos hace año y medio, en las mesas de consulta para el Proyecto de reformas que integraron la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género A.C., con el apoyo de RED-DH de USAID, que apenas nos entregaron este año, bajo presión y que sigue guardado en el cajón de las cosas sin importancia de la actual administración. Queremos la reforma ya.
7.Realizar consultas con personas activistas y defensoras de Derechos Humanos y pertenecientes a las comunidades indígenas del estado, así como a las personas con discapacidad para poder incluir lo relativo al Enfoque de Interculturalidad y de Discapacidad en la Ley 677.
8.Realizar una revisión y reformas consensadas a las leyes y ordenamientos vigentes a nivel estatal, a fin de armonizarles con la renovada Ley 677.
9.Cuando sean los tiempos legales, tomar en cuenta y consultar a las familias y colectivos para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y de la persona titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas. Sin las familias, no.
Al Gobierno del Estado entrante, le exigimos:
10.Establecer una Mesa de diálogo y consultas con carácter permanente para escuchar y atender las demandas de las familias y colectivos.
11.Consultar a las familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas los perfiles de las personas que serán titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Queremos a las personas más capacitadas y los mejores perfiles en la materia que respondan a las familias y no a sus partidos y jefes.
12.Dotar de suficientes recursos materiales, humanos y financieros a las dependencias del gobierno que son parte del Mecanismo Estatal de Coordinación para que cumplan son su trabajo en las labores de búsqueda en campo y búsqueda en vida, acorde a un Plan de Búsqueda establecido y consensado.
13.Implementar un Plan de prevención del delito de desapariciones de personas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
14.Elaborar con familias, colectivos y demás actores involucrados, el Reglamento de la Ley 677.
15.Generar campañas de difusión para dar a conocer la Ley 677 y sus principales reformas.
16.Ampliar y fortalecer las campañas de sensibilización social y en los medios de comunicación y redes sociales, para abatir estereotipos y la normalización del delito; para evitar la discriminación y revictimización de familiares y personas desaparecidas.
A la Fiscalía General del Estado:
17.Mantener un diálogo permanente, respetuoso y eficaz con familias y colectivos.
18.Elaborar los Protocolos en materia de Identificación Humana.
19.Elaborar el Protocolo para búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes e investigación, con Perspectiva de Género y Perspectiva de la Niñez.
Al Poder Judicial del Estado:
20.Considerar la posibilidad de la designación de un área específica de Enlace para orientar y dar atención a las familias y colectivos en materia de Declaración Especial de Ausencia.
Claramente lo reiteramos. Toda decisión del Poder Ejecutivo estatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos autónomos, en materia de víctimas y personas desaparecidas en Veracruz, debe ser del conocimiento y bajo consulta a las familias y colectivos de familiares, sin ninguna condición ni pretexto.
Esta lucha es de las y los familiares de persona desaparecidas y de la sociedad veracruzana que tenemos derecho legítimo a la información y a ser consideradas en la toma de decisiones y acciones institucionales.
Gobiernos van, gobiernos vienen, pero ellas y ellos, no aparecen porque no ha existido la determinación de brindar toda la capacidad del Estado para la búsqueda, la investigación, la restitución, la verdad, la justicia y la dignidad, tanto a las víctimas como a las familias.
No permitiremos que se sigan condicionando apoyos y derechos y, manipulando nuestro dolor, nuestra esperanza y nuestra causa para beneficio de partidos, grupos políticos ni personajes públicos.
Quienes se van deben rendir cuentas de cara a la ciudadanía y a las familias.
Quienes llegarán a ocupar sus espacios de poder, tienen la responsabilidad y la obligación de destrabar lo que dejan pendiente, corregir yerros, respaldar a las familias y entregar resultados.
No más engaños, no más dilaciones, no más indiferencia, no más siembra de discordias entre las familias.
Las y los familiares y colectivos tenemos la sólida decisión de hacer valer nuestros derechos y seguir luchando en las calles, tocando todas las puertas y alzando las voces hasta que las autoridades hagan su trabajo y cumplan.
¡Ya basta! ¡Sin las familias, no!
¡Y hasta que podamos volver a abrazarles!