Los resultados del proceso electoral 2021 y el largo período que le sobrevino al desahogo de recursos por las impugnaciones presentadas, dan cuenta de que era indispensable aprobar las reformas que hicieron ley la paridad, sin embargo queda claro que las leyes son solo una parte del proceso de transformación de los órganos de representación pública dadas las prácticas patriarcales tan arraigadas que derivan en múltiples resistencias que obstaculizan el reconocimiento de que integrar en forma equitativa los poderes e instancias de toma de decisiones públicas no implican que un sexo ceda poder a otro, sino que un órgano constituido sea enriquecido con una participación igualitaria entre quienes lo componen.
El poder no le pertenece a ningún sexo, sino que yace en el equilibrio de su integración para la representación. Este no es el juego de las sillas donde se paran unos y se sientan otras.
Por ello es que una vez que se ha cumplido con la paridad requerida en los Congresos Federal y estatales, hemos de ir hacia el siguiente peldaño en la escalera de derechos que vamos subiendo.
Más allá de la paridad, la meta está colocada en la igualdad sustantiva que busca un cambio en las condiciones de vida de miles de mujeres que en el mundo siguen siendo las más pobres entre las pobres, las más marginadas, las más violentadas. Ellas, nosotras, todas, tenemos que saber que otra forma de relacionarnos socialmente es posible si logramos construir un modelo en donde las mujeres y los hombres seamos auténticamente iguales y nuestros derechos tengan el mismo valor.
Ahí es en donde hay que enfocarse, ya que hasta hoy el acceso de mujeres a espacios de representación en condiciones de paridad no ha significado la disminución de la brecha que separa a las mujeres de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Proponer, dictaminar y aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres, es un acto de justicia social que atiende a los análisis coyunturales de los problemas públicos de urgente resolución.
Pero ese compromiso de las legisladoras que son la mitad de los órganos que hoy son paritarios debe verse también reflejada en la construcción de mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el Poder encargado de velar por el cumplimiento de las leyes.
Para este efecto, existe a nivel nacional la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, que corresponde al marco regulatorio internacional (Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo No. 190) y a la legislación nacional impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres como una herramienta que busca establecer los mecanismos que garanticen la eliminación de prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres al interior de los espacios laborales, para garantizar con ello la igualdad entre el personal que se desempeña en el Congreso, tanto en los espacios administrativos como técnicos, buscando además propiciar las condiciones necesarias que permitan erradicar todas las formas de violencias que pueden llegar a tener lugar en estos entornos.
Es indispensable ir hacia la certificación de los Congresos con esta Norma que considera aspectos como: contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que se haga efectiva a través del funcionamiento de un Comité instalado para tal efecto y que valide los procesos de contratación de personal, de ascenso y permanencia y de capacitación, garantizando que los nombramientos sean otorgados conforme corresponda, no violentando los derechos laborales de ninguna persona que trabaje dentro del Congreso, garantizando instalaciones inclusivas y libres de violencias y que promueva el uso del lenguaje no sexista.
Acorde con esa Norma vigente, es indispensable que todos los Congresos cuenten con un Protocolo para el Acoso y el Hostigamiento Sexual así como la respectiva instalación del Comité en contra de la discriminación que garantiza igualdad en el trato entre quienes laboran en los poderes legislativos y vela también por la igualdad salarial, entre otros aspectos.
Esa transversalización de la perspectiva de género también debe hacerse palpable en cada uno de los espacios internos de la vida laboral del Poder Legislativo con una serie de acciones orientadas a promover la igualdad, promoviendo el respeto pleno a las diversidades, brindando además atención al personal que labora para el cuidado de su salud mental y psicológica, apoyando las maternidades y paternidades, que incluya espacios dignos para lactar y para la niñez y garantizando un entorno inclusivo, sostenible e igualitario.
Así pues, es momento de hacer valer la paridad legislativa ganada, para traducirla en igualdad sustantiva.