Hace más de cuatro años el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un estudio sobre el sistema de justicia en México cuyas conclusiones fueron demoledoras,
“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis -dijeron en su informe- y la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.”
Estas aseveraciones las hacían antes del presunto cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia en México con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y antes de que se creara como institución autónoma la Fiscalía General de la República. Esto es, antes del inicio del actual gobierno de la Cuarta Transformación.
Ya en funciones el gobierno de López Obrador desde la secretaría de gobernación se decía que el eslabón más débil de este país se llama procuración de justicia, se llama falta de capacitación de fiscales y de ministerios públicos, y se llama también corrupción. “Si logramos transformar el sistema de procuración de justicia del país, habremos transformado al país”, aseguraba la entonces titular del área y hoy senadora Olga Sánchez Cordero. ¿Algo ha cambiado tres años después?
Baste ver la zigzagueante investigación del presunto crimen de la joven neoleonesa Debanhi Escobar y las fallas de las fiscalías estatales en otros casos que han sido motivo de escándalos, así como los pobrísimos resultados de la gestión de la FGR, también plagada de escándalos, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Nada ha cambiado y seguimos en las mismas.
Y el caso de Veracruz es ya penoso.
La procuración de justicia en Veracruz está en un bache. Las pifias se han ido acumulando y lo que parece la gota que derramó el vaso fue la “detención” de un joven repartidor al que la Fiscalía General del Estado identificaba como Ángel de Jesús N, apodado según ellos “El Mara”, a quien señalaban como responsable del asesinato de las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Johana García que fueron ejecutadas el 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque. Y que resultó ser un homónimo al que debieron dejar en libertad.
Este es el más reciente de los yerros que acumula la institución que se ha distinguido por su ineficiencia y por el uso faccioso de la justicia para fines de revancha política, para mantener, con el apoyo de jueces de consigna de un Poder Judicial subordinado a los intereses partidistas y a los afanes del gobierno morenista, en la cárcel a cientos de detenidos que fueron acusados del ya derogado delito de ultrajes a la autoridad, luego de que la SCJN declarara la inconstitucionalidad de este tipo penal, y a dar palos de ciego en infinidad de indagatorias que no avanzan.
Baste recordar que en la comparecencia de la fiscal Verónica Hernández Giadáns a finales del 2021 la funcionaria reconoció que se iniciaron 96 mil 186 carpetas de investigación y solo había 277 sentencias lo que no equivale ni al uno por ciento.
Por ello ahora ante el “usted disculpe” que dieron al joven repartidor que acaparó el día de ayer los titulares de todos los informativos locales y nacionales, al creerse que comenzaba a hacerse justicia en el caso de las periodistas ultimadas, y al que llevaron tras su liberación a Palacio de Gobierno a “agradecer” a las autoridades su puesta en libertad y que no haya sufrido violencia durante su detención, resulta ya el colmo.
A quien debe agradecer la familia del joven es a sus amigos repartidores que se movilizaron y salieron a las calles para exhibir el error de la fiscalía, señalando que contaban con videos que confirmaban su presencia en Xalapa, a la hora en que se asesinaba a las dos reporteras en Cosoleacaque.
De ahí que abogados, activistas, integrantes de colectivos y diputados federales consideraron viable y urgente que se revise el actuar de la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns.
Algunos de plano pidieron la renuncia de la fiscal por su actuación que –dicen- ha fracturado el Estado de Derecho en Veracruz, provocando que no haya seguridad jurídica para nadie y recordaron el caso del asesinato de la joven Montserrat Bendimes, en el municipio de Veracruz, a quien su novio le quitó la vida a golpes, feminicidio que sigue en la impunidad, con el responsable prófugo y mandando videos donde alega su inocencia.
La pelota está en la cancha del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al menos formalmente, en la del Congreso del Estado. Y pensar que el mandatario había felicitado incluso a la fiscal por la celeridad de su actuación y la detención de un presunto implicado en el crimen de las comunicadoras. Y aún la defiende argumentando que no hay daño alguno que reparar y que el error en la detención del joven repartidor no fue de la Fiscalía sino de la Coordinación Nacional Antisecuestro, instancia federal que suponemos participa en las indagatorias. Pero lo que es un hecho es que la desconfianza en la institución está instalada y crece día a día.
Aunque ya sabemos que la fiscal, como todos los funcionarios de este gobierno son inamovibles. Así que nada pasará, pese a este penoso caso y pese a los reclamos de los colectivos de familiares de desaparecidos que cuestionan acremente su gestión.
La autocrítica no es el fuerte de esta administración.