Jueces a favor de la trata

La agresión contra la ley proviene de los propios encargados de aplicarla, y esto se convierte en un viejo problema que no tiene a la vista solución, porque el Poder Judicial se autorregula por ellos mismos, con su autonomía e independencia que no hace más que preservar los vicios sin autocrítica ni honestidad.
Esta vez queda en estado vulnerable la trata de menores ante la flexibilidad de las leyes para favorecer a quienes practican este delito, con la complicidad de jueces que les venden impunidad.
La periodista mexicana Lydia Cacho, exiliada en España, denunció que este 23 de septiembre un tribunal dejó sin efecto la orden de detención en contra del empresario Kamel Nacif Borge, a quien había señalado como parte de una red de pederastas y que incurrió también en la persecución de la periodista, con la ayuda del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
Luego de toda esta hazaña de la periodista, quien mostró la complicidad entre pederastas, autoridades y jueces, se convirtió en activismo ante la pasividad de las autoridades que tenían en sus manos detener este crimen.
Su lucha no se detuvo luego de ser secuestrada y torturada por los cómplices de Kamel Nacif y el “gober precioso”, ella escribió el libro “Los demonios del Edén”, donde exhibe evidencias de la participación de éstas y otras distinguidas autoridades de los sexenios anteriores.
Cacho interpuso un amparo contra la liberación del empresario, conocido como el Rey de la Mezclilla, siendo el último recurso para mantener su sanción abierta; sin embargo, la escritora denuncia también la corrupción del Estado mexicano que permite este tipo de violaciones a la ley.
Cacho Ribeiro destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos, por tercera vez en 15 años, la posibilidad de proteger a las víctimas de explotación sexual y pornografía infantil, y a ella como sobreviviente de tortura y marginación de la justicia.
La revista Contralínea señala: “En México se han registrado 4 mil 374 víctimas de trata entre enero de 2015 y febrero de 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras oficiales indican que, en 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se anotó el número más alto de víctimas de trata con 1 mil 171; le siguen: 2016, con 782; y en 2018, con 574. Luego, ya en la administración actual, en 2020 con 673. Mientras que los años en que bajaron los casos fueron: 2019, con 544 víctimas, y 2017 con 573. Y en lo que va de este 2021 se lleva un registro de 95”.
Lydia Cacho denuncia también el hecho de que la FGR retire la ficha roja contra el empresario, señalado por planear su tortura en 2005.
Asimismo, la periodista responsabilizó a la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo, de ordenar la liberación de Kamel Nacif, quien había sido detenido en Líbano, por lo que fue cesada de su cargo, según informó la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura Federal.
La periodista se pregunta si las autoridades también liberarían al exgobernador de Puebla Mario Marín, acusado de pedofilia, y si los nuevos criminales también contarán con la protección del Estado ante una violación flagrante a los derechos de miles de niños y niñas.
La corrupción entre la mayoría de los jueces pareciera convertirse en una epidemia contagiosa, ya que no hay estado de la república donde no hayan incurrido, algunos de ellos, en un acto de corrupción, vicio que se practica desde hace muchos años, que otorga ley y justicia sólo a quienes tienen el dinero para comprar la impunidad.
Con el pretexto de la autonomía de los poderes, no hay fuerza humana que pueda erradicar los vicios del Poder Judicial, que si bien está sujeto al Consejo de la Judicatura, éste no se da a vasto a la hora de poner orden en la impartición y administración de justicia que, en la mayoría de los casos y temas, está en manos de corruptos.
Hay delitos que no pueden continuar, como este de urgente erradicación y castigo, pero que la frágil moralidad de los jueces hace imposible un nivel de vida más elevado para los mexicanos. Porque no sólo son enemigos de las víctimas que suelen criminalizar, sino del país entero, porque impiden que el Estado de Derecho exista y todo para favorecer sus bolsillos.
El caso de Lydia Cacho es sólo un ejemplo de lo que jueces y magistrados hacen contra México y los mexicanos. PEGA Y CORRE. – El gobernador electo de Querétaro anunció que repartirá paneles solares en apoyo a la reactivación de pequeños negocios. Aseguró que será mejor gobernador que su antecesor, también del PAN, y dijo que busca atraer a fabricantes de semiconductores que reduzcan las regulaciones para abrir una empresa. Ahora todos los queretanos serán empresarios… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

angelalvarop@hotmail.com

Related posts

Cuitláhuac carga con su basura

La oposición se queda sin curules

Claudio, el nini tóxico