Por Héctor Yunes Landa
Ha pasado más de una semana desde que “la casualidad” llevó a distintas instituciones de seguridad pública al hallazgo de decenas de cuerpos mutilados y almacenados en refrigeradores en la ciudad de Poza Rica. Hasta la fecha, la Fiscalía del Estado no ha sido capaz de determinar el número de víctimas y su identidad.
Sin embargo, a raíz de la decisión tampoco aclarada de llevar los restos hasta el forense en la ciudad de Nogales, este municipio se volvió el epicentro de la violencia en el estado, registrándose nuevos eventos criminales donde una cabeza humana fue colgada sobre un puente y varios cuerpos arrojados a la autopista federal Puebla-Orizaba.
En medio de este baño de sangre, la semana pasada fue encontrado un cadáver dentro de una bolsa de plástico color azul, en Coatepec. Hasta el fin de semana, la víctima tampoco había sido identificada.
El horror es inimaginable, pero no es algo nuevo. En los primeros cuatro meses de 2023 en Veracruz se cometieron 11 masacres, es decir, eventos violentos que implicaron tres víctimas o más. En el mismo período se contabilizaron al menos 716 víctimas mortales, 20 feminicidios, 12 casos de tortura y tres asesinatos de actores públicos.
Como lo hemos señalado en este espacio, documentos de la propia Sedena confirman que el 70% por ciento del territorio veracruzano está ocupado por la delincuencia organizada.
Veracruz está viviendo una verdadera barbarie de violencia criminal y política. Agosto podría ser el mes más violento en el estado durante los gobiernos de López Obrador y Cuitláhuac García.
Por desgracia, ambos personajes rechazan por igual, con absoluto cinismo, su responsabilidad en la descomposición social por la violencia y la delincuencia. Cuando estamos por entrar al sexto y último año de administración, mantienen la excusa de no haber podido resolver la “herencia” de las administraciones previas.
Ello contrasta con la violencia ejercida en contra de actores políticos y dirigentes de corrientes contrarias al morenismo veracruzano. En la misma semana que la violencia criminal abraza buena parte del estado, el gobierno ha reforzado su persecución política y de injusticia en contra de sus adversarios.
El viernes pasado, el mismo día que un juez federal decretó el cambio de medida cautelar en favor de Rogelio Franco para que continúe su proceso en prisión domiciliaria, se registraron una serie de eventos que muestran en autoritarismo de un gobierno que se olvidó de la violencia criminal para enfocarse en perseguir a sus antagonistas.
Tras la rabia que provocó al gobernador del estado la liberación de Rogelio Franco, mandó a detener al exsenador perredista Arturo Herviz –libre casi de inmediato-, fue interceptado Federico Salomón, dirigente estatal del PAN, en pleno centro de Xalapa.
Y terminó la semana con broche de cobre en contra de Manuel Velasco, aspirante a la Presidencia por el PVEM, a quien policías de Veracruz lo retuvieron y lo encañonaron en su recorrido por el estado. Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.
En este escenario, Veracruz corre el riesgo de vivir la elección más violenta de su historia. ¡No lo podemos permitir!
La puntita
En la mayor parte de los estados del país, los jueces están concediendo la prisión preventiva justificada para mantener en prisión a presuntos criminales de alta peligrosidad. Si en Veracruz no sucede lo mismo, es simplemente porque la Fiscalía no sabe hacer su trabajo.