* El Congreso suprime la condición de veracruzano  * Se resquebraja el PAN  * Alcalde de Tatahuicapan amenaza y se acobarda  * Pidieron lana y les dieron obra  * Winckler a Almoloya  * El frío, el olvido, el miedo  * Nanchital: alcaldesa atiza guerra periodística

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

3 de agosto de 2022

Por la puerta trasera, como el ladrón en la noche, Rocío Nahle avanza en el asalto a Veracruz, retorciendo la ley, induciendo al Congreso a darle condición de veracruzana a quien nació en Zacatecas.

Como ese ladrón, Nahle arrebata una máxima histórica —“Veracruz para los veracruzanos”, parafraseando a Monroe— y hace del artículo 11 de la Constitución local un traje a la medida… de su ambición.

Ya no se reduce el requisito para ser candidato a gobernador a haber nacido en Veracruz o ser hijo de padre o madre veracruzanos. Ahora, con el mayoriteo de Morena en el Congreso, pueden aspirar a la candidatura los no nacidos en la entidad pero que tengan hijo o hija veracruzanos, o quien acredite cinco años de residencia efectiva antes de la elección.

Vía fast track, como el ardid de un pillo, la Ley Nahle se llevó cinco días en entrar al horno y ser cocinada.

Una de sus corifeas, Magaly Armenta Oliveros, diputada por Cosoleacaque, la del sainete del gobernador Cuitláhuac García en Chinameca donde salió entre mentadas y chiflidos, la presentó el jueves 28 de julio en la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz. De ahí pasó a la Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Se simuló el análisis y se redactó el dictamen.

El martes 2, a eso de las 13 horas, la Comisión Permanente se reunió y citó a sesión extraordinaria y menos de dos horas después se había aprobado. Fast track.

Por 38 votos a favor, 30 de ellos de Morena, 11 en contra y cero abstenciones, se aprobó la Ley Nahle. No votó el diputado morenista, Luis Ronaldo Zárate Díaz, quien pasó lista pero se ausentó.

La fracción panista, menos tres diputados que emitieron su voto a favor —Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Hugo González Saavedra y Othón Hernández Candanedo—, advirtieron que se violó el Reglamento del Poder Legislativo. Las reformas a la Constitución Política local se deben realizar durante un periodo ordinario de sesiones, no en un receso.

La Ley Nahle es el retrato legaloide de Rocío. Quien urde un parche a la Constitución para beneficio propio, gobernará para beneficio propio.

Es un acto de mezquindad, de ausencia de nobleza, de franco arrebato y de atropello a la sociedad. Veracruz, los veracruzanos, no se merecen a una obsesiva, caprichosa, mentirosa, tramposa, que decidió no gobernar Zacatecas, su estado natal, donde si pide un voto le dan la espalda, y si suelta una promesa la mandan a volar.

No me venga con que la pinche Constitución es la pinche Constitución. Párchenla, refórmenla, háganme con sus páginas un traje a la medida. Que no sea una ley general. Que sea la Ley de Herodes versión Ley Nahle.

Nahle, como truhán del barrio, anda en el agandalle. Y ya ha jodido bastante a Veracruz.

Ha gobernado 3 años y medio usando a Cuitláhuac García Jiménez como títere y bufón y le ha solapado abusos, atropellos, violaciones a la ley, corruptelas y hasta metidas de mano al cajón.

Mientras haya créditos bancarios cuyo destino no ha podido explicar, Cuitláhuac duerme tranquilo, o subejercicio en obras federales que permiten que millones de pesos regresen a las nada santas manos de López Obrador, o pagos a empresas fantasma, tipo Javier Duarte.

Cuitláhuac es un bandolero y Nahle la madrina de sus crímenes. Es tan irracional que justifica los presos políticos. Y el encarcelamiento de inocentes. Y que la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, fabrique delitos e invente asesinos. Y que los ministeriales torturen a empleados de una bodega y les imputen delitos inexistentes.

Y cuando le preguntan por qué Cuitláhuac incurre en actos tan aberrantes, tan demenciales, Rocío Nahle exhibe ella es como él.

“Es un hombre solidario y justo”, dice. “Tenemos la fortuna de contar con un buen gobernador”. La locura total.

En 2024 será peor para Veracruz. Será el inicio de otra pesadilla. Nahle es infinitamente más arbitraria y torpe que Cuitláhuac García. Es más necia y malvada. Es marrullera y tramposa.

Se multiplicarán los presos políticos y será el sexenio de la impunidad. Ni Cuitláhuac ni el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; ni el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín; ni la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, enfrentarán la ley.

Sus delitos, sus excesos, los crímenes y atropellos, no tendrán castigo. Ni habrá justicia para aquellos detenidos que murieron en los separos de las cárceles. Para eso se hizo la Ley Nahle.

