Se desconoce el momento cuando las ambulancias conocidas como “patito”, inician sus operaciones fuera de la legalidad. Se les encuentra en gran parte de los estados del país. No se sabe la fecha pero si se afirma que son las primeras en llegar al lugar del siniestro.
Usualmente estas ambulancias no están en las mejores condiciones para brindar los primeros auxilios, y el personal que las opera no cuenta con la acreditación requerida. Además, las condiciones de los vehículos no son las mejores. Sin embargo, no se ha sabido que sean sancionados por exponer la vida de las personas lesionadas.
Resulta sospechoso que en la mayoría de las veces llegan antes que la Cruz Roja. Las personas lastimadas son trasladadas a hospitales que ellos determinan sin el consentimiento de nadie, y sin antes cerciorarse si son derechohabientes de alguna institución de salud o si cuentan con algún seguro de vida.
Se ha especulado que hacen acuerdos con hospitales caros para llevar ahí a los accidentados. Cuando tienen que contestar, responden que la decisión se basa en que fue el único hospital que atendió la llamada, y el caso ameritaba urgencia.
Una investigación del periódico El Universal expuso que los hospitales proporcionan a los paramédicos de esas ambulancias una iguala. Ese es el motivo principal de la elección del hospital, según afirma el periódico. A su vez, los responsables de las ambulancias les dan una gratificación a los agente policiacos o viales para que les avisen con prontitud la ubicación del accidente.
Pero lo más delicado viene a continuación.
Se sabe que entre grupos de rescate ven los bienes que portan los accidentados como un botín para repartirse. Hay acuerdos. Por ejemplo, cuando al lugar del accidente acuden simultáneamente dos equipos, uno de ellos despoja al herido de lo que porta en el lado izquierdo incluyendo los bolsillos. El otro, se hace lo acordado con el lado derecho.
Es tal la inconformidad que han despertado estos deficientes servicios de emergencia entre los familiares de los afectados, que la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tomó el asunto en sus manos en lo que se refiere a su demarcación. Según las nuevas disposiciones, serán detenidas y multadas aquellas ambulancias que no tengan los permisos para llevar a cabo esa actividad. Se espera que otros gobiernos sigan el ejemplo del gobierno de la Ciudad de México, para terminar con este tipo de abusos.
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