El evidente adelantamiento de campaña en torno al 2024, tengo la impresión que avecina implementar la tarea de blindaje electoral y en especial a los programas sociales.
El cumplimiento de la normatividad en materia electoral, creo debería llevar al árbitro (INE) de la contienda a empezar a desmantelar el más mínimo indicio de alteración del proceso próximo.
En este momento al ver lo que sucede en Estados de la República dónde ni siquiera habrá elección alguna, aparecen a diario descalificaciones y la exposición de hechos que obligan a los órganos autónomos en materia electoral junto con las contralorías en su conjunto (estatales y autónomas) ya procedan e inicien procesos sancionatorios.
Los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y cuando se exceden en el ejercicio de sus funciones y facultades violan la ley, así de claro.
Es un secreto a voces que servidores públicos han echado a andar el universo de la maquinaria en busca de apropiarse de los votos en las próximas elecciones y basta una mirada rápida a los programas sociales, y que muestra con claridad este hecho.
El 70% de los mexicanos reciben algún apoyo de gobierno, y como sabemos, llega a ellos respaldado por una red de “miles de personas que se denominan servidores de la nación”, y en realidad es toda una estructura de promoción del voto y después de movilización para sufragar.
Y quienes deben realizar la tarea de la medición, el control, la evaluación y ser el termómetro – Órganos Electorales y Contralorías – creo que ya deberían estar haciendo su chamba, pero creo que andan despistados.
No obstante lo anterior, las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes electorales están obligadas a hacer que las dependencias y todos los servidores públicos no incurran en actos proselitistas, ni en viables faltas administrativas y menos, en delitos electorales. Los servidores públicos no deben realizar ninguna entrega de apoyos, ni con “el disfraz social” que pueda parecer la vacunación Anti Covid.
La Secretaria de la Función Pública, las Contralorías de los Estados, Municipios y Organismos Autónomos poco o nada están haciendo al respecto para atajar los excesos y desvíos de recursos humanos, materiales, financieros y de todo tipo que vemos desfilar día a día, ojalá no se vayan a llevar sorpresas ciudadanas.
Un ejemplo palpable, la ley electoral establece que se deberá parar todo tipo de publicidad y propaganda institucional, excepto lo concerniente a educación, salud y protección civil, en caso de declaración de alguna emergencia; sin embargo, la actual administración tiene dos de los rubros a publicitar: el periodo de pre inscripciones escolares y la vacunación; a pesar de contar o no con vacunas, en el sector salud.
Debemos estar atentos a que no se violente la ley y que las autoridades encargadas de ello, hagan su trabajo.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Pareciera que ya hay una tregua entre la Comisión de Vigilancia del H. Congreso de Veracruz y el ORFIS. Y si ese es el mensaje en busca de promover la transparencia y rendición de cuentas, se debe reconocer y celebrar.
¡ ES CUANTO!