En el gobierno que el pasado 2 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “ejemplar, sobre todo, lo subrayo, en lo que tiene que ver con la honestidad”, su gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó ayer que se han dado contratos por 100 millones de pesos a una prestanombre que trabaja en la Secretaría de Educación de Veracruz y que tiene un sueldo mensual de apenas 9,581.64 pesos, según la actualización de la nómina de la dependencia al 4 de septiembre de 2022, de la cual tiene una copia el columnista, en un claro acto de corrupción en el que necesariamente deben estar involucrados funcionarios de diversas secretarías. El pronunciamiento del presidente se dio el 2 de diciembre pasado durante su visita más reciente al puerto de Veracruz.
No obstante que existen copias de contratos entregados a Araly Rodríguez Vez (está registrada como maestra en una escuela de Cosoleacaque) desde el 13 de agosto de 2020, en forma sorprendente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confesó que gracias a los reporteros que cubren su fuente apenas se enteró de la entrega de los contratos (rebasan los 40), lo que resulta seriamente comprometedor tanto para él como para su gobierno, pues de entrada desvela que ignora lo que pasa en la administración a su cargo, que ninguno de sus colaboradores de las áreas encargadas de la fiscalización de recursos le informa, y que tiene que enterarse por los representantes de los medios.
Resulta sorprendente, además, porque desde noviembre-diciembre de 2021, en la comparecencia de los funcionarios del gobierno en el Congreso local, el diputado y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, denunció el caso, aunque fue totalmente ignorado, y en la Cuenta Pública 2020 el Orfis observó los contratos porque su objeto social no correspondía a la prestación de servicios o entrega de productos registrados.
Ayer, luego de la declaración del gobernador confirmando la veracidad de su denuncia e informando que se investiga a la mujer, Marlon demandó que se le obligue a que diga quién le presta el nombre y quién es el beneficiario final de esa entrega de contratos. Recordó que es la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, la responsable de mantener una supervisión ordenada sobre los organismos (contralorías) de control interno en las dependencias y quien debe salir ahora a informar lo que está sucediendo, con documentos en mano.
En su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador dijo que la empleada “no es fantasma, es real y en efecto tiene esos contratos y la estamos investigando. Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa”. Comentó que se le llamó y que confesó que no es dueña de la empresa, y aunque todo indica que se está ante un grave acto de corrupción, para nada mencionó que se investiga a los titulares de las dependencias que otorgaron los contratos, los secretarios de Salud y de Seguridad Pública, así como la directora general del DIF-Estatal. Desvió el problema a una posible evasión del pago de impuestos de la empresa o empresas involucradas.
Las anomalías saltan a la vista y es imposible que las nieguen. Por ejemplo, los contratos le han sido asignados a la mujer cuando apenas ha recibido su registro como proveedora en la Secretaría de Finanzas y Planeación o incluso antes de darse de alta en el SAT, o sea, ni siquiera es una empresaria constituida con antecedentes comerciales o empresariales, además de que no tiene capital que justifique sus supuestas inversiones para cumplir con sus compromisos, y su domicilio fiscal aparece en la colonia Higueras, de Xalapa, donde ni siquiera hay calles pavimentadas, lo que lleva al caso de que se trata de una empresa o empresas fantasma, similares a las que llevaron a la cárcel al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, aunque el gobernador negó que este sea el caso pues la mujer existe. Afirmó que en su gobierno no hay “cochupos ni arreglos, aquí es de frente contra la corrupción”.
En declaraciones al diario Reforma, hasta donde escaló el escándalo, Marlon Ramírez Marín advirtió que el de Rodríguez es un ejemplo de las irregularidades que desde el inicio de la actual administración se registran en la entidad en materia de contratos. Declaró que se han detectado Registros Federales de Contribuyentes de nueva creación y empresas que se conformaron a partir del inició del gobierno de Cuitláhuac García, en 2019, las cuales tienen el grueso de los contratos de obra pública.
Empresas fantasma, también en la SIOP
El anterior caso no sería el único. En “Prosa aprisa” del pasado 30 de noviembre, publiqué:
“El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez estaría repitiendo la práctica del de Javier Duarte de Ochoa de utilizar empresas con domicilios fiscales falsos para asignarles millonarios contratos de obras. Podría estarse ante un nuevo caso de empresas fantasma como el que tiene en prisión al exgobernador priista.
Lo anterior quedó evidenciado ayer durante la comparecencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, ante los diputados de la LXVI Legislatura, para glosar el cuarto informe de gobierno.
El diputado priista Marlon Ramírez Marín, vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, presentó imágenes de modestas viviendas de Xalapa, supuestos domicilios fiscales de dos empresas donde nunca han existido.
Las imágenes hacen recordar las que documentaron y exhibieron en 2016 los reporteros Arturo Ángel y Víctor Hugo Arteaga en el portal ANIMAL POLITICO que detonaron el escándalo que dio pie a la investigación que llevó a la cárcel a Duarte.
Las supuestas empresas son LMN Constructores Asociados, S.A. de C. V., constituida en Coatzacoalcos, inscrita apenas el 9 de junio de 2020 en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, y PBA & Civiles y Asociados, S.A. de C.V., constituida el 2 de marzo de 2019 en Coatzacoalcos e inscrita en el Registro Público de Comercio el 19 de marzo de 2019 en Minatitlán.
Pero, además, registraron un domicilio fiscal para recibir notificaciones en Xalapa, en Andador 1, Casa 2, de la colonia José María Morelos (El Sumidero) donde, de acuerdo a información obtenida por el columnista, habita una adulta mayor (ronda los 80 años) que asegura que en su casa nunca ha funcionado ninguna empresa y no tiene la menor idea del tema.
Además, Marlon mostró un contrato de obra por 11.5 millones de pesos que la dependencia le entregó a una persona física de nombre Víctor Manuel López Sandria, de 27 años, quien a su vez nombró a un apoderado legal de nombre José Octavio Méndez Morales, y recordó que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado, se requiere experiencia suficiente para llevar a cabo las obras”.
Sorprendió interés de Cuitláhuac
Resultó sorprendente ayer la reacción del gobernador, pues había ignorando la situación que se da en su gobierno. La confirmación de la entrega de los contratos en forma anómala puede ser indicio de que obtuvo información de que su gobierno está siendo investigado por las autoridades fiscales y financieras del gobierno federal y trata de adelantarse para evitar cualquier responsabilidad que lo involucre en una denuncia ante la Fiscalía General de la República.