Los objetos voladores no identificados se han vuelto tendencia en últimos días, principalmente porque los gobiernos empiezan a reconocer la existencia de los mismos e incluso es un tema del que cada vez se habla más, lo que permite que teorías de antaño que podrían haber parecido absurdas, comiencen a considerarse como reales e incluso se normalicen en el día a día. Sin embargo, hay otras verdades cuyas investigaciones deberían interesarnos, que están a punto de cumplir una década y cuyas respuestas siguen siendo inexistentes.
Si bien el tema de los OVNIS puede ser muy interesante, de igual forma debería serlo la desaparición de 43 estudiantes en 2014. La madrugada del 26 y 27 de septiembre de ese año, tuvo lugar uno de los eventos más catastróficos del gobierno de Enrique Peña Nieto. 43 estudiantes normalistas desaparecieron en un evento ligado al crimen organizado, pero también al gobierno y organismos como el ejército. Detrás de este suceso llegaron múltiples promesas, se presentaron pruebas nada convincentes e incluso surgieron investigaciones alternas que hasta el día de hoy no han podido esclarecer a los familiares ¿qué ocurrió realmente?
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, tuvo lugar la verdad histórica, que más bien se pudo tratar de un montaje histórico, donde se explicó que el fin de los jóvenes desaparecidos fue un basurero en Cocula, donde estaban sus restos incinerados. Gracias a las averiguaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se hizo evidente que esto no era verdad y había más puntos que indagar detrás de la historia.
La periodista e investigadora Anabel Hernández, quien es reconocida por las indagaciones que ha hecho en torno a temas de narcotráfico en México, también hizo una recopilación de testimonios y datos que dejaban ver lo que la población ya intuía, el vínculo profundo del Estado con el crimen organizado, el respaldo que se le brindaba o brinda a los grupos delictivos en México y la opacidad con la que se llevó el caso desde el principio, minimizando las vidas que estuvieron en juego e incluso la desesperación de familiares que llevan años esperando una explicación de lo ocurrido y queriendo obtener datos sobre el paradero de sus hijos. Todo lo recabado por la periodista se puede leer en su libro “La verdadera noche de Iguala”.
El pasado martes 25 de julio el GIEI anunciaba su retirada de la investigación, debido a la negativa de colaboración mostrada por el gobierno actual, de igual forma presentaron el último informe recabado sobre el caso, donde nuevamente se entregan datos que indican el conocimiento del ejército sobre los hechos antes, durante y después de la desaparición de los jóvenes, así mismo detallan que han solicitado múltiples datos ligados al ejército y la marina, los cuales han sido negados. Mientras tanto los padres siguen clamando por justicia, porque el gobierno les brinde las respuestas que tanto han prometido, pero sin obtener mayor respuesta.
Dar carpetazo a un tema como este no es algo nuevo en México, lo hemos presenciado en cada gestión, principalmente cuando el control se ejerce por la fuerza para aplacar a cualquier oposición o disturbio, así sea este proveniente de la misma sociedad. Lo que indigna aunado a lo anterior son las promesas vacías de acciones diferentes y que se siga manteniendo en la impunidad a figuras cómplices del crimen.
Las investigaciones que han clasificado como privadas han de hacerse públicas, pues además de contener datos que podrían facilitar el cierre necesario para tantas familias, podrían ser un punto clave para comenzar con acciones contundentes que busquen disminuir el narcotráfico y el crimen organizado, de lo contrario pareciera que todo tipo de teorías que hemos visto en narcoseries donde el gobierno es sólo un ente más de los criminales, no queda sólo en teorías y podría tener más matices de la realidad de los que imaginamos.