Será gobernadora porque el Partido Acción Nacional no tiene rumbo. El panismo vive su peor división. El yunismo azul controla el 51 por ciento del partido; el antiyunismo tiene el 49 por ciento restante. Y nadie cede. Unos son pro Morena; otros, los Yunes creen merecerlo todo.

El albazo legislativo que gestó la Ley Nahle, deja ver la dimensión de la fractura en el PAN. Tres diputados panistas aprobaron el cambio constitucional, favoreciendo a la secretaria de Energía.

Dos de ellos, Othón Hernández Candanedo y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se vinculan a la corriente del ex líder estatal del PAN y cacique de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés.

No hay día que el yunismo no los fustigue. Y cada golpe, cada descalificación, cada crítica, les da pretexto para acercarse a Morena y frustrarle a los Yunes el regreso al poder.

Mientras, Rocío Nahle opera. Un negocio armado para un yunista azul, ex líder de la fracción parlamentaria del PAN, Sergio Hernández, fue relevado por el portal Referente.

La empresa Lisec, S.A. de C.V. será intermediaria entre el ayuntamiento morenista de Coatzacoalcos y la Comisión Federal de Electricidad. Sergio Hernández se ostenta como gestor de Lisec y el negocio representa un auténtico botín por la gestión ante CFE para disminuir el pasivo de más de 2 mil millones de pesos, así como otras mediciones mensuales.

De acuerdo con Referente, Lisec “suministrará servicios de gestoría ante instancias de la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y SEFIPLAN” y gestionará “reembolso y reducción de la facturación de consumo de energía eléctrica que genera el municipio de Coatzacoalcos”.

Negocio seguro pues quien tiene la última palabra es Rocío Nahle, titular de Energía, y el morenista Amado Cruz Malpica es alcalde de Coatzacoalcos.

Según fuentes panistas, la empresa que representa Sergio Hernández cobraría el 30 por ciento sobre las cantidades que CFE le reduzca al viejo litigio y en el consumo mensual actual. El contrato fue aprobado hace dos semanas por el cabildo de Coatzacoalcos.

Uno de sus allegados, el diputado local Miguel David Hermida Copado, realizó diversos viajes a Coatzacoalcos para concretar el negocio. Algo así como cuando Tony Macías, suegro del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, fue intermediario del ex alcalde Marcelo Montiel Montiel en el cobro del impuesto de traslación de dominio a tres petroquímicas de Pemex. Por un par de notificaciones su despacho, Abogados y Asociados Internacionales, se llevó 44 millones de pesos.

El voto de Hermida Copado habría sido a favor de la Ley Nahle, pero el amago de exhibirlo como parte del negocio de Sergio Hernández, lo movió a repudiar el cambio constitucional.

De acuerdo con fuentes del PAN, otro panista, Gabriel Lagunes Jáuregui, alcalde de Comapa, hermano de la diputada Jessica Lagunes, participa en el negocio. Ella voto a favor de la Ley Nahle.

Y así avanza Rocío Nahle hacia el gobierno de Veracruz. A veces teje fino. A veces es burda y arbitraria. Ya puede aspirar a la candidatura. No tiene enemigo al frente. La oposición es un caos. El PAN se partió en dos. El PRI se mimetiza con Morena; se achica y los priistas brincan al partido guinda. El PRD es un fantasma. Y a Movimiento Ciudadano, sin alianza, no le alcanza para ganar.

Entró Nahle por la puerta trasera, a oscuras, como un ladrón en la noche y les robó la Constitución.

