El desamparo de los periodistas mexicanos traspasa fronteras. Amnistía Internacional, con sede en Londres, y el Comité para la Protección de los Periodistas, con sus oficinas centrales en Nueva York, señalan que en los últimos siete años han sido asesinados ocho comunicadores que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, que pertenece a la Secretaría de Gobernación.
En un informe denominado “Nadie garantiza mi seguridad”, se señala que es urgente fortalecer y reformar las políticas federales que buscan garantizar la seguridad de quienes ejercen la profesión informativa.
El informe pormenorizado recomienda medidas radicales no sólo al Mecanismo, sino también a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Gobernación, al Congreso de la Unión y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La verdadera historia del Mecanismo en México debió traspasar fronteras para que sus eficiencias fueran visibilizadas por el mundo, ya que lejos de ser un organismo que prevenga la violencia contra los periodistas pareciera ser un mal augurio para sus protegidos. Esperemos que este documento que ha dado la vuelta al mundo logre sensibilizar a las autoridades mexicanas.
La historia negra del Mecanismo tiene en su Junta de Gobierno una burocracia que encabeza Enrique Irazoque, encargado de ahorrar recursos y no de proteger a los comunicadores, porque siguen muriendo en México, estando o no entre los que se han acogido a este tipo de protección.
Un comunicado publicado en la página web de Amnistía Internacional explica que en el informe “Nadie garantiza mi seguridad” analiza: “El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias”, dice Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
Y añade: “Después de cinco años de incesante derramamiento de sangre y de impunidad corrosiva, ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa”.
El documento recuerda que México es el país más peligroso del hemisferio occidental para periodistas. Desde que comenzó el siglo actual, al menos 141 periodistas y otro personal de medios de comunicación han sido asesinados, según el CPJ; al menos 61 de estos asesinatos estaban directamente relacionados con su trabajo. La impunidad, subraya el comunicado, es la norma en los crímenes contra la prensa.
Para que el Mecanismo actúe de manera responsable, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, debe reconocer que no se trabaja con los éxitos que debería, pero también el subsecretario del área que depende el Mecanismo, Félix Arturo Medina Padilla, el propio Mecanismo en manos de una burocratizada Junta de Gobierno que regatea el servicio como si en ello le fuera la vida.
La indiferencia al dolor humano del Mecanismo llega a extremos en los que los periodistas deben ampararse para continuar recibiendo la protección porque saben que su vida está en peligro. De quienes se amparan para seguir recibiendo la protección son muy pocos quienes obtienen dicho amparo y, de esa minoría, son seleccionados los jueces que dieron su fallo a favor de los periodistas para denunciarlos por haber realizado dicho acto que está dentro de la legalidad, porque se diga lo que se diga, en el Poder Judicial hay gente honrada que respeta la ley y la hace respetar. Una vez que se gana el amparo la escolta debe ser restituida y de inmediato y hay casos en los que tardan meses, que pueden significar un sacrificio humano en el gremio periodístico.
De tanto amparo, este tipo de recurso legal termina por verse natural y común en la defensa y protección de los periodistas, cuando si es visto desde la lógica podemos apreciar un verdadero atentado a la vida el simple hecho de que alguien necesite ampararse para ser protegido cuando su vida está en peligro.
El CPJ también subraya que México es el país del mundo con el número más alto de periodistas desaparecidos, pero ningún caso ha dado lugar a una sentencia condenatoria.
Amnistía Internacional y el CPJ aseguran que en los últimos 18 meses examinaron el Mecanismo mediante documentos obtenidos a través de solicitudes al INAI, así como investigación sobre el terreno en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala. Asimismo, sometieron un cuestionario a la atención de 28 periodistas inscritos en el Mecanismo.
Es por ello que estas dos instancias que se encargan de proteger la integridad de los comunicadores, señalan, aunque el Mecanismo ha proporcionado una protección muy necesaria a periodistas en algunos casos, no protege de forma adecuada en muchos otros.
“En noviembre de 2023 había 651 periodistas inscritos en el Mecanismo: 469 hombres y 182 mujeres. Sin embargo, el número de solicitudes de protección rechazadas por el Mecanismo ha aumentado notablemente en los últimos años, pasando de una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los primeros 11 meses de 2023”, menciona el comunicado y añade que centenas de asesinatos de periodistas podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas con rapidez y determinación para protegerlos, destacan ambas organizaciones, que hacen las siguientes recomendaciones al mecanismo: Garantizar que reciba suficientes recursos económicos y humanos para que pueda desarrollar sus actividades de forma efectiva.
Garantizar la participación de los/las periodistas en sus propios planes de reubicación y considerar opciones en zonas seguras en las que esas personas experimenten menos choque cultural.
Efectuar una revisión exhaustiva del proceso de licitación que dio lugar a recurrir a un contratista privado para proporcionar medidas de protección a los/las periodistas inscritos.
Para el Congreso también hicieron recomendaciones tales como: Garantizar la continuidad del Mecanismo y asegurarse de que recibe suficientes recursos económicos y humanos para implementar todas las recomendaciones anteriores.
Reconocer públicamente la importancia de mantener a salvo a los/las periodistas y abstenerse de usar lenguaje estigmatizador o deslegitimador contra periodistas.
Lo cierto es que desde que inició la actual administración en 2018, la reducción de escoltas, de protegidos, de servicios, de recursos materiales y humanos se reduce progresivamente, poniendo en peligro la vida de los periodistas sin importar que dejan huérfanos, viudas y familias por una austeridad que no debe afectar la protección de la vida.
PEGA Y CORRE.- El pasado parece regir las propuestas del futuro en la derecha. Así, ya no sólo añoran el negociazo del Seguro popular o las guarderías infantiles sino que se piensa, en caso de ganar, volver a construir en el terreno fangoso del Aeropuerto de Texcoco…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.