El 19 de agosto pasado, con el encabezado “Nada escapa, a ‘inteligencia’ militar”, comenté cómo militares de “inteligencia” tienen infiltrados donde quiera, registran todo lo que sucede en la actividad pública, nada se les escapa y reportan todo al mando central en la Ciudad de México. Hechos sucedidos a últimas fechas lo confirman.
Por ejemplo, a raíz de nuevas revelaciones del caso Ayotzinapa, salió a la luz pública que entre los estudiantes hoy desaparecidos estaba infiltrado un joven militar, a quien durante ocho meses prepararon para cumplir su tarea. También fue víctima y reprochan a sus mandos no haberlo salvado.
Pero hoy, otro caso, este de escándalo y de consecuencias imprevisibles para algunas autoridades del gobierno de Veracruz, acaba de confirmar que por mucho que los comandantes de las Fuerzas Armadas se sientan con frecuencia con las autoridades civiles en las llamadas “mesas de seguridad”, sus elementos no dejan de informar al alto mando lo que en realidad está sucediendo en materia de seguridad.
Entre los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por la organización Guacamaya Leaks, surgieron revelaciones de que supuestamente el Gobierno de Veracruz apoyó la entrada de un cártel criminal a la entidad.
De ello habría reportado un mayor del Ejército a los comandantes de las regiones militares 6/a, 19/a, 26/a y 29/a, son sedes en La Boticaria, Veracruz (ahí estaba antes de ser cambiada a Puebla), Tuxpan, El Lencero (Xalapa) y Minatitlán, entre otros mandos de la Sedena.
La llegada del cártel habría coincidido con el arribo del gobierno actual, y, de acuerdo al reporte, ello habría provocado la violencia que se ha dado en el sur del estado y que las autoridades del gobierno del estado han venido negando o minimizando sistemáticamente.
A las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, salvo excepciones, acuden el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno Eric Cisneros, la fiscal Verónica Hernández Giadáns y el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez, así como funcionarios del Ejército y la Marina, principalmente.
Nunca se celebran en la misma sede, se rotan por todo el estado, no construyen la paz que desean los veracruzanos y en el caso de las autoridades civiles solo sirven para que presuman en sus cuentas de las redes sociales que se reúnen y que están trabajando por la paz y la tranquilidad, cuando en realidad solo hacen como que hacen porque la violencia y la inseguridad no paran.
Con lo expuesto por la infiltración que hicieron los guacamayos a la Sedena, me imagino que los representantes militares escuchan con atención y respeto, como les es propio, los reportes de Verónica y de Hugo y los comentarios optimistas, las cuentas alegres de sus jefes, pero no les creen nada porque, ellos sí, tienen otros datos.
El señalamiento del mayor que dio el reporte lo hizo público el diario El Universal, y la revelación pone en entredicho al gobierno cuitlahuista y lo coloca bajo sospecha.
A mí que me registren, reacciona Cuitláhuac
Ayer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reaccionó pidiendo que se le investigue, que se le investiguen sus cuentas bancarias, así como la de sus familiares, aseguró que en el estado no opera el cártel que se mencionó en la filtración, pero que si llegaran a venir, por muy “súperdiablos” que sean los parará en seco, defendió a Hugo Gutiérrez Maldonado y advirtió que si algún funcionario es sorprendido trabajando con los malosos lo pondrá en la cárcel, o sea, para decirlo en palabras de Javier Duarte de Ochoa, aquí no pasa nada, así de simple y sencillo.
Amparos a detenidos exhiben trabajo chambón de la Fiscal
Una nota bien documentada de la reportera Isabel Ortega da cuenta que de junio a la fecha “una decena de ciudadanos”, en su mayoría políticos de oposición, recobraron su libertad luego de que jueces desestimaron las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
La señora Verónica Hernández Giadáns es, sin duda, la funcionaria de la actual administración con las peores notas de calificación, que creo estar seguro que en otro gobierno desde hace mucho ya la hubieran despedido.
Para su fortuna y para desgracia de los veracruzanos goza del respaldo de su jefe el gobernador, quien trata de justificarla descalificando a otras autoridades impartidoras de justicia, y tal vez lograría darle el beneficio de la duda si no fueran muchos los casos en los que jueces federales le han dado palo porque sus averiguaciones no solo están mal integradas sino porque no presenta pruebas de sus acusaciones.
Para tratar de cubrir su ineficacia acude al abuso y a la arbitrariedad e inventa delitos, como en los casos de Rogelio Franco Castán y Tito Delfín Cano, ambos políticos, a quienes, no obstante que la justicia federal los ha absuelto y ordenado su libertad, los retiene con acusaciones baladís.
Isabel Ortega, de E-Consulta Veracruz, hace un recuento de quienes ya han sido liberados por falta de pruebas: José Manuel del Río Virgen, Pasiano Rueda Canseco, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Roberto Trinidad de la Cruz, Casto Emilio Hernández Sánchez, Ana Laura Rosas Rodríguez, Ramón Ortiz Cisneros, y antes que ellos seis jóvenes en cuyos casos se demostró con pruebas contundentes que eran inocentes de los cargos que les imputaban, aunque hay más detenidos a los que tampoco se les puede probar nada.
Nunca antes en la historia de la procuración de justicia en Veracruz hubo un fiscal, hombre o mujer, que exhibiera tanta pobreza profesional y tanta arbitrariedad y abuso.
De nuevo, médicos cubanos en Veracruz
La delegación Veracruz Sur, del IMSS, informó ayer que dio la bienvenida a cuatro médicos cubanos, de los contratados por el gobierno de López Obrador, que fueron adscritos al hospital de Zongolica.
Los recibió la titular de la delegación, doctora María Magdalena Chiquito Rivera, y ojalá y de veras sean facultativos que sepan y que sirvan, pues en el anterior numeroso grupo que contrató el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez cuando estaba en su apogeo la pandemia de Covid-19, muchos nunca demostraron la calidad de la que vendían precedidos y de plano tuvieron miedo a entrarle a la pandemia.
Esto lo afirmo con base en testimonios directos de profesionales de la medicina allegados a mí, adscritos a hospitales del estado, quienes me narraron cómo no tenían ni idea de lo que era la enfermedad y además tenían miedo a contagiarse, por lo que los mexicanos tuvieron que sacarles el trabajo.
No soy de la opinión de que debemos rechazarlos por sistema. Pienso que si vienen a ayudar a mejorar las condiciones de salud de la población serrana, como en este caso, deben ser bienvenidos y bien tratados. Pero habrá que ver su trabajo y sus resultados.
Quién sabe por cuánto tiempo vienen contratados, y si no resultan ser lo que dicen, al menos que enseñen a los habitantes de la sierra a mover las maracas, a tocar el tresillo cubano, a darle al bongó y a las tumbas, y en una de esas surge en Zongolica un buen grupo musical de son montuno.
Los vendedores del malecón
Defiendo el derecho de las personas a ganarse la vida honradamente como puedan, como, por ejemplo, vendedores ambulantes, aunque creo que debe buscárseles espacios en los que no causen alguna afectación.
Ahora que temporalmente estoy viviendo en Veracruz, el primer domingo que llegué pude observar cómo cientos (se habla de 500) tienen totalmente invadido el paseo del malecón, que, para mí, perdió de ese modo su atractivo visual, su encanto.
Convirtieron el malecón en un tianguis por el que ya no es fácil transitar con soltura, de tan abarrotado que está de puestos. Sin duda, deben ser un buen negocio para alguien, por lo que pagan por sus permisos, y carne de cañón para tenerlos cautivos porque significan votos, pero pierde la imagen del puerto.
Qué lástima.