Archivo muerto

Eusebio, el alcalde, hizo una travesía fugaz. Brincó del sabotaje al reclamo, y de ahí a la amenaza, al rejuego, al deslinde, a la contradicción y a la cobardía. Y todo por 2.3 millones de pesos por liberar la presa Yuribia. Un burdo chantaje. Decía Eusebio González Hernández que son los ejidatarios de Tatahuicapan, no él, los autores de la toma de la presa. “Yo únicamente soy el representante de la ciudadanía”, argumentaba lanzando la bola de fuego a los integrantes del ejido donde está enclavado el vaso de captación que surte de agua a Coatzacoalcos, parte de Minatitlán y en menor medida a Cosoleacaque. De los alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque dice: son muy “chingones” cobrando los servicios de reforestación “y ni un peso han invertido en la parte alta del Yuribia”. Y les espetó. “Se hacen patos”. En esos términos se expresó. Y amagó: si los tres municipios no cumplen, que busquen otra fuente de abastecimiento. Cambió la tonada cuando los periodistas le mencionaron que la autoridades de Coatzacoalcos lo señalaban de ser el orquestador de la toma de la presa Yuribia y cuando le revelaron cifras. Y Eusebio terminó admitiendo que le pidió dinero al presidente municipal, Amado Cruz Malpica, para el carnaval de Tatahuicapan. “Pero era para el pueblo”. Al final lanzó un “me deslindo”. Como siempre se ha esgrimido, las causas son justas; el reclamo de los tatahuis a tener beneficios sociales, desarrollo, servicios médicos, carreteras, escuelas, es su derecho, y es obligación del gobierno de Veracruz y ayuntamientos aportarle lo que requieren a cambio del suministro de agua, que es un recurso federal. El punto es que no se pervierta el fin, que no ocurra lo del Javier Duarte, que obligó al entonces presidente municipal de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, a entregar 2 millones mensuales, que luego eran repartidos entre ejidatarios y población y así se consolidó Morena en aquella región. El otro punto es el proyecto del acueducto San Gabriel y los 2.3 millones de pesos que reclama la constructora. En el ayuntamiento de Coatzacoalcos se planteó que existe el compromiso, que data de los tiempos del ex alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pero que ese proyecto lo desconocen. Fue realizado por decisión de los ejidatarios. El alcalde Amado Cruz Malpica fue tajante: es un chantaje y no va a incurrir en algo que viole la ley. Habría que revisar si el proyecto fue licitado, si lo elaboró el ayuntamiento de Tatahuicapan o si es una obra de particulares. Y si es de particulares, habría que ver bajo qué figura un ayuntamiento puede destinar recursos públicos sin incurrir en una violación a la ley. Amado sentenció: primero el diálogo y si no hay arreglo, la instancia legal. Terminó el conflicto con un acuerdo: Coatzacoalcos pagará la mano de obra de la construcción del acueducto San Gabriel, Minatitlán los materiales hidráulicos y Cosoleacaque les construirá el puente de Zapotillo. Obras sí, dinero no. Va siendo hora de buscar otras fuentes de abastecimiento de agua para Coatzacoalcos, sea en el río Uxpanapa o la presa Cangrejera. Y que el gobierno de Veracruz no deje de apoyar a Tatahuicapan y otros municipios de la sierra de Soteapan, a quienes les asiste el derecho al desarrollo con todos sus servicios… Deja tú el frío o el olvido; el miedo. Jorge Winckler ve su vida destrozada en el Penal Federal del Altiplano o Almoloya. Allá lo envió el obradorismo tras su vinculación a proceso, consumada la venganza de Javier Duarte, Andrés Manuel López Obrador, Cuitláhuac García. Sin aviso alguno, de madrugada, el martes 2 dejó la cárcel de Pacho Viejo y se le envió al de máxima seguridad del Altiplano. Allá lo confinan al olvido. Gran parte ya lo vivía de sus amigos, del yunismo azul que no lo cuidó. O como dicen unos, apuestan otros, los Yunes lo negociaron a cambio de impunidad. U otros más que avizoran que en los meses por venir la cacería se centrará en Miguel Ángel Yunes Márquez —Chiquiyunes— y su hermano Fernando, uno ex alcalde por partida doble de Boca del Río, y el otro presidente municipal de Veracruz hasta diciembre de 2021, entregado el poder a su cuñada Patricia Lobeira Rodríguez. Mientras, Jorge Winckler, el ex fiscal del yunismo, pasa las horas y los días cerca de reclusos pesados, narcos, secuestradores, generadores de violencia, algunos de los que persiguió desde la Fiscalía de Veracruz, lo que incrementa su nivel de riesgo, una vecindad con la muerte… Gobierno de arrabal, de arrebato, chisme e intriga, en Nanchital. Su alcaldesa, Esmeralda Mora Zamudio, no gobierna pero qué tal atiza los pleitos internos y los escándalos públicos, a la greña con el síndico, Félix Olarte Ferral, y orquestando una embestida contra medios de comunicación y portales digitales que exhiben el caos. Olarte Ferral, periodista de carrera, metido a político, frenó las ocurrencias y abusos de la comadre de Rocío Nahle, secretaria de Energía. En consecuencia, lo ha tundido con todo. Y ha sido fuego amigo. El artífice de la gresca mediática es el secretario del ayuntamiento, Antonio García Yáñez, un mercachifle de la comunicación, quien antes laboró, con desastrosos resultados, como vocero del ex alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, aprovechando el cargo para armar jugosos negocios con la Secretaría de Turismo de Veracruz. A Doña Esmeralda le conforma un pull de prensa y supone que golpeteando a los medios y periodistas que la critican, reparará en algo el asco de gobierno que encabeza. Es tan burda, que entre sus apologistas recluta a Romana Ortega Cruz, de Ruta Istmo, cuya hermana, Joselyn, aparece como proveedora de medicamentos en el ayuntamiento de Nanchital, según factura difundida por el portal El nanche.com de Víctor Nazariego. Aquello es una batalla. Quizá habrá saldo rojo que irá a la cuenta de Esmeralda Mora, y de rebote al historial de Rocío Nahle. Atizando el fuego, luego no hay cómo apagarlo…

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