- Todos los funcionarios están obligados a entregarla
- Nadie que está haciendo fortunas van a declarar
- Los fraccionamientos de los nuevos ricos en Xalapa
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
El próximo martes 31 de mayo vence el plazo de la Ley de Responsabilidades Administrativas marca para que los funcionarios públicos presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses.
Por eso es que en las oficinas de la Contraloría General en la avenida Ignacio de la Llave 105 -allá por el deportivo Ferrocarrilero- se han formado largas filas para entregar físicamente en impresiones en papel las respectivas documentaciones. Hay que reconocer que a pesar que es nutrida la concurrencia de empleados de todas las dependencias, gracias a que se establecieron varias ventanillas para revisar los papeles y luego para el sello de recibido, no es tardado, como pudiera ser.
Aunque también hay que decir que no vimos a ningún funcionario de lo que se considera la Alta Burocracia, sino que la mayoría pertenecen a la Secretaría de Educación, son maestras y maestros que apenas tienen una plaza magisterial.
No vimos a nadie desde la mismísima oficina del Gobernador del Estado, del Secretario de Despacho y homólogos, Subsecretarios de Despacho y homólogos, Director General, Coordinador de Asesores y homólogos, Director de Área y homólogos, Subdirector; Asesor y homólogos, Jefe de Departamento; Consultor, Ejecutivo de Proyectos y homólogos, Jefe de Oficina; Supervisor y homólogos.
Al final de cuentas, se trata de un mero trámite burocráticos, para poder decir que se está cumpliendo con la Ley, pero seguramente que nadie de los que están haciendo fortunas millonarias va a declarar nada de eso.
Nada más hay que darse una vueltecita por el rumbo de los fraccionamientos alrededor de Monte Magno, donde hay no una ni dos cuadras, sino manzanas completas, con residencia que valen millones de pesos, que seguramente no aparecen en esas famosas declaraciones patrimoniales.
Si realmente se quiere detectar y castigar la corrupción, como debiera ser, pues nada más basta con checar la dirección del domicilio de la Alta Burocracia -la que pese a todo lo que se diga está creando nuevos ricos en Xalapa- para ir a valorar las residencias y quienes viven en ellas, con grandes lujos y autos y camionetas que pareciera están compitiendo para ver cual es la más cara.
Seguramente que ninguno de los maestros y maestras, que estuvieron acudiendo a la Contraloría General para presentar su declaración patrimonial, viven en la parte sur de la capital, donde se siguen construyendo residencias y fraccionamientos.
Que no se olvide que el día cinco de junio del año dos mil diecinueve, mediante la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Tomo CXCIX, número extraordinario 224, se publicó el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, donde se enuncia el Objetivo 1 del Programa especial B. Honestidad y Austeridad que establece: “Erradicar la corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas”.
La otra declaración, aparte de la patrimonial, es la de intereses, pero lamentablemente no se establece nada sobre el nepotismo, que es una de las formas de corrupción que ha venido ha proliferar en distintas áreas de la administración estatal.
Ojalá que la Contraloría General del Estado, después del martes 31 de mayo en que vence el plazo, no nada más informe de cuantos miles de empleados cumplieron con su obligación de presentar su declaración patrimonial, sino que también se informe de los casos de corrupción que debieron ser detectados ya, a estas alturas del partido.
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