“Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo.” – Víctor Hugo.
El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial al que desde el primer minuto de este miércoles 21 se han adherido magistrados y jueces federales en todo el país, es la evidencia de que, por primera vez en la historia de México, el régimen gobernante hace temblar a la justicia.
Aquel oropel y aquella prepotencia con la que se conducían los togados a los que infinidad de litigantes buscaban para poder conocer de sus casos, en muchos de los cuales se han violentado los debidos procesos, quedo de lado, al punto que han bajado de su pedestal para ahora si pretender escuchar a la sociedad que tras el pasado proceso electoral les mando un mensaje claro y contundente ante los excesos que al amparo de sus funciones detentaban.
Nadie discutirá los derechos bien ganados de los trabajadores del Poder Judicial, pero también nadie puede negar que los poderosos encumbrados –esos que pertenecían a la casta intocable- se excedieron en prestaciones que al amparo de los mexicanos detentaron, como gastos para la compra de togas y demás utensilios que con sus onerosos cargos podrían muy bien solventar.
Hoy la pregunta que las y los mexicanos nos hacemos, realmente se irá a fondo en esta reforma al poder judicial, porque también hay que decirlo, no son solamente los ministros, magistrados de circuito o jueces quienes deben sufrir una sacudida, sino todo el modelo justiciable en México, empezando por las Secretarías de Seguridad y por las Fiscalías Estatales, nido del problema.
Ahí en cada una de las mesas donde se reciben las denuncias comienza el viacrucis para millones de mexicanas y mexicanos que reclaman justicia, ahí es donde se integran de origen mal las carpetas de investigación y donde las policías ministeriales o las policías –estatales o municipales- integran mal los expedientes.
Ahora que ya vieron, que el actual régimen ira a fondo en la reforma, es cuando buscan que la sociedad volteé a verlos y piden ser empáticos y solidarios con su situación, cuando ellos, no lo han sido a lo largo de la historia de este país.
Entre enero y marzo de 2024, a nivel nacional la tasa de delitos de alto impacto fue de 267 por cada 100 mil habitantes, y la CDMX ocupó el décimo lugar con 278.
En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.
Ahora solo quedará esperar y ver si la propuesta de elección de jueces y togados es efectiva, cosa sumamente improbable porque también hay que señalar, sus funciones a diferencia de las que ostentan los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo no es de orden político, sino de orden técnico y especializado.
Por tanto, prometer hacer campaña para impartir justicia, suena ridícula, porque todos absolutamente todos los concursantes deberán ofrecer lo mismo, convirtiendo el ejercicio en una rutina abyecta y sin sentido.
Se deberá procurar solo concursar aquellos que por carrera judicial sean los más aptos y preparados, pasando por el tamiz de un órgano autónomo que proponga perfiles y curriculas, para evitar el intento de ideologizar al Poder Judicial.
México requiere y demanda justicia, pronta y expedita, la pregunta aquí será ¿este es el camino correcto para alcanzarla?
Al tiempo.
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“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx