Con todo y el duro, severo, revés que le propinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como se esperaba, al Gobierno de Veracruz (integrado por los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a la supuesta autónoma Fiscalía General del Estado, eso no fue lo más grave y preocupante que le pudo suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Lo que evidenció el palo legal (en la jerga de los abogados) fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó solo, a su suerte. Ni actuó en forma directa ni ordenó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que interviniera ante el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, o el ministro ponente de la resolución, Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que buscaran la forma de ayudarlo.
En su columna del pasado 16 de febrero (“AMLO y las recomendaciones de la CNDH para Veracruz”), Alejandro Aguirre Guerrero narró que el presidente no había tolerado una pregunta sobre el gobernador cuando le informaron de la segunda recomendación que le hacía la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por un señalamiento de abuso sexual de policías a una detenida por el caso del homicidio de una académica.
“Ojalá que por primera vez resuelva algo solo”, dijo, y cuando le informaron que la titular de la CNDH, Rosario Piedra, avalaba la recomendación, continuó: “Que lo resuelva solo esta vez, porque Rosario es seria y tiene todo mi apoyo, al igual que el propio Cuitláhuac, pero eso ya no está bien”.
No obstante el comentario-advertencia presidencial que reconocía la autoridad de Rosario Piedra, quien había recomendado al gobernador que derogara el delito de ultrajes a la autoridad, en el palacio de gobierno no buscaron corregir lo que les indicaba e ignoraron olímpicamente su petición y el domingo la mayoría de Morena en el Congreso local, al servicio del Ejecutivo, votó una iniciativa oficial que con excepción de dos ligeras modificaciones insustanciales, cosméticas, dejó íntegra la ley represiva que tiene en la cárcel a miles de veracruzanos.
Ayer, la abrumadora mayoría de ministros que resolvió, desoyó la petición del gobernador quien en una declaración de prensa y en una carta abierta les había pedido que no derogaran el delito de ultrajes a la autoridad.
Se ensancha su orfandad política
Cuando su administración ya va contra el tiempo rumbo al fin de su sexenio, la orfandad política del gobernador se ensancha pues está enfrentado con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pero tampoco lo apoyan la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, a quien últimamente se ha visto muy cerca de Gutiérrez Luna, ni el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ni la mayoría de los diputados federales veracruzanos, quienes jalan con la corriente del delegado federal de Bienestar Manuel Huerta.
Los únicos de nivel federal que lo respaldaron en el problema que se acaba de resolver fueron los senadores Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga, quienes trajeron a un pequeño grupo de sus compañeros del Senado a ofrecerle su apoyo, así como la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien, como comentó ayer “Bajo Reserva” de El Universal, publicó en las redes sociales: “como senadora con licencia por mi estado de Veracruz, reconozco el trabajo que hace nuestro gobernador, así como la gran labor de la fiscalía del estado y del Poder Judicial para erradicar la violencia y mantener el estado de derecho”, “pero salió mal parada con la comunidad en redes, que la tundió a críticas”.
El de ayer fue el segundo revés de gran calado que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno cuitlahuista, luego de que en noviembre de 2020 le echó abajo también la Reforma Electoral que había propuesto el gobernador y aprobado el Congreso local.
Ayer, tan pronto se supo la resolución de la Suprema Corte, en una conferencia de prensa en ningún momento el gobernador dijo que acataba sin reservas la determinación del máximo tribunal y en cambio anunció que enviará al Congreso local una iniciativa de ley para castigar la agresión violenta con armas contra servidores públicos.
Monreal, con altura; celebra la resolución, pero no agrede a Cuitláhuac
Un actor importante en la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, el senador Ricardo Monreal, celebró el hecho, pero en ningún momento arremetió contra el gobernador Cuitláhuac García, a quien ni siquiera aludió en forma indirecta.
Aun cuando de alguna forma la resolución de la Suprema Corte le dio un triunfo político, el legislador zacatecano se circunscribió al tema legal. Desde Torreón, Coahuila, donde se encontraba de gira, dijo que estaba contento. “Hoy estoy contento porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso ultrajes a la autoridad a través del cual se han cometido excesos y barbaridades, violaciones a los derechos humanos en Veracruz y hoy la Corte lo ha declarado inconstitucional”.
La consideró “Una victoria de quienes creemos en los derechos humanos, es una victoria de quienes luchamos por todos los inocentes perseguidos, es una victoria para la gente que está detenida y que es inocente. Hoy tendrán que cumplir esta resolución, del más alto tribunal de justicia”. Concluyó con un “¡Qué viva Veracruz!”.
Otro involucrado en el caso, el exgobernador Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y quien presidió una comisión que estaba investigando las denuncias de las víctimas del delito de ultrajes a la autoridad, hasta anoche tampoco se había pronunciado. Cabeza visible del Movimiento por la Justicia junto con la senadora Indira Rosales San Román y el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, ninguno de los tres se pronunció. El Movimiento fue creado el 6 de febrero con los mismos propósitos: buscar que se derogara el delito de ultrajes a la autoridad y que se pusiera en libertad a los detenidos por esa causa.
La titular del Poder Judicial, la fiscal y diputado guardaron silencio
Luego de que se supo de la resolución de la SCJN, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, guardó absoluto silencio. Con su determinación, los ministros la exhibieron a tal grado como para que ayer mismo con mucha vergüenza hubiera presentado su renuncia a la titularidad del Poder Judicial.
El domingo pasado, tomando partido a favor de la policía e ignorando a las víctimas, calificó de “aberrante” que se buscara derogar el delito de ultrajes a la autoridad y en forma abyecta declaró: “Comparto con el señor gobernador, la verdad es indignante lo que quieren hacer… Qué va a ser de la policía”. La Corte la apaleó también, la desautorizó y la expuso como una ignorante del Derecho por estar a favor de una ley inconstitucional o, en todo caso, como una autoridad manipulable sometida al Poder Ejecutivo y además cómplice de los atropellos contra la población veracruzana.
De igual forma, tampoco dio la cara la fiscal Verónica Hernández Giadáns, responsable directa de haber ordenado la detención de miles de veracruzanos y de tenerlos encarcelados, quien igual debió haber presentado su renuncia al cargo ayer mismo para responder por la responsabilidad de los atropellos cometidos.
Otro que se escondió fue el diputado local Luis Antonio Luna Rosales, quien a nombre del grupo legislativo de Morena en el Congreso local había salido a defender la vigencia del delito de ultrajes a la autoridad con el argumento de que no era una “necedad” sino una “necesidad”.
El Gobernador no dijo cuándo procederá a la derogación
En su conferencia de ayer, el gobernador Cuitláhuac García no anunció cuándo enviará la iniciativa para que se derogue el multicitado delito.
Para el incumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos agotaron hasta el último momento legal antes de simular que acataban la indicación, y ahora no se sabe cuándo procederán con una resolución cuyo cumplimiento es obligatorio.
Pero el tema no se ha agotado. Viene ahora todo lo relativo a la liberación de los encarcelados por el delito que acaba de derogar.