“El que decide un caso sin oír a la otra parte, aunque decida justamente, no puede ser considerado justo.” – Lucio Anneo Séneca.
Por increíble que parezca en Veracruz, la sociedad está a merced de un cartel criminal, las garantías más elementales consagradas en la Constitución de la República y del Estado, son violentadas flagrantemente sin que nada, ni nadie, pueda detenerlos.
La más elemental de las garantías que el estado debe otorgar, está trastocada.
En Veracruz no hay justicia, ni pronta, ni expedita.
La constante desde hace cinco años, con la llegada del actual régimen ha sido, la de perseguir, detener, castigar y refundir en la cárcel a cuanto ciudadano de bien, tenga la desgracia de ser alcanzado por el actual régimen transformador.
El reclamo generalizado de las madres de los desaparecidos es una de las tantas muestras de esa indiferencia sistemática, que es empleada y desempolvada solo en el discurso a conveniencia, cuando se necesita, inclusive cambiar la atención mediática en la entidad.
Este miércoles, la madre del ex alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián N, la señora Flor María de Jesús Sosa Zamudio, en conferencia de prensa en conocido café de la ciudad de Xalapa evidenció esa constante.
Aun cuando la madre del imputado, acusa que su hijo estuvo detenido por consigna del ex secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el aún sigue recluido en el Cefereso número 14 de Durango, porque un juez de control del Poder Judicial de Veracruz continúa sin citar a juicio oral para dar trámite a la causa penal 398/2021 “a fin de retardar el proceso y mantenerlo en la cárcel” señalaron el abogado defensor Fidel Lezama y la madre del señalado.
Las muestras y casos se apuntan por cientos. A donde habría escalado el asunto, que se tuvo la necesidad de modificar el Código Penal para eliminar las argucias legales, con las que el delito de ultrajes a la autoridad, fue removido, por haber sido la causal de encerrar a cuanto personaje se manifestará o al que por expresa consigna se le quisiera detener.
Maniatados por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio palo al mal elaborado proceso legislativo, mismo que fue siempre enviado desde el Palacio de Gobierno de ser aprobado sin cambiarles puntos y comas, solo porque así, le afirmaban al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se tenía que resolver.
La evidencia de esos errores está plenamente documentada en la prensa estatal, acusando al Congreso del Estado de sus fallidas legislaciones, sin, decir, que el único responsable era el hoy prófugo defensor de la negritud veracruzana.
Otro caso que es inconcebible, que es verdaderamente la evidencia y confirmación de que la justicia veracruzana se ejerce y ejecuta por consigna es la sucedida en el caso de Rogelio “N”, ex secretario de Gobierno del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
Todas las imputaciones, una, a una, han sido legalmente derrotadas ante tribunales, porque han carecido del más elemental de los sustentos, “la verdad”.
Todo cuanto se le ha imputado ha sido construido, todo, inclusive los temas de orden personal, han sido empleados con la única intención de lastimar a un ciudadano que por su actividad profesional –la política- les ha convenido –estúpidamente- mantenerlo en prisión.
La causa es muy clara, al anular a Rogelio Franco de la vida pública veracruzana, eliminaron a un actor, que, por su liderazgo, permitió inclinar en su momento la balanza para que perdiera el régimen podrido del priismo que por más de 85 años gobernó Veracruz.
Al eliminarlo de la vida pública –construyeron a un preso político, que toma tintes ya de mártir político- al que por ningún motivo le quieren dejar participar, pues de alguna manera, piensan que impedirían que nuevamente la balanza de la democracia cambie de rumbo.
Torpe pensarlo así, pues la sociedad, ha podido documentarlo todo, evidenciando que la acción de un padre por proteger a sus hijas lo ha llevado incluso a pagar con su libertad, las violaciones al debido proceso.
La más reciente sentencia del juez de control Rene Ortiz Sartorius, no sólo exhibe el abuso de poder, sino también la consigna de jueces y fiscales de fabricar delitos para continuar impidiendo su libertad absoluta, y lo más grave: negarle a su hija la comunicación con su padre.
Ahora solo queda preguntarnos, ¿estará consciente el C. Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de estás violaciones? ¿entenderá que será a él y solo a él, a quien la sociedad juzgará?, ¿comprenderá que sus acciones y omisiones a la larga le podrán traer serias repercusiones? Incluso, pudiéndose tipificar delitos que llegado el momento lo pudieran llevar a prisión.
Finalmente, el responsable de garantizar la seguridad y la justicia para los ciudadanos es y será el titular del Poder Ejecutivo.
¿Valdrá la pena cargar con el estigma y el señalamiento del gobernador veracruzano más represor de la historia?, porque sería bueno que recuerde, que uno de sus antecesores, compurga aún procesos penales imputado por delitos como desaparición forzada, de la que seguro, probablemente ni se enteró, pero que sus funcionarios si ejecutaron y a las que él cómo titular del Ejecutivo habrá de responder.
Los carniceros de hoy, serán las reses del mañana cita un refrán popular, ojalá que nos equivoquemos, pero jueces, magistrados y funcionarios, tarde que temprano habrán de pagar por sus delitos.
Al tiempo.
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