El 23 de noviembre de 2016, Salvador Manzur Díaz se presentó de manera voluntaria en el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Boca del Río, para responder a la demanda en su contra que había presentado tres años antes el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien lo había acusado de manipular los programas sociales a favor de los candidatos a alcaldes y diputados locales del PRI durante el proceso electoral de 2013.
Aunque aseguró que el caso ya había sido cerrado y se había demostrado que no había incurrido en algún delito, el exalcalde de Boca del Río, exsecretario de Finanzas y en ese entonces delegado de Banobras declaró y solicitó que se le fijara una fianza para que pudiera continuar el proceso en su contra en libertad. Madero había presentado como pruebas videos y audios en los que se le veía y escuchaba confabular para manipular los programas sociales a favor del PRI. Junto con él habían sido denunciado 57 funcionarios más, entre municipales, estatales y federales.
Tres años antes, el 17 de abril de 2013, en conferencia de prensa, el dirigente panista había informado que había presentado una demanda de juicio político contra la entonces titular de la Sedesol, Rosario Robles, así como contra el gobernador Javier Duarte, por desvío de recursos públicos, por lo que también los había denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República.
El presidente nacional del PAN apoyó su denuncia en 13 horas de grabaciones, de las cuales 2:30 horas eran de videos y el resto de audios. Lo que se escuchaba eran pláticas de miembros del llamado “Grupo Boca” (de Boca del Río) organizándose para utilizar los programas Oportunidades y 65 y Más a fin de coaccionar el voto a favor de los candidatos tricolores en la elección que tendría lugar en julio de ese año.
Las grabaciones las había obtenido Miguel Ángel Yunes Linares entre el domingo 3 de febrero y el domingo 7 de abril. En la de esta última fecha se escuchaba a Manzur Díaz decirles a operadores priistas que los programas sociales eran “realmente oro molido” que tenían en sus manos y que la única instrucción que les daba era: “que lo hagamos con el sentido político”.
Se intuye que después Salvador actuó con mucho colmillo político o fue bien asesorado porque aunque dijo que el caso estaba cerrado y que se había resuelto que era inocente, no obstante que ya habían pasado tres años, al presentarse en el Juzgado no quiso dejar ningún cabo suelto que sirviera para que en el futuro lo persiguieran y encarcelaran (para entonces su compadre Javier Duarte estaba prófugo desde un mes antes).
Lo que quiero destacar ahora es que con todo y lo que se diga del PRI, en ese entonces no solo se atendían las quejas de la oposición sino que se procedía contra los mismos priistas. En el caso al que me refiero hubo cese de funcionarios (Manzur fue destituido como secretario de Finanzas la madrugada del 4 de mayo, exclusiva que publiqué esa misma mañana en el diario Notiver), se dieron algunos encarcelamientos y muchos quedaron sujetos a proceso judicial. Hubo consecuencias, pues.
Duarte dijo en un comunicado que la remoción buscaba “evitar cualquier suspicacia en torno al comportamiento político del gobierno de Veracruz” respecto al manejo de programas sociales y que su gobierno era “el primer interesado” en que se castigara a los responsables a través de “una investigación” que ya había comenzado su administración.
El cuitlahuismo repite el uso de recursos públicos, para apoyar a Morena
Ayer, la reportera Noemí Valdés publicó en el diario Notiver información con base en una grabación que le filtraron “fuentes fidedignas y confiables” en la que se escucha al jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Ulises Rodríguez Landa, pedirles a trabajadores de esa dependencia que se preparen para operar a favor de Morena en el proceso electoral que se iniciará en septiembre próximo.
Ellos conformarían los comités “Protagonistas del Cambio Verdadero” o “Comités en Defensa de la 4T”, que son la célula básica de la organización de Morena. De acuerdo a la reportera, los trabajadores están siendo citados en días laborables por el funcionario para pedirles que se conviertan en activistas de su ahora partido (hasta 2018 siempre militó en el PRI), lo que constituye el uso de recursos públicos con fines partidistas. Ellos lo habrían grabado.
Nohemí detalla, con base en el audio, todas las indicaciones que les da y lo que les pide, en especial que estén al pendiente de su sección electoral, de la cual los hace directamente responsables, en los que deben empezar a hacer recorridos y conformar listas con nombres y apellidos de los ciudadanos a los que van a movilizar, “todo con costo al erario estatal”.
Les recuerda, agrega, que tienen que conocer las secciones electorales que visitan, contar el número de colonias y hacerse responsables de la operación de los votos que se obtengan en esos sitios.
“Una de las más grandes es la que está por Lomas Verdes, es la sección más grande que tenemos en Xalapa, es una sección electoral grandísima que tiene 30 colonias, esos datos que ya tienen nos van a servir, vamos a procurar que regresen ustedes a las mismas secciones que ya trabajaron ¿por qué?, porque la conocen, saben dónde inicia, donde termina, así ya lo hicimos muy bien”.
Les da una serie de pasos a seguir, como ubicar los liderazgos en colonias, como los jefes de manzanas “los de la tiendita de la esquina, los que organizan la posada, a sus vecinos, hay que localizar a esos liderazgos”. “La reunión fue convocada en día laboral y pagada con recursos de la dependencia; pese a que se trató de un evento partidista”.
Guardan silencio
Ayer, mientras que en la Secretaría de Seguridad Pública, en el palacio de gobierno y en Morena guardaron silencio, el columnista supo que los equipos jurídicos de los partidos de oposición preparan denuncias contra el funcionario, ya que su acción se encuadra en la comisión de los delitos electorales previstos en el artículo 11 fracciones I, III y IV de la ley general en la materia, que impone una pena de dos a nueve años de prisión.
Las denuncias las presentarán en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en las oficinas centrales de la Ciudad de México, pero también en su delegación en Veracruz.
Por otra parte, expertos en la materia dijeron al columnista que la grabación es un indicio, un documental suficiente para que la Fepade inicie la investigación correspondiente; que el audio es una prueba técnica y que el delito electoral se configura ya que el trabajo territorial que les piden en las secciones es para identificar a los ciudadanos que viven ahí a fin de movilizarlos el día de la elección, “convencer” a los que no están con ellos y, en casos extremos, inmovilizar a quienes sepan que van a ir a votar en contra de Morena, esto es, amedrentarlos.
Todos coincidieron en que lo más seguro es que desde el gobierno busquen proteger a Rodríguez Landa en lugar de sancionarlo para tratar de evitar las consecuencias, contrario a lo que se hizo en el gobierno de Duarte con Manzur y los demás involucrados.
Podría haber más grabaciones
La filtración del audio puede haber sido el principio de una guerra sucia que podría intensificarse a medida que se acerque el inicio del proceso electoral y durante el desarrollo del mismo. Si se filtró una primera grabación hecha en forma subrepticia, nada garantiza que no haya más e incluso que no existan videos comprometedores, no solo del funcionario de Seguridad Pública sino también de otras dependencias.
En el caso que comento, podrían haber sido, en efecto, trabajadores que no están de acuerdo con Morena los que grabaron al funcionario, pero también pueden haber sido otros funcionarios de la misma Secretaría en desacuerdo con el actuar del administrativo, aunque también cabe la posibilidad de que interesados o la oposición haya violado el sistema de seguridad interno y tengan muchas horas de grabaciones o videograbaciones.
Por lo pronto, con el audio filtrado a la reportera se compromete con mucha anticipación, seriamente, el resultado de la elección para Morena.