“El que decide un caso sin oír a la otra parte, aunque decida justamente, no puede ser considerado justo.” – Lucio Anneo Séneca.
La detención de Rogelio Franco Castán hace dos años en Tuxpan continúa siendo una de las manchas más evidentes en la impartición de justicia del Gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez y su brazo ejecutor la Fiscalía General del Estado.
Aun cuando el propio gobernador se jacte de afirmar que Franco Castán era un violentador de las mujeres, instancia tras instancia jurisdiccional le han dado la razón al hoy detenido, confirmando que no fue cierto de lo que se le acusa.
Las razones por las que el personaje jamás se negó a exponer el infierno que enfrentó en su vida personal seguirán siendo un tema pendiente, la realidad es que su círculo cercano todos afirman que nunca fue el violentador como se ha querido vender, por el contrario, lo describen como un padre e hijo amoroso y respetuoso.
Lo extraño de la circunstancia que lo mantiene en prisión es la razón misma por la que se le considera un preso político, pues de cada carpeta que se le ha imputado, de todas ha ido ganando su libertad ante las instancias legales.
Quizá el odio fratricida con el que se le ha tratado habría sido por ser el líder de un movimiento que en su momento aglutinó a quienes hoy gobiernan y que no se dejó llevar por el canto de las sirenas de su líder moral.
Más recientemente, la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a todos aquellos detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, que ha mantenido a más de 800 reos en cárceles de la entidad confirma la persecución de orden político sobre el personaje.
Lo cierto es que a dos años de su injusta detención el hombre, el político y el amigo esperan la conclusión de un sexenio que será juzgado por estas flagrantes violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
Al tiempo.
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