Por su relevancia para la transparencia y la rendición de cuentas, siempre es motivo de interés dar seguimiento a los informes que presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el mes de febrero de cada año.
En esta última entrega, relativa a la Cuenta Pública 2021 de manera global “señala que hay un probable daño al patrimonio público” por alrededor de 64 mil millones de pesos, cifra que no es nada despreciable ante la permanente escasez de recursos para hacer frente a las necesidades públicas.
Destacan los casos de SEGALMEX y DICONSA, en los que inclusive se ha llegado a la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y, en el caso de las entidades federativas, tal vez el más escandaloso es el de Michoacán. Pero en todo ese escenario, también figura Veracruz, con irregularidades por un monto cercano a los 3 mil millones de pesos, de los que hasta la fecha el Gobierno Estatal ha reintegrado apenas 16 millones. Los sectores con irregularidades son; Salud, el Saneamiento Financiero, el Poder Judicial del Estado y municipios como Emiliano Zapata, Fortín, Minatitlán, Orizaba, Tuxpan y Xalapa, entre otros.
Si bien pudiera decirse que no hay administración perfecta, también es cierto que en esa revisión practicada por la ASF, algunos Estados resultaron con recursos por aclarar con montos inferiores a los 100 mil pesos, como son Baja California Sur, Guanajuato, Tabasco y Yucatán, por lo que cabe preguntarse qué está pasando en esas entidades que pudieron comprobar la mayoría del gasto que les fue auditado y qué es lo que está faltando en la administración pública de Veracruz, que llevó a sus entidades públicas a no poder aclarar el destino de 3 mil millones de pesos en el año 2021.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, hace apenas un par de semanas resurgió en la agenda pública el tema de las asignaciones directas de contratos de adquisiciones de productos y servicios en dependencias del Poder Ejecutivo Local, situación que no tendría que ser materia de cuestionamiento público porque está prevista en la Ley, ¡ pero como excepción ! No obstante, según lo reportado por la propia Contraloría General del Estado de Veracruz, de casi los 41,962 contratos celebrados por el Gobierno del Estado de Veracruz el año pasado, 41,258 se entregaron por adjudicación directa, es decir 9 de cada diez se asignaron en forma directa a las personas físicas y morales, que a juicio de los servidores públicos “RESPONSABLES” de elaborar los dictámenes de adjudicación ofrecían las mejores condiciones al Estado en los productos y servicios requeridos.
De la información publicada no se cuenta con un concentrado de cuáles fueron las causales de excepción que más se aplicaron, porque la pandemia dejó de ser un argumento de desabasto de productos o de su encarecimiento ¿Será que no hay interés de los empresarios en venderle al Gobierno, o hay escasez de algunos productos o falta de capacidad suficiente y cultura de la legalidad para llevar a cabo los procedimientos de licitación pública?
Porque resulta difícil imaginar que, fuera de sectores muy especializados como en los ramos de la salud o la seguridad pública, no exista una mayor variedad de proveedores para venderle al gobierno papelería, artículos de limpieza, combustibles, llantas y toda clase de insumos para el funcionamiento de las dependencias.
Sin duda, algo está pasando o algo no se está haciendo en el sector público y es lo que hoy día hace que surja esta información a través de los informes que rinden instancias de control y fiscalización oficiales. Hace unos días mencionamos en nuestra columna una anécdota del Presidente Ruiz Cortines, en la que decía que el gobernante tiene dos cajones, uno en donde guarda los asuntos que le importan y otra en el que lanza al olvido los que no quiere resolver ¿ En cuál de esos cajones colocarán nuestras instituciones la situación que hemos reseñado en estas líneas apenas de forma general ?
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
El aumento al precio del peaje en autopistas federales, que incrementó en un 8 % desde el pasado día 7 de febrero como lo anuncio la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), parece que no incluyó la obligación para la conservación y el mantenimiento de las carreteras en el mismo porcentaje por parte de CAPUFE y CONCESIONARIOS. En Veracruz tenemos carreteras de las de mayor costo y elevadas en malas condiciones, y hasta peligrosas.
¡ ES CUANTO !