En los días que corren ha sido noticia el Acuario de Veracruz.
Un atractivo turístico de primer orden para la entidad y el puerto de Veracruz, un ejemplo de éxito y de cuidado y conservación de la fauna marina desde hace 30 años, entró en zona de turbulencia tras la decisión del gobierno de Cuitláhuac García de extinguir el fideicomiso que lo administraba y que sea ahora la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente la que lo tenga bajo su custodia y operación.
Las supuestas razones sorprendieron, pero lo que hizo levantar la ceja a todo mundo fueron las contradicciones en las que empezaron a incurrir para justificar esta inopinada decisión. El procurador Sergio Rodríguez Cortés señaló que clausuraban este centro porque existían procesos administrativos por una fiesta realizada en el año 2020 en el acuario, mientras que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó al Comité Técnico del Acuario de Veracruz de ocultar información por la muerte de un manatí en las instalaciones del recinto y deshacerse del cuerpo de una manera irregular.
Lo que se pensó, con toda razón, y al final quedó demostrado, es que el gobierno morenista iba tras los recursos que maneja el fideicomiso que administra el Acuario de Veracruz y que maneja más de 80 millones de pesos anualmente.
El famoso Acuario de Veracruz, inaugurado el 13 de noviembre de 1992, durante el gobierno de Dante Delgado Rannauro, es un recinto de entretenimiento, que cuenta con diversas exhibiciones y áreas que albergan 3,258 ejemplares de alrededor de 170 especies. Es el acuario más importante de América Latina y catalogado como uno de los diez mejores del mundo y que cuenta con la pecera cilíndrica más grande de México. Fue el primero en recibir la acreditación internacional de la Asociación de Zoos y Acuarios y el primer acuario en México en obtener el Certificado de Calidad Ambiental Turística, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todos estos reconocimientos pueden quedar solo en recuerdo tras la decisión del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Porque ya sabemos la forma en que se administran las cosas en la mayor parte de las dependencias de este gobierno y que todo espacio en la administración pública e instancia gubernamental es aprovechado para acomodar recomendados y ver si se puede hacer algún negocio con los proveedores. Ojalá que quienes vayan a llegar a laborar ahí conozcan de biología marina, de cuidado de especies en peligro de extinción, de conservación animal, etc. y no sean el cuñado del primo del secretario, o la novia del otro poderoso funcionario, unos primos de la secretaria consentida, de compas que anduvieron en campaña y quieren irse a vivir al puerto.
Porque ya el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, anunció que más de 100 trabajadores del Acuario de Veracruz serían liquidados por la nueva administración “conforme a derecho”, aunque habrá recontrataciones de personal y que todo se hará, asegura, de manera “transparente y legal” para que los empleados sean liquidados reconociéndoles sus años de servicio y prestaciones laborales.
Ahí radica uno de los problemas de este cambio de administración en el acuario que según el decreto publicado ahora pasará a llamarse “Aquarium”: en las afectaciones al personal que labora en ese centro y que cumplía con sus funciones para que el acuario operara en estricto apego al marco legal y en pleno cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y Convenciones Internacionales, como recordó la directiva del fideicomiso en un último comunicado emitido el pasado lunes, para solicitar una visita de inspección documental y de campo al acuario para que autoridades del estado verificarán el manejo adecuado y las condiciones idóneas de bienestar animal que guardan los ejemplares del lugar. Pero todo ello fue inútil, la decisión ya estaba tomada.
Ahora el responsable del acuario será el procurador estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, exalcalde de Ciudad Mendoza, un oscuro personaje que ha transitado protegido por los gobiernos de Javier Duarte y, Miguel Ángel Yunes por los servicios prestados, y hábil como es se coló en el gobierno de Morena, donde ha sido acusado de extorsión a empresarios por observaciones ante presuntas o reales irregularidades en su operación y de hacer una fortuna con la imposición de multas. Su fama pública lo condena y baste recordar la foto que publicó en redes sociales donde literalmente se abanica con billetes de mil pesos mientras en la cama donde posa en ropa interior se observan fajos de dinero. De ese tamaño es el funcionario que administrará el nuevo “Aquarium”.
Y como era de esperarse, los directivos del Consejo de Administración del Fideicomiso del Acuario de Veracruz, anunciaron que impugnarán la decisión y el acto jurídico realizado por el gobernador García Jiménez que no se sostiene, como opinan abogados expertos en el tema, pues el Gobierno del Estado no puede participar extinguiendo algo de lo cual ya no tiene el derecho, pues esa renuncia del derecho se hizo al reformarse en el 2006 los términos del fidecomiso público para blindar al centro de la intervención gubernamental, por lo que todas las reglas de operación que son federales regulan exclusivamente a la persona moral que opera el Acuario de Veracruz.
El abogado Fidel Ordoñez en una entrevista concedida a la XEU dijo que vendrá “una fuerte batalla legal”, pues la acción tomada implica responsabilidad de naturaleza penal federal y que tendrá que operarse el acuario con una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el el delito de despojo.
Finalmente, lo que debe cuidarse y recordarse es que no se tiene claro qué pasará con los animales y la administración de los ejemplares, porque las autorizaciones federales no están otorgadas al gobierno del estado sino a la asociación civil que administra el Acuario de Veracruz.
Aquí no valen los discursitos de que el recinto del acuario ahora será del pueblo veracruzano, muy al estilo de la 4T jarocha. Es un tema de cuidado y preservación animal y de respeto a quienes están haciendo bien su trabajo, no de apropiarse de presupuestos e instituciones a capricho. Ya veremos que sucede en este episodio que causó una gran controversia y la condena de buena parte de la sociedad veracruzana.