Por Héctor Yunes Landa
La obsesión del Presidente por desaparecer los 13 fideicomisos del Poder Judicial federal (PJF) nada tiene que ver con la austeridad ni con quitar los supuestos privilegios a integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.
Se trata de una osada venganza personal que, por primera vez en la historia, ha paralizado a la justicia federal en todo el país.
Desde el jueves pasado, los trabajadores del Poder Judicial en México iniciaron un histórico paro de seis días –que incluyó una marcha en las principales ciudades del país realizada ayer domingo- ante la posible aprobación en el Congreso federal de la extinción de 13 fideicomisos que cuentan con recursos por 15 mil millones de pesos.
El paro convocado por miles de trabajadores significa la suspensión de términos procesales para jueces, ministerios públicos, litigantes y ciudadanos. Los juzgados atenderán por vía remota solo los casos urgentes hasta que se regularicen las actividades.
En realidad, ¿se trata de un acto de austeridad y transparencia? No. Pongámoslo en perspectiva:
La refinería de Dos Bocas terminará costando entre 280 mil y 350 mil millones de pesos, el doble del presupuesto original de 140 mil millones de pesos. El problema de la “hazaña” de Dos Bocas es que ¡no tiene luz, gas… ni gasolina!
La construcción del Tren Maya va a tener un costo de 500 mil millones de pesos, muy por encima de los 120 mil originalmente presupuestado, es decir, un sobrecosto de ¡380 mil millones de pesos! Nadie sabe la razón del gasto desproporcionado porque toda la información ha sido reservada.
El “enorme ahorro” que pretende el Presidente con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, representa apenas el 2.5% del criminal despilfarro que han hecho con Dos Bocas y el Tren Maya.
López Obrador se ha echado los billetes a la bolsa y pelea los centavos al Poder Judicial.
¿Se trata de cancelar los “enormes privilegios” de que gozan los integrantes del Poder Judicial federal? Tampoco. Estos fideicomisos no cubren las prestaciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Quienes han salido a las calles a defender sus derechos y prestaciones son los trabajadores.
Al menos seis de los fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. En otros casos, los fideicomisos se integran de aportaciones privadas a través del salario de los propios trabajadores.
El personal operativo del Poder Judicial representa más del 60% de la plantilla. Es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos, por lo que su extinción, limitará las funciones del PJF y, en consecuencia, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Mi solidaridad con secretarios técnicos, actuarios, proyectistas, coordinadores técnicos, oficiales judiciales y los trabajadores administrativos del Poder Judicial que luchan no sólo por sus derechos laborales, sino también en contra del anhelo de un presidencialismo autoritario y sin contrapesos.
La puntita
El viernes pasado, la mayoría de Morena y la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2024. Autorizaron que el gobierno cubra con más deuda $21.5 de cada $100 del presupuesto. AMLO será el Presidente que más endeude a México.