En broma y en serio suelo comentar, cuando se toca el tema de cuánto han robado funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del Estado, millones de pesos, que me asustan las cifras que se les atribuyen, trato de hacerme una idea de cuánto abarcará ese dinero, cómo se verá todo junto, porque en mi vida nunca he visto, constante y sonante, siquiera un milloncejo de pesos, ni en billetes chicos ni en billetes grandes.
La corrupción, pese a que es una proclama, un emblema y una prioridad del gobierno de Morena combatirla y pese a los anuncios del presidente de que ya se acabó, está vivita y coleando, pero no es fácil comprobar las raterías de pasados y presentes, aunque sus riquezas materiales luego de pasar por el poder no las pueden ocultar. Con funcionarios actuales alguna vez he platicado que equis o yes de sus compañeros hasta parecen agentes inmobiliarios con propiedades aquí y allá, en Xalapa o fuera de ella.
Estoy seguro que López Obrador se va a ir y la corrupción se quedará gozando de muy cabal salud. Lo va a derrotar, o ya lo derrotó. El 9 de septiembre de 2014, ante los 300 líderes más influyentes de México, el entonces presidente Enrique Peña Nieto dijo que se trataba de un asunto de orden cultural. “Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero de reconocer, que es una debilidad de orden cultural”.
Lo que sea, lo cierto es que la práctica está no solo totalmente arraigada sino muy refinada y que la necesidad, la audacia y la ambición económica han llegado a desarrollar al máximo el ingenio de muchos para sustraer o apropiarse de recursos públicos, o incluso extorsionar a cambio de favores para prestar algún servicio o conceder contratos de obra, sin dejar huella, pruebas, para poder llevarlos ante la ley.
Aún recuerdo que en el gobierno de Javier Duarte, la empresaria de la construcción Leonor de la Miyar, también exfuncionaria pública, denunció que en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, hasta los empleados de ventanilla cobraban moches o extorsionaban para poner un sello, recibir documentación para tramitar, agilizar su firma y hasta para sacar fotocopias, en fin. Dio pelos y señales. Dijo que a quien acudía a hacer un trámite los empleados no le pedían dinero en efectivo sino que le “sugerían” que fuera al ADO y les compraran varios boletos a Cancún, de ida y vuelta, los más caros, y se los entregaran. Así lo hacían. Luego, los empleados iban a cancelarlos y se quedaban con el dinero. Un trabajo de corrupción limpio. Los chiquitos decían que si los grandotes robaban, por qué ellos no.
Duarte dejó a Veracruz en “emergencia financiera”
En Veracruz el gobierno vive una grave crisis económica, que nos alcanza a todos los veracruzanos, producto de los actos de corrupción (no se les pueden llamar de otro nombre, por más que se traten de justificar con otros términos) que se acentuaron sobre todo en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y que se agravaron, hasta el exceso, en el de Javier Duarte, el único en prisión y su exesposa Karime Macías a punto de hacerle compañía, pero muchos de sus colaboradores quedaron impunes no obstante que le metieron en serio las manotas al cajón y dejaron al estado al borde del colapso, al grado que el 16 de diciembre de 2016, recién llegado al poder, Miguel Ángel Yunes Linares declaró a Veracruz en “emergencia financiera”, en “dimensiones que superan todo lo imaginable” y le puso nombre al niño: 56 mil millones de pesos, lo que representaba más de la mitad del presupuesto estatal entonces.
Ayer, en una declaración de prensa, el gobernador Cuitláhuac García me dejó todavía más frío. Dijo que heredó no 56 sino 59 mil 654 millones de pesos de deuda bancaria, 27 mil 553 millones más de deudas en “cuentas de orden” (como la bursatilización de la tenencia vehicular a la que se adhirieron 199 municipios de los 212, que aún enfrentan pagos), y otros 38 mil 458 millones 660 mil pesos de deudas “fuera de balance”, que se fueron generando por compromisos de pago por servicios prestados (incluyendo multas y recargos) por instituciones como el ISSSTE y el SAT, más las deudas con la UV, el IPE y la FGE.
