La seguridad es un tema que se ha abordado en todas las tribunas del país, se culpa a unos y otros, lo cierto es que su ejecución se ubica en el Poder Judicial, donde desde el policía hasta el juez, pasando por el Ministerio Público, actúan de manera poco transparente.
En la conferencia matutina del Presidente de la República se trató el tema de manera central, en medio de las contradicciones al respecto del Poder Judicial, que pareciera ser el más rezagado de los tres Poderes de la Unión.
La cárcel, el último reducto de la práctica jurídica está putrefacta. Hay, como se dijo en dicha conferencia, presos sin delito y delincuentes sin castigo. Se ventiló el ejemplo de un joven detenido sin delito de por medio, en la garita de Colombia, Nuevo León, a quien se le pide que reconozca su culpabilidad para que pueda salir a la mitad de su condena de 30 años.
Remitir a la cárcel a una persona se ha convertido en el final de la responsabilidad del Poder Judicial. Es decir, si la persona, culpable o inocente, se encuentra en recluida en un penal, la tarea de los miembros del Poder Judicial está terminada. De tal manera que el rezago no sólo crece sino que se cometen injusticias porque más de la mitad de las personas, hombres y mujeres, en los reclusorios carecen de juicio. Hay presos que por motivo de conciencia ocupan cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional.
Esto quiere decir que las personas que están presas pueden pasarse el resto de sus vidas en una celda como si hubieran cometido un delito y nadie es capaz de detener esa injustica. Nadie desconoce la autonomía de los poderes, pero la responsabilidad del Presidente de la República le otorga facultades para obligar o destituir magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hiciera Ernesto Zedillo a los pocos días de haber entrado a la Presidencia de la República.
Zedillo llegó a la Presidencia en diciembre de 1994 y el último día de ese año, el 31 de diciembre, fue publicada en el Diario Oficial una reforma que aprobó el Congreso, entonces de mayoría priista, para reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte. Y no pasó nada.
Este impedimento que sería un paso determinante en la administración de justicia en México puede deberse a la presión que ha ejercido la oposición al criticar toda disposición de gobierno y una medida de esta magnitud sería calificada por los partidos como un acto de autoritarismo a pesar de ser un acto de justicia.
El temor a actuar de acuerdo con la sensibilidad política que requiere la Presidencia de la República debe abandonar posturas electorales y temores de sucesión para impulsar un mayor humanismo en la indiferencia de un Poder Judicial que simplemente no trabaja. Se ha advertido al jefe del ejecutivo sobre la pasividad del Poder Judicial, su inoperancia, su negligencia y nadie hace nada.
Si el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de aplicar la ley sobre jueces y magistrados debe hacerlo, de otra manera no sólo la Cuarta Transformación estaría incompleta, sino que mermaría las simpatías de un proyecto que debió, desde el principio, pensar en la justicia.
Existen constantes críticas al gobierno federal por mantener el control de todo, incluso han culpado al Presidente de invadir otros poderes. De ahí que imponer justicia no alborotaría más de lo que está, a los miembros de una oposición, que haga lo que haga y diga lo que diga no crece ni hace daño.
Debe revisarse cada caso en todo el país. La austeridad pareciera aumentar la corrupción y la negligencia, en lugar de optimizar su tarea esencial. En Veracruz, hay presos políticos de este y anteriores sexenios y pareciera que desde el momento en que pisan la cárcel desaparecen, aunque para sus familiares aumente la angustia una situación que debió sentir más de un miembro del actual gobierno que sin duda fueron perseguidos, encarcelados y en muchos casos torturados; sin embargo, esa situación que ellos vivieron se repite en su mandato y no hay posibilidad de convencerlos de que volteen a ver esta tragedia.
Hay mucho trabajo en las cárceles de todo el país para quienes se dicen defensores de la justicia. En Veracruz, desde sexenios anteriores hay presos políticos, en esta administración ha habido encarcelamientos que con el pretexto de aplicar una ley caduca se violan los derechos humanos.
Cuando un medicamento caduco se ingiere hace mal a todo el organismo, al mismo tiempo que habla mal de la capacidad de quien lo prescribió. Lo mismo sucedió en Veracruz, cuando se intentó revivir la ley de Ultrajes a la autoridad que afectó directamente a los contrincantes políticos y descompuso el gobierno de la entidad al revivir una ley que había caducado por autoritaria y violatoria a la integridad de los seres humanos. Dentro de esta medicina de castigo a los que piensan diferente hay muchos políticos de todos los partidos, quienes estorban a los diferentes niveles de gobierno, sin excluir ninguno.
Hay casos emblemáticos de esta situación como el de Rogelio Franco Castán, a quien le aplicaron la llamada Ley Franco, ultrajes a la autoridad, a dos días de haberla revivido en el Congreso local, se le detuvo en marzo de 2021, lleva más año y medio preso sin juicio por el delito de ser candidato del PRD a una diputación federal. La consistencia ideológica de quien fuera líder estatal de ese partido y secretario de gobierno del estado de Veracruz de 2016 a 2018, crea temor ante la fragilidad en un poder estatal que camina con palos de ciego.
Hay presos por motivos políticos en Veracruz y otros estados, pero la incapacidad el Poder Judicial y el miedo del Poder ejecutivo para echar a andar la maquinaria de la justicia mantiene a inocentes en la cárcel y a delincuentes en la calle.
PEGA Y CORRE
Alejandra del Moral se perfila para ser candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, dejando atrás y con posibilidad de división en el tricolor, a Ana Lilia Herrera, favorita del Grupo Atlacomulco.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes