“Donde hay poca justicia es grave tener razón.” – Francisco de Quevedo.
Una misiva enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sirvió para que funcionarios veracruzanos pretendieran públicamente hacer mofa del mensaje enviado al dignatario.
Fieles a su tradicional costumbre, empleando a sus corifeos para pitorrearse del mensaje en redes sociales, la carta signada por activista Bryan Carlos LeBaron Jones, daba cuenta de un par de hechos en los que se acusa directamente a dos gobernadores de estar encubriendo hechos vinculantes con el crimen organizado.
LeBaron Jones señala en primera instancia al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco a quien fotografías lo colocaran al menos flanqueado por tres líderes de grupos criminales en la zona de influencia donde mandata.
En otro punto de la carta de al menos tres cuartillas, el activista norteamericano, es puntual y preciso al señalar la aparición de 9 cuerpos en una carretera estatal Isla-Santiago Tuxtla, y un vídeo en el que supuestos criminales acusan al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos de apoyar a un cártel para entrar a Veracruz.
El documento enviado a la Casa Blanca, tiene por objeto solicitar se apoye al presidente Andrés Manuel López Obrador para erradicar los narco-gobiernos, mensaje que en sí mismo lleva un claro e implícito señalamiento, pues, es el actual gobierno, quien con mayor permisividad ha facilitado el crecimiento de la violencia y del crimen organizado –según refieren organizaciones no gubernamentales, cifras oficiales, y analistas-.
La carta que sirvió para pitorrearse y mofarse del activista, llevó a algunos actores políticos a caer en el garlito de salir en defensa de lo indefendible, al grado tal de exigir que no se busque intervención de gobierno extranjero, pues México es un país soberano, como señalará la legisladora federal Ivonne Angélica Cisneros Luján.
Olvidando que quien envió la misiva es ciudadano norteamericano avecindado en nuestro país –cuenta con doble nacionalidad- en pleno uso de uno de sus derechos conferidos en la primera enmienda de su Constitución, la cual por cierto regula: Libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión.
Ridículo es pensar que el mensaje no sea tomado en cuenta, cuando fue precisamente a esa familia a la que le masacraron 9 integrantes aquel 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.
Una vez más mal asesoran al gobernador Cuitláhuac García, quien continúa confiando a ciegas en el mismo personaje que está siendo señalado de tan graves acusaciones.
Por simple prudencia política el mandatario veracruzano debió solicitarle al señalado licencia de su encargo, para entonces facilitar a las autoridades federales investigar hasta dejar sin lugar a duda su reputación.
Pero como no salen de Guatemala para entrar a Guatepeor, la huida de fin de semana, el sábado, a chapear camellones de avenidas en Xalapa, desdeñando Foros para el análisis de la Reforma Eléctrica, o el domingo, a la Ciudad de México, obedeció más a escapar de los cuestionamientos por el asesinato de un periodista más en la entidad.
Y es que el homicidio de José Luis Gamboa Arenas habrá de ser un dolor de cabeza más para la actual administración, que, a ello, habrán de sumar, las investigaciones que continúa el Senado compilando por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas detenidas bajo el delito de “ultrajes a la autoridad”.
O será acaso que, así como el senador Ricardo Monreal se reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estos buscaron un contrapeso directamente en las puertas de Palacio Nacional, claro, mientras en la Embajada de Estados Unidos en la capital, continúan recabando información respecto a lo señalado por un ciudadano del que los orondos funcionarios, pretendieron pitorrearse.
Si bien dice el refrán popular “el miedo no anda en burro”, ahora “viaja en camioneta blindada y con un séquito de escoltas”, afirman.
Al tiempo.
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