Fue asesinado el locutor y reportero Jacinto Romero Flores. No sólo lo mató la violencia, o la verdad plasmada en sus palabras o su voz, lo mató la indiferencia de las autoridades, la falta de responsabilidad de los encargados de hacer justicia y la austeridad del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Un comunicador más muere asesinado en Veracruz sin que haya resultados sobre las investigaciones de tres asesinatos anteriores desde la llegada de Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura del estado, a quien pareciera que se le quita un peso de encima cada vez que muere un periodista.
Jacinto Romero Flores fue asesinado a balazos la mañana de este jueves 19 en la Unidad Habitacional de Potrerillo en Ixtaczoquitlán, en la zona montañosa de Veracruz. Era locutor del noticiero radiofónico más escuchado en el centro de Veracruz, a través de Oristereo.
El periodista había denunciado amenazas de muerte en su contra desde el mes de marzo de este año por parte de autoridades municipales y de elementos policíacos. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, las amenazas comenzaron tras reportar abusos policiales en el municipio de San Juan Texhuacan.
Testigos señalan que un vehículo le cerró el paso y le dispararon a quemarropa. De acuerdo con medios locales, el cuerpo del periodista quedó dentro del automóvil en el que viajaba, el cual estaba plenamente identificado como “prensa”. Se sabe que Romero había salido de su hogar y se dirigía a sus labores en la radiodifusora donde prestaba sus servicios.
En 2018 se corrió el rumor de un posible secuestro de Jacinto Romero, luego de revelar una serie de ilícitos de los cacicazgos de los alrededores en los poblados de San Juan Texhuacan, Mixtla de Altamirano, Los Reyes y Tequila.
Las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se han convertido en cómplices de estos asesinatos, porque el comunicador se confía en la eficacia de un organismo que -se supone- está comprometido con la integridad de sus protegidos.
Sin embargo, todo parece indicar que la intención es dejar sin protección a los periodistas, de tal suerte que los obligan a recurrir a amparos para continuar bajo el resguardo de un Mecanismo que no garantiza ninguna seguridad.
De la misma manera, los cambios y rotaciones de los elementos de seguridad que protegen a los comunicadores, en vez de beneficiar, desestabilizan la confianza en el Mecanismo y aumentan la vulnerabilidad de los comunicadores porque periódicamente envían nuevos custodios que, además de desconocer las rutinas de los hombres y mujeres amparados en este esquema de sobrevivencia, no cuentan con la experiencia y capacidad para proteger una vida.
El Mecanismo ha creado un esquema de protección que nulifica la confianza entre el protegido y los escoltas, porque cuando estos empiezan a conocer los lugares que se frecuentan, la gente de confianza que rodea al periodista, a sus familiares y amigos, son cambiados y envían a otros a quienes hay que enseñar de nuevo la dinámica de la vida del comunicador, sobre todo porque se trata de periodistas que han sido amenazados o han sufrido atentados con anterioridad.
Los periodistas que están inscritos al Mecanismo no solicitan esta protección porque necesiten compañía, sino porque han sufrido agresiones por causas relacionadas con el desempeño de su trabajo y esto pareciera todavía no lo entienden quienes están al frente de este organismo.
La semana pasada la periodista del estado de México, Teresa Montaño, colaboradora del semanario Proceso, sufrió un secuestro exprés, robo y amenazas de muerte. Teresa Montaño fue interceptada el viernes por la noche sobre la vialidad Adolfo López Mateos, en el municipio de Zinacantepec, por la laguna de los Ojuelos.
El Congreso Nacional de Comunicación Indígena, El Observatorio Ciudadano de Género y Corazones Diversos del Estado de México AC., condenaron la persecución política contra la periodista Teresa Montaño “por decir la verdad”.
En ese sentido hicieron responsable al gobierno del Estado de México, a la Legislatura mexiquense, al Ayuntamiento de Toluca y quien resulte responsable “por la persecución política de la que es objeto, solo porque incomoda con las investigaciones que realiza”.
Ante estas agresiones el Mecanismo ni siquiera se pronuncia, se anula como ente protector de periodistas, y carece de voz para que los agresores de los comunicadores sepan que existe, que no es tan fácil agredir a los compañeros; pero ni siquiera son capaces de pronunciarse para que se conozca su existencia.
La muerte de Jacinto Flores, en Veracruz, expone en su más cruda realidad la indiferencia de un Mecanismo encargado de proteger a los periodistas, pero también de la ineficacia de un gobierno estatal que lleva el primer lugar en asesinatos de periodistas en el país en lo que va de la actual administración. Nadie hace nada y los periodistas caen en las calles muertos, dejando un drama tras de sí, sin que haya investigaciones sobre el caso y ni qué pensar de detenidos o sentenciados, en Veracruz quien mata a un periodista tiene garantizada la impunidad.
PEGA Y CORRE. – De nuevo hay interesados en que las elecciones se ganen en los tribunales y no en las urnas. El recuento de voto por voto en la elección de Campeche dará una lección a los saboteadores de la democracia, a menos que haya mano negra… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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