Fue en mayo de 2018, cuando por vez primera, aceptaron reunirse los entonces 14 colectivos de familiares de personas desaparecidas, para analizar, revisar y redactar la armonización de la ley, en las Mesas de Trabajo del “Foro Ciudadano hacia la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y cometida por particulares en Veracruz”.

Hecho histórico que involucró la planeación, validación y consensos entre las familias, la CEDH Veracruz, los organismos autónomos vinculados al tema, las organizaciones sociales que les han acompañado por lustros en la causa, búsqueda y diligencias; que comprometió a las Diputadas y Diputados y concentró a las personas expertas, especialistas jurídicos, equipos de asesoría.

Fueron meses de labor intensa y dos días de Foro para lograr la Ley, – consensada el 11 y 12 de mayo de 2018, por las familias-; aprobada por el Congreso del Estado, el 24 de julio de 2018 y publicada el 6 de agosto de 2018 en la Gaceta Oficial del Gobierno-. Después, para seguir avanzando, en el invierno de 2019, se llevó a cabo la Reunión de Consulta y Revalidación de la Iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas, que fue aprobada el 7 de marzo de ese año y publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno, el 20 de marzo de 2019.

Así se alcanzó la institucionalización de las exigencias justas e impostergables de las víctimas directas e indirectas; se creó la Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano; se definieron los procesos, la creación de la Comisión legislativa especial, la destinación de recursos humanos, materiales y financieros, se logró por fin crear el Fondo de Reparación, entre muchos avances, porque antes de la Ley 677 y de la Ley 236, no había nada, sólo el clamor sonoro y el reclamo contundente de las familias para que las autoridades hicieran algo y sus seres queridos y queridas, aparecieran.

De esta forma, la lucha de décadas de las y los familiares contra el delito de desaparición forzada y cometida por particulares, se convirtió en ley. Pero el flagelo no se detuvo, no dio tregua. Desgraciadamente, las personas siguieron desapareciendo y hay que subrayarlo, en esa época, eran en su mayoría, hombres.

No obstante, el 29 de agosto de 2018, también en la sede legislativa, se organizó la Mesa Redonda: “El estatus de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz ¿Se requiere la tercera Alerta?”, que congregó a feministas, expertas, juristas, investigadoras, servidoras públicas, Diputadas, colectivas de mujeres, activistas de Derechos Humanos, organizaciones sociales, familiares de personas desaparecidas para conocer, debatir y analizar el entorno, ante la gravísima situación del aumento de desapariciones de mujeres en la entidad, con la mira de solicitar la declaración de la Tercera AVGM por desaparición de mujeres y niñas en Veracruz.

En ese entonces, lo recuerdo muy bien, la Titular del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, Dra. Estela Casados, en su magistral exposición enfatizó que, en los últimos años (previos a 2018), los registros del monitoreo del Observatorio, la desaparición de mujeres había aumentado en un 200%.

En esa Mesa Redonda se remarcó que, con base a estudios e investigaciones ciudadanas y oficiales, la desaparición de mujeres estaba relacionada con los delitos de feminicidios y de trata de personas.

Sin embargo, en ese momento se concluyó que la Tercera AVGM no era necesaria, ya que primero era fundamental reforzar las acciones de la Primera Alerta, por violencia feminicida, declarada por la CONAVIM en 2016, que bien podría atender esta problemática condenable.

A 4 años de aquellos encuentros, de los consensos y avances en legislación, en el permanente análisis colectivo, con la voluntad política y acciones concretas que el actual gobierno estatal ha demostrado desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, la realidad es que, en Veracruz, las desapariciones no cesan y lo peor, es que los índices de desapariciones de mujeres y de niñas menores de 17 años, han escalado de forma muy preocupante e indignante.

Acorde a los reportes del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, desde mi opinión, la fuente más fidedigna, aquí un concentrado de 2017 al primer trimestre de 2022:

AÑO MUJERES

TOTAL ANUAL

NIÑAS / ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS DE EDAD
2017 281 149
2018 279 134
2019 271 108
2020 280 161
2021 685 375
2022 a marzo 160 101

Total:        1956                           Total:     1028

En los últimos 5 años, podemos resumir, el incremento de este delito es de alrededor de 143%. Absolutamente alarmante. Según datos de la misma fuente, el 56% fueron localizadas con vida y el 42% no se especifica si aparecieron.

Otra fuente, la Comisión estatal de Búsqueda registró que, en los primeros 4 meses de este 2022, los casos de mujeres desaparecidas sumaron 195, de los que 109 son de menores de edad.

Llama la atención que, en los años de mayor impacto de la pandemia y, por tanto, de confinamiento, 2020 y 2021, las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes se dispararon. ¿Cómo puede ser esto posible? No hubo clases presenciales; las personas poco salían de sus hogares; no había reuniones ni fiestas, los antros y demás centros convivencia social y espacios públicos estaban cerrados. ¿Cómo pudieron desaparecer estas mujeres y niñas?

Muchas personas se preguntarán ¿Por qué desaparecen las personas, las mujeres, las niñas, púberes y adolescentes? Las y los expertos afirman que pueden ser un mosaico de factores como violencia doméstica, ausencias voluntarias, delito de trata de personas por parte del crimen organizado, pero la realidad es que no se sabe la raíz con precisión.

Lo que sí sabemos es lo que está pasando en Veracruz y en el resto del país, porque este crimen atroz se reproduce por todos los rincones del territorio nacional, sin que la sociedad, autoridades, colectivos, familias, ni nadie pueda pararlo, prevenirlo, erradicarlo.

También, lo que sí conocemos es el cúmulo de recomendaciones urgentes que, a nivel internacional, la ONU ha remitido al Estado Mexicano, al respecto.

Cuando un organismo internacional, en la presentación de algún informe expresa su “profunda preocupación” ante reportes, investigaciones, alegaciones ciudadanas, respecto de la atención, avances y resultados por parte del “Estado Parte”, más allá del lenguaje matizado por la diplomacia de tiento, nos está claramente diciendo que dicho Estado, o no está haciendo nada o lo está haciendo mal o no está atendiendo la problemática como debiera y como lo mandatan tratados, legislación internacional y nacional, compromisos contraídos, signados a nivel multilateral.

Lamentablemente, este es el tono cuidadoso pero contundente de la redacción del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al respecto de la visita a México realizada del 15 al 26 de noviembre de 2021 y, en apego al artículo 33 de la Convención en la materia, que fue aprobado en el 22 período de sesiones del Comité, efectuadas del 28 de marzo al 8 de abril de 2022.

Documento robusto de 30 páginas que considero, se debe conocer; que sugiero analizar y del que intentaré extraer, las claves centrales, contextos y recomendaciones que expresa al Estado Mexicano, de frente al terrible delito de desapariciones forzadas de personas en nuestro país y, de lo que nos toca, en Veracruz.

De entrada, en el diagnóstico de este delito, el Informe sostiene que de 2006 a 2021, las desapariciones de personas han crecido en 98% promedio a nivel nacional; que frecuentemente éstas, “se reportan entre uno y dos años después de su perpetración, lo cual limita las posibilidades de extraer conclusiones definitivas a partir del análisis de las cifras más recientes”; también, que “las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal”, además, de la delincuencia organizada, como perpetradora central de las desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Al respecto de los dos años de pandemia, 2020 y 2021, el organismo afirma que, según cifras oficiales las desapariciones de niños y niñas, mayores de 12 años de edad, se agudizaron, probablemente debido a la sustracción de niños y niñas, dentro o fuera del ámbito familiar; para ocultar violencia sexual y feminicidios; al reclutamiento, represalias, trata y explotación sexual.

