En el control de daños del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la contralora general del Estado deberá explicar por qué en su dependencia existen aviadores en nómina detectados en el 2021, pero además, algunos ni sabían que estaban como empleados de esta dependencia y alguien cobra sus cheques, falsifican las firmas y ocultan sus datos personales para colocarlos como empleados fantasmas. En esta entrega daremos a conocer información sustentable de cómo operan y también explica cómo Mercedes Santoyo Domínguez tiene uno de los mejores negocios al autorizar esta práctica fraudulenta de abultar la nómina con aviadores. Les cuento a las y los inteligentes lectores.
Una de las operadoras es Margarita Orozco, a quien la conocen como Maggie Orozco en redes sociales y es quien recluta a personas para que se presten como aviadores en la Contraloría General del Estado. Ella maneja un coche marca Jetta del año y se reporta con una tal “Paty”. Su modus operandi es que gente interna de la SHCP los dan de alta en el SAT, presentan declaraciones y hasta movimientos fiscales, sin que la o el titular lo haga. Los cheques de nómina los cobra Maggie Orozco y les da el dinero de la parte que les toca y entrega los sobres afuera de la sucursal bancaria. Ella es quien recluta a la gente, hace los contratos laborales y hasta te gestiona la “efirma” ante el SAT.
En un documento “Confidencial”, con fecha 11 de marzo del 2022, el área de la Unidad Administrativa se blinda ocultando información para colocarla como “clasificada” y borrar la nacionalidad, así como datos personales como el RFC y domicilio fiscal de quienes firmaron contratos de prestaciones de servicios, bajo la responsabilidad del titular Alfonso Sánchez García con personas que se han detectado ser aviadores en la Contraloría General del Estado en el 2021.
Uno de ellos con el número 5ME/CG/UA/DRH/024.2/2021 aparece el nombre de Vianey Gómez Olmedo, como prestadora de servicios y tener el cargo de “Supervisora Fiscal”. En el contrato se aprecia haber borrado su nacionalidad y acredita el título de Licenciada en Derecho, emitido por la Universidad Euro Hispanoamericana. Presentó su presunta constancia en el SAT con el Régimen Fiscal de Personas con Actividades Empresariales y Profesionales, borrando el RFC. También se borra su domicilio fiscal, presuntamente para proteger los datos personales. El pago por sus servicios profesionales es por la cantidad de $42 mil pesos, en dos pagos. El contrato tiene vigencia del 1º de marzo al 30 de abril, sin especificar puntualmente cuáles serían sus encargos o servicios.
Al final del contrato se observan las rúbricas del titular de la Unidad Administrativa Alfonso Sánchez García y la prestadora de servicios Vianey Gómez Olmedo, así como Enma Patricia García Rodríguez como la entonces encargada del órgano Interno en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Extraño, no creen?
Lo mismo ocurrió el 25 de octubre del 2021, la misma Unidad Administrativa realizó el trámite para la información reservada o confidencial, eliminando el renglón correspondiente a datos personales como la nacionalidad, su RFC y domicilio particular, como fue el caso de Rafael Antonio Rodríguez Morales como “Prestador de Servicios”.
Con el contrato 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021 se revela que Rafael Antonio Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en Administración de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública, además, presentar Constancia de Situación Fiscal Empresariales y Profesionales expedida por el SAT. Se borró su nacionalidad, RFC y domicilio fiscal. Los servicios profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el cargo y su encomienda son “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto en etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con ellas, aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos estatales”, entre otras encomiendas sin el perfil adecuado.
El pago fue de $42 mil pesos y el contrato es del 07 de julio al 30 de agosto del 2021. Rafael Antonio Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato mostrando dificultad para hacerlo, ya que le falsificaron la firma. Las rúbricas se muestran de Alfonso Sánchez García, Rafael Antonio Rodríguez Morales y la encargada del Órgano Interno Enma Patricia García Rodríguez.
Con estos dos ejemplos, sobresale el caso de Rafael Antonio Rodríguez Morales, pues esta persona se encuentra en Estados Unidos y se asegura que él nunca prestó servicios en esa dependencia, ni realizó trámites y Constancia ante el SAT para trabajar en la Contraloría General del Estado. Y él está dispuesto a entregar una declaración si se realiza una investigación a fondo, comprobándose que en la Contraloría General del Estado se realizan fraudes, abusos de poder y sobre todo, actos de corrupción.
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