Aquellos que levantaron la ceja al saber que la FGR acusará de traición a la patria al “Chapito” Joaquín Guzmán López, por entregar a las autoridades de Estados Unidos a Ismael el “Mayo” Zambada, no tienen por qué asombrarse.
El artículo 123 del Código Penal Federal dice que se considerará traidor a la patria “al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
Así que por ese lado no hay vuelta de hoja.
La bronca es que al parecer no fue el hijo del Chapo el autor de la traición, sino el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “hermano” del señor presidente (dicho por el propio señor presidente) quien es señalado de ser cómplice del Mayo Zambada; dicho por el propio Mayo.
Por supuesto que don Rubén negó el señalamiento y se dijo inocente. Inocencia de la que se agarraron los gobernadores de Morena para avalar su buena conducta mediante una carta abierta. ¿Cómplice del capo más peligroso del planeta? Por Dios… si Rubencito es más bueno que el pan sopeado en chocolate.
Pero ese no es el motivo de esta columneja lector, sino el artículo 123 del CPF que según un excelente abogado penalista, está incompleto.
De acuerdo con el abogado, también se debe considerar traidor a la patria a quien o a quienes han envenenado por años mediante las drogas a cientos de miles o millones de mexicanos; a los que a base de engaños han sacado del territorio nacional a jovencitas que son explotadas sexualmente en otros países; a quienes han recibido moches de los delincuentes para ganar elecciones y a quienes se han aprovechado de sus cargos públicos para robarse el dinero de los mexicanos.
El penalista siguió con el rosario de sujetos y sujetas proclives de ser considerados traidores a la patria y la verdad es que me pareció interesante su argumentación.
El asunto es que cuando me asomé al mencionado artículo por poco y me voy de espaldas al darme cuenta que de acuerdo a su texto, casi todos los políticos de este país han cometido, incluso por omisión, traición a la patria.
Es decir, no se necesita agregarle más al 123 del CPF, bastará con hacerlo cumplir para atiborrar las cárceles.
Pero algo no empata entre los traidores de antes con los de ahora.
En tiempos pretéritos el traidor a la patria era condenado a muerte casi de inmediato o de plano lo colgaban de un huizache saliendo del juzgado.
En la actualidad las cosas se han suavizado ya que el traidor es condenado a purgar una pena de cuatro a ocho años de cárcel, con lo que puede salir bajo fianza. Y le cobran una multa de 10 mil pesos, que muerto de risa los paga.
Moraleja que quiso ser trabalenguas: o se ha devaluado la traición a la patria o la patria traicionada importa pura corneta.
Al cine, la crisis provocada por Javier Duarte
Está por proyectarse en Xalapa y en el resto de la entidad, la más reciente película documental del director Gustavo Vega, que compila opiniones y testimonios de expertos en materia económica, así como también da voz a algunos de los sectores más afectados por el mal manejo de las finanzas estatales durante el periodo del hoy preso Javier Duarte de Ochoa.
El documental lleva por título “2016: El Año de la Crisis” y ofrece un análisis minucioso de la crisis económica y política que azotó a Veracruz en 2016. A través de una narrativa envolvente, el documental explora los eventos que llevaron a un colapso financiero sin precedentes en la región, desentrañando las causas profundas y las consecuencias devastadoras de la mala gestión gubernamental y la corrupción endémica.
Durante poco más de hora y media el cineasta veracruzano presenta una interesante revisión histórico-social de la entidad veracruzana, para situarla a finales del sexenio del polémico ex gobernador, cuyos malos manejos del erario así como su huida al extranjero, fueron temas que en su momento acapararon los titulares de medios nacionales e internacionales
Sin embargo, poco se ha hablado de la repercusión que tuvo esta debacle en años posteriores para los veracruzanos, así como la manera en que distintas administraciones afrontaron los retos que dejó la mayor crisis económica en una entidad federativa de la historia contemporánea de México.
El cineasta Gustavo Vega echa mano de la opinión de distintos personajes pertenecientes a los sectores académicos, empresariales, políticos y de la sociedad civil como Godeleva Rosa Ortiz, Myrta Febe Peña, Hilario Barcelata Chávez, Jorge Lara de la Fraga, Sara Ladrón de Guevara, Eduardo de la Torre Jaramillo y el secretario de Finanzas y Planeación de la actual administración estatal, José Luis Lima Franco.
La película documental fue producida por la Cineteca Veracruz y se prevé que a finales de este mes de agosto esté disponible a las audiencias veracruzanas a través de distintas salas de cine.
Habrá que verla, lector.