Compartimos cartas a la redacción en esta entrega sobre denuncia en contra de un funcionario de la Contraloría General de Veracruz: El Titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría General de Veracruz, Juan Ignacio Martínez Franco, se le ha acusado dentro de la CGE de más omisiones legales, así como de imponer corrupción que reside en el desorganizado e ineficiente staff de la Ingeniera en alimentos, Mercedes Santoyo Domínguez, demostrando su compromiso de lealtad, no al pueblo veracruzano, sino a sus fuertes convicciones de mostrar lealtad a la contralora corrupta.
Nos enteramos que Juan Ignacio Martínez Franco ha estado brindando información parcial a los que solicitan información pública completa y concisa. Sin pretextos de que la información es clasificada, es preciso señalar que en los últimos meses, la información proporcionada, ha sido también trivial, generalizada e inútil, donde no ha proporcionado datos suficientes para dar cumplimiento a la normatividad aplicable del Estado de Veracruz “La Ley 875, La Ley Orgánica del Estado de Veracruz y el Reglamento Interior de la Contraloría General”.
Martínez Franco ha convocado, la mayoría de veces, vergonzosas prórrogas para capacitar a las áreas corruptas de la Contraloría General, de cómo deben contestar la información, para que el IVEA no detecte el ocultamiento, alteración y/o clasificación de información donde no cumple con los elementos suficientes para clasificar o dar una entrega de información completamente pública.
Medios de las áreas operativas han divulgado la posible complicidad de prestanombres de contratos que han realizado ilegalmente la Contraloría General del Estado con terceros y familiares de servidores públicos, donde servidores públicos foráneos, han reportado diversos conflictos de interés en las áreas administrativas y muchas incongruencias en las planeaciones de vigilancia y control.
Esto ha provocado que las funciones de las áreas operativas se vean saboteadas, retardadas y obstaculizadas, para cumplir con las circulares y oficios que solicitan la Contraloría General del Estado, careciendo de fundamento legal y de congruencia lógica en sus solicitudes.
Cabe mencionar la operatividad de Juan Ignacio Martínez Franco para evitar transparentar la información se hizo evidente, cuando se ocultó la Declaración Patrimonial del gobernador Cuitláhuac García Jiménez con la liga: https://www.infobae.com/
La Contraloría General ha querido limpiarse las manos, al responsabilizar a Entes de Control descentralizados, por su mala organización e ineficiente atención para capacitar, evaluar y vigilar que se cumplan con las normatividades aplicables, cuando los verdaderos responsables de ello, es la CGE y la incompetente Titular al cargo.
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