Visibiliza la victimización de las personas y familiares que buscan, resaltando la victimización de las mujeres que han quedado como cabezas de sus hogares y que además padecen violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias. Lo mismo que sucede contra las personas defensoras de los Derechos Humanos, activistas e integrantes de organizaciones que acompañan a las familias, así como a las y los periodistas, todas las personas quienes se enfrentan a la desaparición, desprotección, amenazas y en muchos casos, a la muerte.

Remarca la desaparición de mujeres en centros penitenciarios, en estaciones migratorias, en comunidades indígenas, así como contra las y los migrantes y contra las personas de la diversidad sexual.

En este sentido, el Comité en su Informe, refiere “a la actitud pasiva de las instituciones judiciales”, a la falta de confianza de las víctimas en esas instituciones y a lo que llama la “impunidad casi absoluta” que se sufre en México.

Puntualiza que, acorde a “la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.

Por tanto, afirma que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”. Además, opera como “factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas”.

Por otra parte, el Informe manifiesta que, en México hay una “crisis forense”, ya que, según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense”. Cifra que “no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y Comisiones estatales de Búsqueda, recogen semanalmente en las fosas clandestinas”.

En pocas palabras, se está desapareciendo a personas de los grupos más vulnerables, con un aumento considerable de mujeres y menores de edad, con la participación, omisión o consentimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Combatir y erradicar la impunidad, puede ser una ruta de solución contra este delito y, no se está trabajando al ritmo de efectividad necesaria para la identificación forense y por tanto, no se está cumpliendo con el Derecho a la Verdad de las familias.

Sobre las Recomendaciones que hace el organismo de la ONU al Estado Mexicano, las enlisto:

  • Crear la Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas de implementación integral y de máxima prioridad que tenga como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de Derechos Humanos; que atienda y combata las causas de las desapariciones forzadas para su no repetición y que sea evaluable en cumplimiento y resultados.
  • Reconocer los criterios de responsabilidad de los servidores públicos.
  • Erradicar las causas estructurales de la impunidad.
  • Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública y fortalecer a las fuerzas civiles del orden mediante un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
  • Ingresar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y los registros estatales, información detallada y actualizada, para evitar errores y duplicaciones.
  • Implementar de forma urgente una amplia Campaña Nacional de Información y Sensibilización, a fin de contrarrestar la estigmatización a la que se enfrentan diariamente las víctimas.
  • Implementar debidamente y en consulta con las familias, el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país.
  • Fortalecer los equipos a cargo de los procesos de búsqueda, investigación, judicialización, reparación y prevención de las desapariciones con programas de formación especializada y continua.
  • Garantizar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, ejerzan sus funciones con total autonomía e independencia.
  • Asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones locales cuenten con su Reglamento, con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones.
  • Fortalecer a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Estatales.
  • Aclarar las competencias de la Fiscalía General de la República, de las Fiscalías Especializadas Federal y Estatales y de las Comisiones de Búsqueda para permitirles cumplir con sus funciones de manera eficaz.
  • Garantizar que el Poder Judicial asegure la seguridad jurídica definiendo criterios uniformes sobre la determinación de la competencia entre el actual sistema procesal acusatorio, el anterior sistema procesal mixto y los procesos penales federales especializados.
  • Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio.
  • Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data.
  • Atender la crisis forense, garantizando que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones; avanzar con la mayor celeridad, en el proceso de creación del Centro Nacional de Identificación Humana y crear Centros Regionales de Identificación Humana debidamente equipados.
  • Implementar el Banco Nacional de Datos Forenses y asegurar su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes en México y en otros países.
  • Garantizar el acceso de las víctimas, en condiciones de igualdad, a la búsqueda, justicia, la verdad y la reparación con enfoque diferencial, revisando la distribución competencial entre la federación y las entidades federativas en materia de atención a víctimas.
  • Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección para prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan, incluyendo campañas de sensibilización.
  • Garantizar la investigación de las agresiones e intimidaciones y sancionar a los perpetradores a fin de erradicar la impunidad de estos actos.
  • Fortalecer de forma inmediata el Sistema de Protección de Víctimas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Revisar la Ley de Víctimas y los criterios de asignación del apoyo aplicados por la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, con el fin de multiplicar el número de familias beneficiarias.
  • Proteger a las y a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones y establecer un programa de protección integral.
  • Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones.

