La denuncia púbica de una mujer condenada a 50 años de prisión por abortar, luego de ser violada por el comisario de Chilapa, Guerrero, es una muestra de cómo se aplica la justicia en México. Sin importar si está lejos o cerca del centro del país, las violaciones a las leyes empiezan a cometerse principalmente por los encargados de administrar la justicia.
Es común escuchar decir al Presidente que los conservadores viven en una esfera de cristal de la que no salen porque no tienen contacto con el pueblo; sin embargo, la complejidad de la realidad en México impide que una sola persona conozca la totalidad de los conflictos. En primer lugar, porque los colaboradores no informan todo al Presidente. La jerarquización de los problemas obedece a la visión personal de quienes le informan y, sobre todo, de sus intereses, en la mayor parte en cuestiones electorales.
Ante esta realidad, donde le vendan los ojos al Presidente, es para crear puntos negros, sobre todo en la impartición de justicia, donde, si bien el Poder Judicial es un poder paralelo y similar; el propio López Obrador confesó, en esa misma denuncia, que tiene una buena relación.
Ya no son tiempos en los que el Legislativo y el Judicial estén bajo el mando del Ejecutivo, pero ante el país y el mundo, los tres poderes representan una misma imagen. Son partes de un todo que debe ser congruente uno con el otro. No puede avanzar un poder más allá que el resto, y esto es lo que, lamentablemente, sucede en México, donde el Poder Judicial, es el principal ejecutor de ilegalidades e injusticias.
Aquí el problema radica en que quieren levantar el vuelo, pero el lastre del resto de los poderes se lo impiden, porque la justicia es el tema más rezagado en la política y la administración pública el país. Mientras el Presidente habla acerca de la justicia en México, el Poder Judicial fabrica delincuentes como siempre lo ha hecho, se trata de una tradición que no puede terminar en esos espacios de la administración púbica, donde el propio Presidente asegura que hay una buena relación, lo cual lo convierte en cómplice solidario de las acciones o las omisiones de la justicia, como el caso arriba denunciado.
Para nadie es un secreto que en algunos estados de la República son los gobernadores los que sugieren, escogen y designan a sus fiscales generales y les dan órdenes, tanto así que llegan a tener presos políticos en sus penales. Es decir, el Poder Judicial no es sólo la Suprema Corte o los magistrados de la capital, sino toda una serie de personajes que en el anonimato que les permite su cargo en el interior del país, están no sólo bajo las órdenes de los gobernadores y sus secretarios de gobierno, sino que llega a pensarse que reciben órdenes de más arriba.
Un poco el engaño al Presidente, otro poco la falta de interés de éste, por conocer más allá de los que dicen los medios y otro que las costumbres hacen vicios y tardan en erradicarse. Debe haber justicia para todos, pero para todos sin excepción.
PEGA Y CORRE
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk convocó a las autoridades mexicanas a proteger a los periodistas de las agresiones que sufren y comentó que no necesitan más ataques de las mismas autoridades. Dijo que las autoridades mexicanas no son capaces de brindar dicha seguridad.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes