***Por una presunta “reestructuración” se están cobrando adeudos prescritos o se les descuentan en nómina a los empleados estatales durante el gobierno del hoy preso Javier Duarte de Ochoa.
***Son nueve años de una deuda que ya prescribió y ahora el Gobierno de MORENA les realizan descuentos cada quincena a más de 14 mil empleados desde diciembre del 2022.
Monumental robo se está realizando desde diciembre del 2022 en contra de empleados estatales en diferentes secretarías y daremos pormenores de lo que sucede en la Fiscalía General del Estado, como ejemplo emblemático, donde existen anomalías y los trabajadores tienen miedo, son vigilados como si fuese policía “china”, así como los jefes están alertas cuando entre empleados hablan y las cámaras de videovigilancia los monitorean a toda hora. Como buenos pillos tienen miedo de que algún trabajador de la FGE haga un comentario, ventilen la situación de acoso laboral y hasta detectan con quiénes hablan y sus movimientos. El colmo, no pueden hablar entre ellos, pues piensan estar elucubrando o haciendo boicot en contra de los jefes.
En la FGE existe tanto miedo, que nadie atiende a los abogados y litigantes quienes llegan a buscar a algún jefe y la mayoría se niega a realizar su trabajo, ya que existe un temor fundado de ser corridos o hasta meterlos a la cárcel por hablar más de la cuenta. Peor, los empleados ya son advertidos, que si no operan para MORENA o en el 2024 no votan por este partido político, serán corridos, aun cuando tengan base o más de 30 años de servicio. “Son unos hambreados, corruptos y mafiosos”, nos comentan empleados quienes están hasta “la madre” de este gobierno estatal represor.
Con miedo a que te levanten un acta administrativa por llegar tarde al trabajo, por culpa del aparato detector facial, tampoco respetan las incapacidades, ni los descansos de los fines de semana para llevarlos a realizar proselitismo a favor de MORENA y la situación ha escalado tanto, que no existen condiciones para un ambiente sano y armonioso, pues todos los días los jefes están a los gritos, como la titular de Recursos Humanos de FGE, Contadora Yadira Arróniz Sánchez, quien les grita a los empleados “incompetentes”, “putas”, “zorras” y que son “una bola de incapaces en su cargo”, diciendo esto a cualquier empleado, hombre o mujer en clara violencia laboral, de género y la tal Yadira se sube al ladrillo y se marea, como buena prepotente.
Y la FGE ya está realizando una estructura a favor de MORENA pidiendo credenciales del INE para expedientes fuera del trabajo y quienes no están de acuerdo son despedidos, aun cuando tengan base o muchos años laborando en esta institución.
Lo peor, que a los empleados les están robando dinero. Desde el 2022, más de 14 mil empleados se les ha estado descontando entre $300 a $400 pesos quincenales, siendo el Instituto de Pensiones del Estado quien pidió hacer estos descuentos de manera ilegal, asegurando que hubo una “reestructuración” de deudores del 2012, 2013 y 2014 con empresas agiotistas quienes reportan que no se les ha pagado desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Según la Ley Mercantil en México, ésta dicta puntualmente: “Las deudas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prescriben a los 4 años. Las deudas con la Seguridad Social prescriben a los 4 años. Las deudas de préstamos bancarios no hipotecarios prescriben a los 5 años y las deudas de tarjetas de crédito prescriben a los 5 años, incluyendo con proveedores”. Pasando más de cinco años, los cobros ya no proceden, ni se obliga.
Por eso, cómo es posible, que el Gobierno de Cuitláhuac García haya “reestructurado” una deuda prescrita y además, los mismos trabajadores pagaron bajo descuento en nómina durante muchos meses y ahora resulta que les quieren cobrar una deuda de hace nueve años, en un fraude orquestado desde esta administración estatal. Si Javier Duarte de Ochoa no pagó a estas empresas agiotistas, entre ellas la conocida como Intermercado y otras, eso ya es culpa de exsecretarios de Finanzas, no de los empleados, quienes vieron en sus cheques los descuentos.
Y para justificar las víctimas de este fraude haber pagado, el IPE les pide a los empleados los estados de cuenta de hace nueve años, siendo para algunos un gasto innecesario, pues el banco cobra los recibos bancarios de más de tres de ellos, por la cantidad de $100 pesos cada uno. Empleados pidieron préstamos de $13, $14 y $20 mil pesos, siendo algunos haber pedido hasta $45 mil pesos. Hoy la deuda creció a un 500 por ciento, incluyendo intereses moratorios desde el 2012, 2013 o 2014.
Por otro lado, una vergüenza que en la propia FGE no permitan la diligencia de entrega de citatorios a comandantes ministeriales acusados por negarse a pagar la pensión alimenticia de sus hijos o la falta de pago de rentas a los caseros.
Y mientras sucede esto, el Oficial Mayor de la FGE Raymundo Romero de la Maza no hace su trabajo, sólo es decorador de interiores del nuevo edificio donde albergan las Fiscalías y se dedica a ver si se ponen macetas, lámparas o se pintan más paredes, pero no ve o no quiere saber sobre las agresiones a los trabajadores y el clima de violencia laboral prevaleciente en los centros de trabajo, siendo que el Contralor Interno pasa desapercibido ante tanta anomalía administrativa. Una dependencia con muchos problemas desde la cabeza, siendo la fiscal general quien impone un clima de acoso y persecución al interior de la FGE y ella como buena corrupta, piensa que todos son iguales.
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