Los Considerandos del Parlamento Europeo

• La violencia contra periodistas ha aumentado considerablemente
• Por tercer año consecutivo, México fue el país más peligroso del mundo
• el Gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Aunque el presidente Andrés López Obrador -para no variar- trató de descalificar las recomendaciones que le hicieron los diputados del Parlamento Europeo sobre poner fin a los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, descalificándolos de que son “borregos” que aprueban acuerdos sin leerlos, pues resulta que no es así, porque precisamente en los “considerados” de la resolución que aprobaron la semana pasada, se puede ver que si están bien informados sobre la situación en nuestro país.

Estos son los considerandos de la resolución que aprobaron los legisladores europeos sobre la situación de los periodistas en México:

1. Considerando que la violencia, las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores del medio ambiente y los pueblos y comunidades indígenas y los defensores de los derechos de las mujeres, están aumentando enormemente en México; que la violencia generalizada en México sigue intensificándose, como se mostró durante las elecciones locales y regionales de junio de 2021, y que la situación del Estado de Derecho se está deteriorando de forma grave; que un número preocupante y dramático de periodistas y defensores de los derechos humanos, en particular los que investigan casos de corrupción que implican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de cárteles delictivos de la droga, especialmente a nivel local, son apercibidos, acosados, amenazados, violados, atacados, hechos desaparecer e incluso asesinados, y vigilados por autoridades gubernamentales o grupos delictivos; que el 27 de febrero de 2022 se produjo una masacre en la que diecisiete personas fueron asesinadas;
2. Considerando que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, según diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales; que, según Reporteros Sin Fronteras, en 2021 y por tercer año consecutivo, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021;
3. Considerando que 2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados; que los asesinatos de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Heber López Vásquez o Roberto Toledo son solo algunos ejemplos dramáticos de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; que los periodistas han de soportar unas condiciones laborales deficientes y muchos carecen de acceso a los servicios de salud y atención mental; que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, según fuentes oficiales;
4. Considerando que, según la Secretaría de Gobernación del Gobierno mexicano, desde diciembre de 2018 al menos 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en México; que el nivel de violencia contra las mujeres y el número de feminicidios son elevados y que, a pesar de algunas medidas institucionales, el número de personas que han desaparecido es muy alarmante;
5. Considerando que el presidente López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno mexicano ha creado una plataforma de propiedad estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica; que, en febrero de 2022, los periodistas organizaron protestas en 13 de los 32 Estados de México exigiendo mayor seguridad y más investigaciones sobre los ataques contra periodistas;
6. Considerando que, en enero de 2022, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantenía medidas de protección para 1 518 personas, 1 023 defensores de los derechos humanos y 495 periodistas; que el Mecanismo está lastrado por graves deficiencias en lo que se refiere al volumen de la financiación y al número de empleados de que dispone, una falta de acompañamiento adecuado, una falta de coordinación con los Gobiernos estatales y retrasos en la aplicación de las medidas de protección, que a menudo costaron vidas; que al menos nueve beneficiarios que se encuadraban en el programa de protección han sido asesinados;
7. Considerando que el Estado mexicano está trabajando en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas, que se basará en una Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos e incluirá la adopción de un modelo nacional de prevención, la creación de registros nacionales de ataques y la aplicación de un protocolo nacional de protección;
8. Considerando que la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes; que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; que el Gobierno mexicano no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

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