En 2019 comenzó un capítulo que comprobaba diversos señalamientos al sexenio de Felipe Calderón, su fallida estrategia de seguridad en realidad tenía un vínculo muy cercano con el narcotráfico. Pues el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración, Genaro García Luna era detenido en Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico de drogas en el periodo de 2006-2012, entre los que destacaban la recepción de sobornos millonarios por parte del Cartel de Sinaloa, a cargo de El Chapo Guzmán. A cambio de esos sobornos el Cartel tenía información privilegiada de investigaciones, acceso a vías seguras para el tráfico de drogas y quizás protección.
Esta teoría se ha presentado en obras literarias como “los corruptores”, se ha plasmado en series de televisión como “Narcos” y fue repetida incansables veces por los grupos de oposición del Partido Acción Nacional, sin embargo una vez más la realidad de México ha superado la ficción, no se trata sólo de un episodio donde el héroe se convierte en antihéroe, sino de un personaje clave en la política del país que ha estado ligado a más de una figura de liderazgo en México y a la par con el crimen organizado.
Más de tres años después de su detención, Genaro García Luna es declarado culpable, esto evidentemente debilita aún más a la posible oposición del gobierno en turno, pero también es una clara señal de alerta, no sólo para Felipe Calderón, quien fungía como presidente de la República en ese periodo. Es una alerta para México, porque demuestra los nexos que cualquier gobierno puede tener, mediante los cuales el poder no estaría en manos del Estado, sino del crimen organizado. Si la seguridad del país está al servicio de los criminales y no de los ciudadanos, probablemente no sea el único espacio de control y soborno donde los narcotraficantes están ganando espacio.
Las declaraciones que antaño resultaban inverosímiles se han comprobado mediante múltiples investigaciones, dejando ver que además de los sobornos se logró un enriquecimiento ilícito mediante el modus operandi favorito también del sexenio de Enrique Peña Nieto, las empresas fantasma y contratos triangulados que sirven para que los recursos públicos terminen en cuentas de quienes están en el poder, práctica tan conocida que aún en algunos espacios sigue vigente, pues las licitaciones siguen favoreciendo a los allegados de gobernantes en turno.
La condena de Genaro García Luna puede ir desde 20 años en prisión hasta la cadena perpetua, a lo cual considerando toda la información que puede brindar quizás se sume una nueva oportunidad de negociación como las que se le presentaron desde su detención, mismas que rechazó confiando en que podrían declararlo inocente. Ahora con la sentencia encima tendrá que replantear su postura. Tras la sentencia vendrán otras preguntas, si el entonces Secretario de Seguridad era tan cercano a los criminales, ¿Quién más tenía estos nexos?, ¿Por qué si se sabía de los vínculos no se le pedía la renuncia? Tal como ocurrió con El Chapo, comenzarán a verse nuevas redes que pongan en la mira a otros personajes.
Mientras tanto el costo a pagar también es político, si de por sí la oposición no se vislumbra en estos momentos, este veredicto sólo fortalece al gobierno en turno, sin dejar de lado que también en la actualidad habría que poner especial atención desde lo local a quienes están gobernando nuestro País y Estados, pues si lo que se consideraban teorías resultaron ciertas, hoy en día también hay personajes en México que deben explicaciones de su enriquecimiento, su presencia en videos recibiendo maletines de dinero e incluso la cercanía que puedan tener con criminales.
La sombra sigue presente, ya que Genaro García Luna no operó solo y algunos de los personajes vinculados a él podrían estar al frente de la seguridad de ámbitos locales o estatales, ahora le toca al gobierno actual revisar quiénes podrían seguir ejerciendo su poder como vínculo de protección e información al crimen organizado, ya que esto también fue notorio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora no basta con discursos de pureza y compromiso, se requieren evidencias de que verdaderamente hay una lucha contra este sistema de corrupción y que esa lucha no sea únicamente del país vecino.