CIUDAD DE MÉXICO. Article 19 rechaza de manera contundente cualquier hecho de criminalización contra periodistas con motivo de su labor, con el objeto de inhibir, amedrentar, silenciar y castigar el ejercicio periodístico.
En este sentido, la periodista Claudia Guerrero Martínez, directora del portal claudiaguerrero.mx y del Periódico Veraz recibió un citatorio la mañana del pasado jueves 15 de junio por parte de la Fiscalía Estatal de Veracruz, en carácter de “investigada” ante la Fiscal Quinta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Bianca Janet Reyes Cruz, requiriendo que acudiera el martes 20 de junio a las 11 horas para notificarle los hechos que se investigan en su contra dentro de una carpeta de investigación, en Xalapa, Veracruz.
La periodista refirió que, según fuentes cercanas, dicha investigación en su contra puede estar relacionada por publicaciones que ella misma realizó sobre una persona denominada Itiel “N” y la jueza estatal Angélica Sánchez, esta última recientemente aprehendida y vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, según información pública de la misma Fiscalía estatal, derivado de la libertad que dicha juzgadora otorgó a Itiel “N” en cumplimiento de un amparo que le fue otorgado a este último por irregularidades que un juez federal determinó en ese asunto. La periodista refirió que “En ese caso, fui la primera en destacar que Itiel podría salir de la cárcel por la investigación mal integrada”.
Sin embargo, hasta el momento no conoce el contenido de dicha carpeta de investigación. El pasado viernes 23 de junio, la periodista acudió a la Fiscalía estatal para revisar su situación jurídica, conocer la información a detalle sobre esa carpeta de investigación, pero finalmente no fue atendida por personal ministerial, retirándose posteriormente.
Estos hechos han tenido un impacto en la periodista Claudia Guerrero, al mantenerse en una situación de incertidumbre y temor respecto al ejercicio de su labor periodística y en su propia persona, frente a un contexto de persecución y agresiones contra la prensa.
Es importante recordar lo que han observado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) respecto al uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura. En este sentido, mencionan que la utilización del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios con el objetivo de presionar, amenazar y castigar a las y los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión.
De igual forma, la RELE también establece, “que nadie, ni los defensores de derechos humanos, ni los críticos o disidentes, ni los periodistas o medios, pueden estar por encima de la ley. Sin embargo, cuando la ley es utilizada con el propósito de eliminar o apaciguar la crítica o la disidencia, lo que existe es una persecución y no un intento legítimo por afianzar el Estado de Derecho”.
En un contexto grave de violencia contra la prensa en México, conforme a la documentación de Article 19, con 696 ataques contra la prensa en 2022, convirtiéndose así en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007, con un ataque documentado cada 13 horas en promedio; con 12 periodistas asesinados ese mismo año, posicionando a México como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra; donde el uso de mecanismos estatales formalmente legales, son utilizados contra la prensa con motivo de su labor, para intentar inhibirla y hasta silenciarla, sumado al hecho de la utilización del sistema penal contra periodistas, al ser la herramienta más intrusiva y extrema que tiene el Estado contra las personas y sus libertades, resulta sumamente preocupante que bajo estos mecanismos se quiera inhibir el libre y pleno ejercicio periodístico.
Ante ello, Article 19 manifiesta con suma urgencia que sea respetado el debido proceso a la periodista Claudia Guerrero Martínez, garantizando sus derechos como obligación fundamental de toda autoridad, y en caso de tratarse de un legítimo ejercicio de su labor informativa, se desista en la continuación de un procedimiento penal en su contra.