El Poder Judicial en México muestra un retraso en todas sus actividades y también en la responsabilidad que le corresponde ejecutar.
Podría decirse que el Poder Judicial en México acaba de nacer en cuanto a su independencia, porque apenas empieza a desprenderse de su dependencia con el Poder Ejecutivo, que era el encargado de impartir justicia en México. Desde sus espacios de poder fabricaba delincuentes y dejaba en libertad a los delincuentes como podemos observarlo ahora en las reseñas del juicio contra el ex secretario de Seguridad Púbica Genaro García Luna.
La sensación que deja en los mexicanos sobre la complicidad entre todas las fuerzas del poder político, Judicial y es que hay mucho que hacer en materia de justicia y legalidad en México. No en vano se propone, desde diferentes ángulos de la sociedad mexicana que todos los puestos del Poder Judicial sean cargos de elección popular para democratizar los Poderes de la Unión, porque ese poder es el único que la población no escoge sino que es designación por dedazo.
Ante este panorama la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, anunció que quiere combatir la corrupción, a lo que Jefe del Ejecutivo dijo que empiece con el Poder Judicial en donde “tiene bastante trabajo”.
Porque la ministra habló de retomar el viejo esquema del Sistema Nacional Anticorrupción del sexenio de Peña Nieto, como una muestra de la visión hacia el pasado que tienen algunos ministros de la Corte en México.
El Sistema Nacional Anticorrupción, que fue creado tras una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, es una instancia que coordina a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Dicho sistema, como lo hemos visto todos, nunca funcionó. Fue una de las banderas más publicitadas del sexenio anterior.
En realidad, la simple mención de la ministra Norma Piña no sólo pareciera una expresión de nostalgia sino una provocación, como si algo debiera aprender el presente del pasado cuando fue precisamente la corrupción que caracterizó a muchas de las administraciones públicas.
De ahí que la respuesta de López Obrador haya sido no sólo orientadora sino contundente al señalar que en el Poder Judicial “están metidos los conservadores”, como en el caso del plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, “ahí están metidos todos”, la UNAM, los periodistas, conservadores e “intelectuales alcahuetes” del régimen corrupto.
El Presidente no tiene en sus planes reunirse con ella próximamente, pues “no tenemos ninguna necesidad. No hay ningún acuerdo a tratar”, subrayo, dejando en claro que cada quien tiene sus responsabilidades que son independientes. Mencionó que hay mucho rezago que desde luego dejó entrever como una prioridad y puso como ejemplo el tema que se trata con la Corte es el de Ayotzinapa, donde los jueces que absuelven a presuntos delincuentes.
Desde luego que no se trata únicamente de presiones e impunidades sino de una seria violación a los derechos humanos donde las víctimas, mexicanos de carne y hueso no encuentran la amera de hacer justicia ante tantos abusos de quienes debieron imponer la legalidad.
El Poder Judicial mostraba su vocación de ilegalidad y su inclinación por la injusticia. Lo sigue haciendo, su adicción al poder y su estrecha relación con el Poder Ejecutivo enfermó del poder a todos sus integrantes en todos sus niveles. Porque por muchos años el Poder Judicial hizo el trabajo sucio del Ejecutivo creando leyes para encarcelar a los enemigos políticos.
Todavía en algunos lugares del país sucede esto, ante la vista de todos y con una total impunidad, creando figuras que en el pasado eran normales y que no han acabado de morir; desde luego, no toda la culpa es de los miembros del poder Judicial, porque los mandatarios estatales llevar una responsabilidad preponderante, a grado tal de convertir a sus enemigos en presos políticos, figura que, según cifras oficiales y cálculos presidenciales, ya no existe en ningún penal del territorio nacional.
Tenemos el caso de Rogelio Franco Castán, que le dio nombre a la Ley Franco, por haberse desempolvado de la derogación los ultrajes a la autoridad, ley que volvió a la vida por obra y gracia del ejecutivo estatal, y con la anuencia o indiferencia de autoridades de mayor nivel.
Quien fuera líder estatal del PRD en Veracruz, secretario de Gobierno en la entidad, leal perredista de toda la vida, fue compañero de López Obrador en sus filas y lo acompañó al bloqueo de Avenida Reforma, en 2006, tuvo la osadía de no salirse de ese partido para ingresar a Morena y no sólo eso sino obtener la candidatura de una diputación federal. Ante tal “falta de respeto” le enviaron unos policías para detenerlo y acusarlo de que, en el momento de su aprehensión, le rompió la camisa a uno de los uniformados. No podía, en ese momento detenerlo por otra causa, ya que ante el delito que les le imputaba de maltrato familiar portaba un amparo que lo libraba de toda detención por estar en proceso su caso.
Desde ese día de marzo de 2021 hasta la fecha Rogelio Franco está preso en el Penal de La Toma, en Amatlán, Veracruz. Ahí dentro le han sumado cargos, delitos, complicidades y todas las ha librado por la vía legal, de la manera que debiera estar libre porque nunca ha sido sentenciado debido a los retrasos que los elementos del Poder Judicial interponen como pretextos para mantenerlo en prisión.
A esto no puede llamársele de otra manera que preso político. Todo porque el Poder Judicial sigue dependiendo del ejecutivo en los estados, en lugar de ponerse a trabajar y sacar adelante los rezagos de miles de casos de inocentes que están en la cárcel y de delincuentes que gozan de su libertad.
PEGA Y CORRE
De nuevo hubo un atentado contra el periodista, Rubén Darío Cruz en Cancún, Quintana Roo, reportero de Por Esto, atacado a balazos cuando viajaba a bordo de un vehículo. El comunicador se encuentra registrado ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resultó ileso pero indefenso.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes