Como apuntábamos en nuestra anterior colaboración, la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de entrada rechazada por legisladores y voceros de los partidos PAN, PRI y PRD por sus fobias a todo lo que provenga del gobierno morenista y a la oportunidad que vieron, sobre todo, de cobrarle cuentas al presidente por las constantes descalificaciones del primer mandatario al llamarlos traidores a la patria.
Es lógico que se rechace porque no guste nada el que se proponga recortar las prerrogativas de los partidos y complicarles el mantenimiento de las costosas burocracias. Ello es entendible en los dirigentes de las fuerzas políticas, pero lo que no se entiende es que algunos analistas, académicos y buena parte de los opinadores y comunicadores, dejen brotar sus prejuicios y aún su desprecio a todo lo que huela a la 4T y rechacen a rajatabla y sin medias tintas la propuesta, calificándola como una vía para desmantelar las instituciones electorales y la propia competencia democrática. ¡Nos convertiremos en Cuba o Venezuela!, claman presuntamente preocupados.
No obstante, debe destacarse -y eso los saben los académicos, opinadores y analistas- que es imprescindible buscar nuevas fórmulas para reconstruir el sistema de competencia política sobre la base de que es necesario abatir el costoso aparato creado para tal efecto, disminuir las prerrogativas que reciben los partidos políticos y buscar mecanismos más efectivos para lograr la plena representación política de estados y ciudadanos en los órganos legislativos y en los cabildos, sin dejar de lado la integración de la legislación electoral en un marco más simple y que trascienda el principio de desconfianza que ha hecho que México tenga uno de los esquemas legales y normativos más complejos y rebuscados del orbe.
Sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos se ha dicho que el desaparecer las ministraciones para el gasto ordinario abriría la puerta a financiamiento poco claro y aún de actividades ilícitas para que los partidos solventen sus gastos de oficinas, contratación de personal, etc. Esto efectivamente puede dar lugar a esta circunstancia, aunque es evidente que hoy por hoy no estamos lejos de ello: existe la presunción de que el gobierno en cualquiera de sus niveles, empresas o el crimen organizado están sufragando ilegalmente, desde luego, la operación de las organizaciones políticas. Lo anterior parece una verdad de Perogrullo vistos los recursos que mueven las fuerzas en contienda, particularmente la del partido en turno en el poder; así como lo hizo el PRI durante ochenta años y en su turno lo hacía el PAN, ahora Morena sigue la tradición de fondearse con recursos públicos al margen de las prerrogativas oficiales.
La mejor manera para que los partidos no deban recibir ingentes recursos para sus actividades ordinarias y de campañas como sucede hasta ahora es muy sencilla: debe restringirse en la ley la entrega de artículos de cualquier naturaleza a los potenciales electores durante las campañas políticas, con excepción de folletos informativos, prohibir las movilizaciones de votantes el día de la elección y hacer más restrictiva e incrementar la penalidad en el capítulo de delitos electorales para la entrega de recursos y el uso disfrazado de programas públicos de corte social tendientes a condicionar el voto. Esto, desde luego no lo trae la iniciativa del presidente López Obrador,
En cuanto a la reducción en el número de escaños en las cámaras del Congreso de la Unión, en los congresos estatales y en los ayuntamientos lo que plantea la iniciativa de reforma electoral es novedoso y perfectamente atendible si de reducir los costos de operación de todos estos órganos de representación se trata. Además, el incorporar un criterio de proporcionalidad pura, con sistemas de listas, permitiría integrar de mejor manera los cuerpos parlamentarios y edilicios, a través de la fórmula de cociente natural y resto mayor que se usa hasta ahora para hacer el reparto de curules y regidurías, y se reduciría notablemente la sobre y sub representación que vemos actualmente y que dan lugar a falta de correspondencia entre votos y curules que obtienen los partidos políticos.
Al elegir por listas en lugar de por distritos, y considerando la disminución de espacios en congresos y cabildos, de acuerdo a criterios poblacionales, como plantea la iniciativa de reforma electoral, tendríamos una disminución muy importante de espacios y obviamente de presupuesto, al disminuir a nivel del Congreso de la Unión de 500 a 300 el número de diputaciones federales y de 128 a 96 las senadurías, 3 por estado.
Pero lo novedoso es que en cuanto a los integrantes en los congresos locales se plantea una conformación de acuerdo la población de cada estado, con un mínimo de 15 y un máximo de 45 diputaciones por entidad. Así, el promedio nacional de disminución sería de 41%, y con base en el criterio poblacional, las entidades que más diputados locales tendrán son: el Estado de México, que contaría con 45 diputados; la Ciudad de México, con 31; Jalisco y Veracruz, con 29 cada uno; Puebla, con 26; Guanajuato, con 25; y Chiapas y Nuevo León, con 24. Como puede verse, el Congreso del Estado de Veracruz pasaría de tener 50 curules a solo 29, perdiendo 21 asientos con el consiguiente ahorro económico que ello supone si nos atenemos a que un solo diputado entre su dieta, los apoyos legislativos, gastos de representación en su distrito, asesores y lo que usted quiera sumarle nos cuesta a los contribuyentes veracruzanos no menos de 170 mil pesos mensuales. Haga cuentas.
Para el caso de las regidurías en cada municipio del país también hay una reducción a partir de una escala para asignar 1, 3, 5, 7 y 9 regidurías de acuerdo a la población de cada municipio. En lo que toca al estado de Veracruz solo Xalapa y Veracruz tendrían 5 regidores y los restantes 210 municipios de la entidad se integrarían por un máximo de 3. Esta nueva composición de los cabildos sin duda tendría un gran impacto en el gasto corriente de los ayuntamientos al eliminarse cientos de regidurías que solo generan gastos y más por los onerosos salarios que se asignan los regidores.
La propuesta de reforma electoral plantea también la centralización de la organización de todos los procesos electorales en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas por lo que desaparecerían los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales estatales. Al respecto debe recordarse que ya desde el año 2013, cuando se discutía la reforma electoral que se llevó a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se cambió el nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral, uno de los temas a discusión fue justamente desaparecer los Oples para frenar a los gobernadores de los estados que metían las manos en estos para condicionar triunfos y derrotas de acuerdo a su interés, lo cual evidentemente no sucedió y se retoma ahora, cuando la experiencia ha demostrado, y aún en gobiernos morenistas como el de Veracruz, que efectivamente estos órganos y los tribunales locales están al servicio del gobernante en turno, pues es el gobierno estatal el que cubre su presupuesto y obviamente con ello tienen sujetos a los consejeros y magistrados para actuar como se les indique.
Lo que sí es un punto importante de la propuesta de reforma y por lo que vale la pena que se aterrice es el ahorro presupuestal que implica pues estos órganos administrativos y jurisdiccionales locales cuando no es año electoral tienen que estar inventando actividades, cursos, conferencias o trivialidades en las que entretenerse y que justifiquen su presupuesto. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tiene para el 2022, que no es año electoral, un presupuesto de 80 millones 597 mil 026 pesos y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) recibirá en este año, 660 millones 008 mil 047 pesos. Ello sin contar los estratosféricos sueldos que reciben consejeros y magistrados, que son las becas mejor pagadas de Veracruz, más el presupuesto para sus asesores, vehículos y gustos caros.
Otro tema interesante de la propuesta es la apuesta por la utilización del voto electrónico que permitiría reducir el costo de las elecciones, tener resultados de manera inmediata, menos errores en la documentación electoral como sucede siempre, entre otras bondades. No obstante, como en todo acercamiento a mejorar la tarea de organización de las elecciones, esto pasa por dejar atrás el principio de desconfianza que haría que los adversarios políticos se lancen acusaciones de falsear los resultados, introducir algoritmos para favorecer a un candidato o partido, etc. La añeja historia de recelo e incredulidad que conocemos.
Hasta aquí algunos apuntes sobre la propuesta de reforma electoral que habrá de discutirse y votarse en el Congreso de la Unión en los próximos meses, planteamiento que contiene diversos aspectos positivos, así como otros temas que parecen ocurrencias forzadas a incorporarse en la ley como la elección por voto popular de los consejeros electorales del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, habrá que conocer las propuestas de reforma electoral de los partidos de oposición en los trabajos de parlamento abierto que se ha anunciado. E insisto: si Morena pretende obviar la búsqueda de consensos, si no tiene apertura para escuchar y desechar temas que polaricen, o no acepta negociar la permanencia de algunos asuntos por la salida de otros de la iniciativa final, la propuesta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador irá al fracaso.
Vivimos un clima de polarización de tal magnitud que se ve poco probable que se llegue a acuerdos con los partidos de oposición, no obstante, los alcances de la propuesta y la necesidad real de que nuestro sistema electoral y de partidos políticos se ajusten a la nueva realidad del país, lo que, con espíritu deportivo y democrático, obligaría a que todos, y en primer lugar el presidente López Obrador y los líderes de su partido, hagan concesiones.
Si de altura de miras de los actores se trata, el presidente de la República debe dejar en claro, si realmente busca la transformación del país en lo político, que esta propuesta de reforma electoral no fue solo un anzuelo lanzado para subir el tono de la confrontación y, a sabiendas de que será rechazada, utilizar esta circunstancia como estrategia de campaña. Como los partidos de oposición deben mostrar que lo suyo, como prometen, ya no es más medrar con el poder y el presupuesto público, y están dispuestos a servir a la patria y a los mexicanos.
Se vale soñar.