“El apresuramiento es padre del fracaso.” – Heródoto de Helicarnaso.
El 13 de marzo de 2021 que el Gobierno del Estado de Veracruz a través de su Fiscalía General de Justicia –la cual se supone es autónoma- ejecutó a petición de parte, la detención del ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.
Con él se implementa la impartición de una justicia selectiva y a modo, pues el Congreso Local había modificado el Código Penal del Estado para convertir en grave un delito, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había ya tipificado de anticonstitucional.
Así el delito de “ultrajes” el cual se ha empleado en todos los regímenes totalitarios o dictatoriales para castigar y mantener a raya a la sociedad reapareció en la entidad como instrumento de presión tanto política como judicial, para con ello, acabar con cuanto enemigo saliera al paso.
De esa manera, a Franco Castán lo retuvieron y hasta hoy lo mantienen confinado en un penal -como es La Toma, en Amatlán de Los Reyes- acusado de ultrajes y mil inventos más, gracias a que la jueza de control, tuvo a bien, seguir las instrucciones que le dictaron desde la Secretaría de Gobierno.
La consigna acabar con el dirigente político de oposición, pero, sobre todo, cobrarle una vieja afrenta que le calaba al gran tlatoani de la 4T.
Y es que, si algo no perdona, Andrés Manuel López Obrador es que lo contradigan, y su salida del PRD propició en el caso Franco, que el rencor lo envileciera, por el simple hecho de no haber permitido en 2016, que ganara su candidato Cuitláhuac García Jiménez, quien a la postre perdió la elección con el viejo lobo de la política, Miguel Ángel Yunes Linares.
Un grave error de estrategia política de ambos personajes, porque si lo hubieran dejado pasar, Cuitláhuac solo hubiera gobernado dos años, y posiblemente, Yunes Linares los 6 del mandato regular siguientes, ese que hoy detenta el mismo Cuitláhuac García Jiménez.
Y es que los errores de su actual gobierno han quedado evidenciados en miles de notas, reportajes y crónicas periodísticas, provocando que seguramente en un gobierno bianual con malos resultados, es que nadie, pero nadie, en su sano juicio hubiera vuelto a votar por dicha propuesta.
Recientemente un político de carrera, sensato, serio, respetuoso, pero a la vez testarudo, bronco y enérgico se ha pronunciado precisamente por señalar que en Veracruz se están violando los derechos humanos de las personas, por la implementación del delito de “ultrajes” a la autoridad.
Ricardo Monreal Ávila, el senador zacatecano, ha sido muy claro y específico al señalar que la detención violenta de al menos 6 jóvenes acusados del nuevo delito protector del estado, atenta gravemente contra los derechos humanos de estos jóvenes. https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/3144261639232780
Las baterías están listas y puestas sobre el poder Judicial del Estado y su presidenta Isabel Inés Romero Cruz, sobre la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, y de paso sobre quien las alienta y apapacha, el secretario de Gobierno, E. Patrocinio Cisneros Burgos, a quien ya le preparan nuevo expediente por el extraño negocio que afirman tiene en eso de las pistas de patinar colocadas en 6 puntos del estado.
Bien dice el dicho popular, “quien nace para maceta, no pasa del corredor” y algo así prepara Monreal contra estos personajes.
Al tiempo.
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