En resumen, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exhorta al Estado Mexicano a que “la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto” y de forma urgente, brinde respuesta a sus Recomendaciones.

Insta a México, a sus autoridades de los tres órdenes, a hacer de la prevención, una Política de Estado que además impida violaciones sistémicas a los Derechos Humanos y combata la impunidad.

Cabe mencionar que el Estado Mexicano tiene 4 meses para presentar las observaciones que considere a este Informe. Esperemos entonces la respuesta del Gobierno de la República.

Por lo pronto, lo único que puedo compartir es mi total indignación, dolor, ira, impotencia contra lo que este desastroso delito inflige en miles de personas y sobre todo, en miles de mujeres que, de un minuto a otro, tienen que enfrentar, no sólo la incertidumbre, el desconsuelo, la angustia, la ausencia, sino también, se ven obligadas a confrontar a autoridades que las victimizan y las agreden y a sus familiares desaparecidos; además, quedan al deber de hacerse cargo de sus familias, hijas, hijos, nietas, nietos, sobrinas, sobrinos, hermanas, hermanos, padres, madres.

Y si son ellas, las víctimas de la desaparición forzada o por particulares, no podemos siquiera imaginar lo que están padeciendo donde están. Solo contamos con el relato inconcebible por punzante, inhumano y espeluznante de mujeres víctimas que han logrado escapar de lugares y situaciones peores que el infierno, quienes, por temor a las represalias, optan por no denunciar. Será por esto que, en los reportes oficiales, el delito de Trata de personas o mujeres, hace años que aparece con cero denuncias.

Bien puntualiza el Comité de la ONU, al afirmar con contundencia que, “la solidaridad y empatía con las víctimas deben ser una prioridad para la sociedad en su conjunto”. Esto es precisamente lo que pretende este texto.

Todas y todos podemos expresar nuestro apoyo, aportar y trabajar en nuestros espacios de acción y sumarnos a las voces y demandas de las familias que nunca descansan en la búsqueda de sus seres queridas y queridos. Esta es nuestra causa como personas y como sociedad.

A fines de 2020, en plena pandemia, madres muy queridas para la que relata, integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Xalapa, me permitieron, una vez más y como siempre lo haré, apoyarlas con un texto para una Placa en Honor de las Personas Desaparecidas, que fue develada en el Parque Juárez, en el centro de esta Ciudad Capital.

Una noche solitaria y silenciosa, solté la mano y redacté lo que mi corazón, mis andanzas y labores con ellas, por ellas y ellos, desde 2018, me dictaron. Enviado para su revisión y consulta, como siempre ha sido, desde el Foro ciudadano de hace 4 años, lo aprobaron generosamente y aquí lo reproduzco, como la reiteración de mi solidaridad, amor, misión y convicción por la causa que, insisto, es de todas y todos.

“A NUESTRAS DESAPARECIDAS Y A NUESTROS DESAPARECIDOS

Este es el testimonio imborrable de sus seres queridos.

El amor incambiable.

La esperanza inagotable.

La búsqueda incansable.

La lucha incesante.

A cada sol, un nuevo camino.

A cada luna, renovada la plegaria.

Siempre la presencia adorada, en la ausencia dolorida

 y la añoranza reverdecida, en las horas compartidas.

Gobiernos irán y vendrán,

Dirán y callarán,

Harán o no harán,

No nos detendrán.

No hay olvido, ni derrota.

No hay resignación, ni fragilidad.

La pena nos levanta, la indignación nos alimenta y la fe nos fortalece.

No existen fronteras ni murallas, que no podamos superar.

Sólo habrá alegría, verdad y justicia,

Cuando al fin, les volvamos a abrazar”.

 

Xalapa-Enríquez, a 2 de diciembre de 2020.

Rebeca Ramos Rella.

 

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