Las condiciones laborales de los mineros en el país son lamentables. Desde la Colonia los mineros son vistos como esclavos porque en las regiones mineras el único medio de sobrevivencia es la extracción de metales y de no trabajar bajo tierra deben migrar con sus familias y dejar su casa, tierra y pertenencias.
Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Nueva Rosita, Progreso y Juárez, conforman la región carbonífera del estado. En esta zona se extrae fluorita, celestita, estroncio, y principalmente, carbón mineral.
Desde esa época las minas están en manos extranjeras y de patrones que descuidan la seguridad de sus trabajadores porque les cuesta más remover los escombros en un derrumbe que indemnizar a las familias de las víctimas.
La región carbonífera de Coahuila, es un área pobre con apenas puestos de trabajo fuera de los túneles, donde se extrae el 99% de carbón de México. Unas 3,000 familias dependen directamente de su explotación, y otras 11,000 de empleos indirectos.
Este es el caso de la mina de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores el 3 de agosto por la tarde, en una mina de carbón cuando se toparon con una mina antigua que estaba llena de agua y que, al venirse abajo, provocó la inundación.
Deberán esperar los rescatistas hasta que los pozos bajen su nivel de agua baja, pero todavía se encuentra entre los 10 y 16 metros.
Hay 140 elementos federales del Gobierno de México, así como 52 personas representantes del Gobierno de Coahuila, 38 elementos de dependencias municipales y 39 elementos de 5 organizaciones no especificadas tratando de salvar a los mineros.
Desde luego, que los grupos disidentes organizados retomaron su política carroñera del incidente para politizarlo, y ahora quieren convertir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en rescatista porque le reclaman que no acudió al lugar de los hechos. Lugar en donde estuvo presente el Presidente de la República el fin de semana pasado.
En esa ocasión fue abordado por una mujer que le reclamó que sólo iba a tomarse la foto, y aprovechar el dolor de los familiares de las víctimas, cuando el Jefe del Ejecutivo, en realidad, esquivó en varias ocasiones los reflectores y cámaras de los medios.
Sin embargo, la señora, quien no tiene un solo familiar trabajando en la mina, fue la que reclamó y quien posteriormente fuera identificada como parte de un grupo de priistas en Coahuila.
A la oposición no le importó el hecho de que el desastre tenga como causa principal de origen la concesión otorgada por el ex presidente Vicente Fox, simplemente acusa de manera instintiva todo. Así, una vez que fue el Presidente, ahora quieren que vaya la secretaria del Trabajo y si ésta hubiera ido, exigirían que fuera el líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, el caso es que siempre tienen un pretexto para intentar descalificar todo lo que hace el gobierno. Situaciones éstas, que nunca hicieron los anteriores gobiernos.
Por su parte, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, dio a conocer que tras más de 50 diligencias investiga a 3 personas por el colapso de una mina de «Las Conchas», en el paraje «Aguijita». Aseguró que se investiga a la persona que arrendó, la dueña y la concesionaria de la mina.
Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Vicente Fox entregó en 2003 la concesión de la mina accidentada en Sabinas, Coahuila, e inició operaciones hasta 2021 sin aviso. Aseguró que en el país hay “muchísimas” minas clandestinas, y ésta es una de ellas.
“Empezó a funcionar creo que, en el 2022, en el 2021, sin avisos ni nada. La concesión viene de 2003. Se actúa ilegalmente, eso es lo que hay que investigar, un dato: la concesión la otorgó Fox en 2003 y vence en el 2053, está todo documentado”, señalo el mandatario, quien añadió que en este sexenio no se han otorgado concesiones mineras.
La politización de muertes, accidentes, enfermedades, obstruye las acciones humanitarias y debe sancionarse esas participaciones que sólo estorban para alcanzar el éxito en este tipo de desastres, pero como carecen de argumentos, de líderes y de candidatos esa es la miserable laboral que les queda por practicar como su único ejercicio político para demostrar que existe.
Quedan algunas interrogantes sobre el desarrollo de los riesgos de mineros y habitantes de la región minera de Coahuila, por ejemplo, el hueco que hay entre el tiempo de ser otorgada la concesión y la puesta en marcha de las actividades. Los nombres de los dueños se desconocen. También debemos saber si esas actividades eran lícitas, si existían las condiciones propicias para trabajar y si los trabajadores estaban capacitados, de cuántas minas se trata, entre otras preguntas que deben contestar las autoridades.
PEGA Y CORRE
Los panistas siguen teniendo problemas en Querétaro, que consideraban un bastión electoral propio. Ahora habitantes del municipio de Huimilpan amarraron de las manos al secretario de Gobierno, Juan Alberto Nava Cruz, y lo exhibieron públicamente, al hacerlo caminar en las calles alrededor del jardín principal de la cabecera municipal, porque exigen justicia por la muerte de Daniel Franco Miranda, un hombre de 27 años que había sido detenido por elementos de la Policía del municipio y murió a manos del director de la policía municipal Edgar Cesar Villa Osornio.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes