Todavía medio siglo atrás en México los jueces andaban armados, ahora algunos de ellos han entrado a la civilidad y otros, afortunadamente una minoría, no requieren de herramientas violentas porque sus propios protegidos los resguardan.
Los jueces son el eje de la justicia y el garante de la legalidad; sin embargo, en México son quienes han impulsado la impunidad hasta institucionalizarla. Desde amparos con significados partidistas y eminentemente políticos hasta fallos de sospechosa causa y evidente contubernio.
Desde hace muchos años la necesidad de transformar el Poder Judicial es urgente, los excesos de sus protagonistas crean un reclamo popular generalizado, dicho descontento no distingue partidos o corrientes políticas, simplemente se sabe que hay algunos que tuercen el derecho y alientan la delincuencia, sobre todo para infractores de cuello blanco que encuentran su libertad gracias a la flexibilidad y poca honestidad de sus juzgadores.
Porque en México la mayoría de los reos en los reclusorios del país no están juzgados, algunos se pasan la vida esperando un proceso, otros más son inocentes, pero son contados de los presos que no son pobres. Los ricos encarcelados gozan, ahora y siempre, de una vida de confort dentro de los diferentes reclusorios.
Los jueces y los directores de algunos reclusorios tienen precio en nuestro país.
En México la pobreza es un delito fácil de señalar y encarcelar, aunque se carezca de evidencias, y esto tiene que ver con algunos jueces que lejos de atender los rezagos de la justicia prefieren ser selectivos con los casos que abordan y prefieren a los que pueden dejarles un dinero extra. Esto implica a delincuentes de altos vuelos y funcionarios públicos de buen nivel, por lo regular.
MEJÍA BERDEJA Y LOS JUECES
Ahora el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, y posible candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila nombró a varios jueces que están implicados en fallar a favor de delincuentes de ellos.
En ese contexto citó el caso del amparo en revisión que la Corte va a resolver, promovido por Brandon Alexis ‘N’ y Alejandro ‘N’, hermano y tío de Óscar Andrés, alías ‘el Lunares’, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito.
Señaló al respecto el funcionario: “Que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad”.
Entre otros jueces señalo el caso de los “montadeudas”, donde el juez Juan Pablo Gómez Fierro, “ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular, autorizó innumerables suspensiones provisionales para no aplicar esta ley. Finalmente, la Corte, hay que decirlo, invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales”.
Sobre el presunto secuestrador conocido como ‘el Fantasma’, Rafael ‘N’, que se presume es integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, expuso que “fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico”.
Nombró también al juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, de quien dice determinó no vincular a proceso penal al secuestrador “El Fantasma”, Rafael N, presunto integrante del Cártel de Jalisco.
Citó al juez Carlos Gallegos Arellano, de Colima, y lo responsabilizó de otorgar la libertad de Jorge ‘N’, alias ‘el Mesta’, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula.
Mejía Berdeja también señaló al juez Marco Antonio Ordorica, del Juzgado 2º de lo Penal del Distrito de Bravos, en Chilpancingo, Guerrero, quien aseguró que ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. También nombró está la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez, en Baja California, porque “en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas con armas de uso exclusivo del Ejército o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó que era ilegal la detención que hicieron porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos y, finalmente, les concedió la libertad a estos sujetos”.
Seguramente dejó para después otros nombres, de quienes seguramente en este momento están esperando no ser exhibidos; sin embargo, dar a conocerlos implica también servir de promotores de sus servicios. Se trata de acusarlos con dispositivos legales para su detención o sanción, pero al sólo ser enunciados puede interpretarse cm si se estuvieran ofreciendo sus servicios para que los delincuentes que buscan un juez que les otorgue la libertad a pesar de ser culpables, pueda exonerarlos.
Se trata, en su mayoría, de delitos graves, de no ser así no serían atractivos esos clientes para esos jueces. Fraudes, desfalcos, desvíos, secuestros, amparos al mayoreo, tráfico de drogas, tráfico de armas, facturación ilícita, entre otros con importantes ganancias económicas, tantas como para compartir con los jueces y no quedarse pobres.
Esto sin contar los amparos que llovieron sobre mojado desde que el gobierno federal decidió cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco hasta la construcción del tren Maya, obstaculizando el desarrollo y encareciendo las obras por las suspensiones a causa de estas figuras muchas veces con fallos comprados. Es decir, sacrificando el dinero del pueblo a causa de amparos que serían resueltos tarde o temprano. Amparos con los que la población del lugar nunca estuvo de acuerdo.
En total, se presentaron 79 juicios de amparo contra la cancelación del proyecto en Texcoco y aunque la mayoría se resolvieron en los primeros dos años, en el último la cifra cayó a cuatro. Uno de los principales jueces a los que la oposición acudió a administrar los amparos contra esa obra fue el Juez décimo de Distrito con sede en el Estado de México.
En este sexenio los amparos se convirtieron en toda una industria redituable para los jueces corruptos.
Por su parte, el juez Adrián Novelo, concedió la primera suspensión contra el Tren Maya en el distrito con sede en Yucatán, resolvió el amparo 923/2022, interpuesto por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, manejado por la oposición y los intereses en la zona, a fin de frenar las obras del Tramo 5.
Quintana Roo, Campeche y la península en su totalidad es un lugar conflictivo a la hora de definir la honestidad de los jueces, porque hay casos en los que en la entidad que ahora gobierna Mara Lezama hay jueces que otorgan propiedad a predios robados, con una impunidad que sólo el dinero en grandes cantidades puede explicar.
Es hora de hacer que los jueces sean justos, porque el Estado de Derecho no puede existir mientras haya fallos subastados al mejor postor, son tantos y tan ocultos que no se sabe dónde buscarlos, pero es evidente que existen. Por muy exhaustiva que sea la investigación sobre esta práctica, debe haber también una denuncia pública anónima, seria y segura, de otra manera se estaría sólo avisando la ubicación de jueces que pueden hacer buenos servicios a los delincuentes. Sin justicia no hay democracia.
PEGA Y CORRE
A un mes de la tragedia, la FGR obtuvo tres órdenes de detención contra quienes resulten responsables de dirigir, administrar y explotar ilícitamente la mina de carbón “El Pinabete”, donde permanecen atrapados 10 mineros tras su inundación. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes