En el primer año de la actual administración, al término de un evento oficial un par de mujeres me abordaron. Había participado en una ponencia sobre la instrumentación del protocolo de acoso y hostigamiento sexual en instituciones gubernamentales –proceso que estaba impulsándose en todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales, ante la urgente necesidad de erradicar esa tan común forma de violencia en los espacios laborales que quedó desnudada luego de que el #MeToo sacara a la luz estas deleznables prácticas– y lo que me dijeron me dejó fría: ambas venían padeciendo un infierno de violencia laboral y sexual en la dependencia de gobierno en la que laboraban de parte de un sujeto que se ufanaba de ser cercano al gobernador de Veracruz.
Me pidieron acompañarlas en su proceso “porque nadie más se atrevía” y pese a que en ese momento yo era funcionaria todavía, caminé con ellas largamente en un infierno que aún no termina, porque el sujeto –entonces secretario particular de la titular de la Sedema– sí resultó ser del círculo cercano del gobernador, de la hoy titular de la Secretaría del Trabajo y de su hermana Magistrada, instancia en la que esa pesadilla sigue estando entrampada.
El valor y la determinación de Yael y de Julieta han sido mayores a las muchas trabas interpuestas. Primero dentro de la dependencia en donde fueron revictimizadas. Y luego por parte de la justicia, que sigue protegiendo a este acosador.
Su caso no es aislado
Una breve revisión de los múltiples acosos que se han hecho públicos en esta administración estatal rebasa por completo los límites que podrían situarlos como “casos aislados” y permiten dimensionar el amplio alcance de un delito recurrente entre la clase política que hoy gobierna.
Hemos sabido en estos años transcurridos de casos muy sonados en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación, en Salud y recientemente se “voló la barda” la revelación pública de una presunta red de favores sexuales en la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue negada rápidamente, sin una investigación interna que sustente ese dicho.
La propia Contralora General del Estado reconoció durante su comparecencia en diciembre pasado que en los primeros tres años de gobierno hay un registro de hasta 200 casos de acoso y hasta el momento han sido cesados apenas una veintena de funcionarios públicos, cifra nada significativa de acuerdo con la magnitud de denuncias que les ha sido canalizada, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿y los otros más de 150 casos en los que no se ha procedido contra los responsables? Seguramente sus víctimas siguen conviviendo con ellos en el mismo espacio laboral en donde una y otra vez se les refrenda que el poder político protege a los acosadores.
La semana pasada, dos hechos ocurridos relacionados con este tema han encendido los semáforos en forma particular.
El primero, es relativo a la denuncia presentada por una ex trabajadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres por acoso laboral y amenazas, hecho sumamente grave porque, ya de por sí, el IVM se ha convertido en el estandarte del desdén de este gobierno hacia las mujeres. No tan solo disminuyendo su actuar pese a la grave situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, sino que ya lleva cuatro años y todo pinta que llegará a seis sin renovar los consejos Consultivo y Social y sin emitir –con base en la ley– la convocatoria que lleve a nombrar una Directora al frente de ésta, que es la institución que las veracruzanas impulsamos para ejecutar la política pública en materia de mujeres en esta entidad.
Y claro, si en el IVM se violenta a las mujeres, ¿qué se puede esperar en el resto de la administración pública estatal?
El segundo de los hechos que sienta un precedente significativo en esta materia es la revocación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales electorales del estado en relación con la violencia ejercida por parte del Secretario de Gobierno hacia una diputada local.
Hasta hoy los órganos electorales habían estado determinando que en el Derecho Parlamentario no había violencia política, pero esta resolución redimensiona ese hecho y establece que el Derecho Parlamentario solo aplica a quienes son representantes populares y por tanto, quienes desempeñan una función pública externa al Congreso no están exceptuados de cumplir la ley.
El impacto que las violencias institucionales generan de parte de quienes considerando que el poder que tienen les permite acosar laboral o sexualmente o bien, violentar a mujeres, es la esencia misma que las leyes en la materia y sus instrumentos normativos –como los protocolos– buscan proteger: que ningún agresor sienta que el poder le protege.
Si al interior de las dependencias no se actúa con contundencia para combatir todas las formas de violencia, ¿con qué congruencia pueden intentar disminuir las violencias que se generan en la sociedad que gobiernan?
El ejemplo debe primero ponerse en casa. Y en ese renglón, aquí están reprobados.