Si se le echa pluma, el gobierno cuitlahuista recibió una deuda total por ¡126 mil 325 millones de pesos!, verdaderamente de escándalo, impagable. En su declaración, el gobernador anunció denuncias contra exfuncionarios, limitándose a las administraciones de Yunes y de Duarte, sin duda una buena intención de castigar a quienes abusaron de su responsabilidad, pero tal vez ya tarde, o demasiado tarde y, además, por lo que dijo, no tiene ninguna prueba que los impute y solo va a actuar al tanteo.
Tras dar detalles de casos, o lo que supone que sucedió, declaró: “Mi intuición me dice que ahí hay complicidad y entonces encargué deducir qué responsabilidades contra esos exfuncionarios hay”. Oootra vez la burra al trigo. Ninguna autoridad (bueno, la fiscal Verónica Hernández Giadáns a su servicio sí, por complacerlo, para eso la pusieron); ninguna autoridad va a actuar, puede actuar, proceder contra alguien solo porque el gobernador tiene la intuición de que cometió un ilícito. La parte acusadora tiene que tener pruebas y presentarlas, pero el gober dijo que ordenó deducirlas. Ya estuvo que todo se va a quedar en una declaración mediática.
Hubiera tenido un gran impacto, incluso animado a algunos a ir a votar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato a favor de ellos, si en cambio don Cuitláhuac hubiera presentado pruebas, documentos, audios, videos. Al contrario, hasta asusta, porque piensa uno que cualquier día puede tener la “intuición” de que el que llega a limpiar zapatos al palacio se llevó algo y va a intentar meterlo a la cárcel, pero sin pruebas.
¿Por qué hasta ahora, señor, cuando han transcurrido más de tres años desde que asumió la responsabilidad? Tiene que reconocérsele su buena intención. Demuestre que es usted canijo, pruebe y si lo hace no solo busque meter al bote a todos los pillos, recupere el dinero, eso más que nada, desagravie a los veracruzanos, que es a quienes le han robado su dinero y sufren la crisis por la falta de inversión en obras y servicios que les darían trabajo e ingresos.
Y Javier afirma que es una blanquísima paloma
Javiercito Ochoa no se quedó callado. Desde la cárcel le respondió al gobernador. A través de su cuenta de Twitter publicó: “Durante mi administración, toda la deuda pública bancaria y toda la deuda pública contingente con acreedores, proveedores y contratistas fueron aprobadas por el congreso del estado, las gacetas oficiales dan cuenta de ello”.
Pues claro, porque igual que como sucede ahora, los diputados locales del PRI, partido mayoritario en el Congreso, estaban a su servicio, eran sus títeres, se le arrastraban y le aprobaban cualquier cosa.
Esta vez tiene que reconocerse, aparte de si logra vincular legalmente a algún presunto responsable del desfalco de las finanzas de Veracruz; tiene que reconocerse que Cuitláhuac se la ha pasado administrando la escasez, la crisis económica y para nadie es un secreto de porque tiene a un buen administrador y financiero en la persona del secretario de Finanzas José Luis Lima Franco.
Lo que dejó claro ayer es que deuda sí existe, que no es su responsabilidad y que, aunque poco en comparación con los montos, les ha podido bajar algo: a los 59 mil millones pagó 6 mil, por lo que a 2021 era de 53 mil millones; a la de 27 mil millones pagó 5,730 para dejarla en 21 mil 822 millones, y a la de 38 mil millones ya pagó 7,608 para dejarla en 30 mil 850 millones.
Es bueno saber en dónde estamos y con qué contamos. Es grave, y un agravio para los veracruzanos, que todos los que robaron, con la excepción de uno, están impunes. Es desesperanzador que no se tengan pruebas para acusarlos, y penoso que el gobernador intente actuar solo por intuición.