La pugna entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificados por sus juicios parciales, donde por 19 mil pesos quitan una candidatura, pero por 54 millones cobran sólo una multa, descubre la podredumbre que existe en el Poder Judicial.
A José Luis Vargas Valdez, quien fungiera como presidente de ese Tribunal, se le habían descubierto problemas financieros. El 19 de febrero de 2020 y el 22 de junio de 2021 la UIF presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, porque sus declaraciones patrimoniales eran inconsistentes.
En los diferentes cargos públicos, desempeñados entre 2013 y 2018, declaró ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, y gastó 36 millones 487 mil 433 pesos. Su esposa también está involucrada por recibir depósitos sin declarar a Hacienda y realizar transferencias al extranjero enviadas a empresas fantasma.
Otra acusación contra Vargas Valdez es por el delito de enriquecimiento ilícito. Apenas se estaba sacudiendo el lodo que ocasionaron sus malos manejos, cuando sus compañeros magistrados lo destituyeron como su presidente para colocar a alguien peor, Reyes Rodríguez Mondragón, identificado con la administración de Calderón.
En ese mismo Tribunal días antes se había detectado que las tarjetas de crédito que les fueron otorgadas a dos de esos magistrados para utilizar en los viáticos de las giras de trabajo, las utilizaron en tiendas departamentales, licores finos, espectáculos y cine.
Los magistrados electorales ya no reconocen la autoridad de su presidente en el Tribunal, a grado tal que lo dejaron plantado en una reunión a la que convocó Vargas Valdez. Los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante coincidieron en que Vargas Valdez no tiene facultad alguna para emitir convocatorias ni de sesiones ni de reuniones.
La impartición de justicia se convierte en un verdadero barril sin fondo de malos manejos, traiciones, corrupciones, extorsiones, que debería ser extirpado. La situación está tan mal que entre ellos mismos se pelean, porque en esos pleitos van de por medio muchos millones de pesos; si no que le pregunten a otros jueces, por ejemplo, los del Tribunal Superior Agrario, donde un juez del Tribunal Superior Agrario, en Chetumal, del Distrito 44, Aldo Saúl Muñoz López dio un fallo totalmente absurdo al cambiar un ejido de municipio, como si la tierra fuera posible colocarla en otro sitio, así lo determinó con un predio que pertenece a un municipio de esa entidad y lo clasificó dentro de otro sólo para beneficiar a empresas particulares como Land Management S.A. de C.V. y Alfil Construcciones S.A. de C.V.
Es decir, en todos los tribunales hay corruptelas que se habían ocultado ante el temor y la presión de los interesados, pero no son todos los casos, hay jueces que incluso fabrican delitos y están al servicio de las autoridades para quitarles de encima a los contrincantes políticos, sobre todo en vísperas de elecciones, como sucedió en el estado de Veracruz con Rogelio Franco Castán, quien fuera secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes, y para evitar que compitiera por una diputación federal por el PRD, la jueza Alejandra Castellanos determinó vincularlo a proceso y mantenerlo ocho meses en prisión, bajo un delito controvertido hasta en la suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado ultrajes a la autoridad.
También en Veracruz, y por órdenes expresas del gobernador del estado, al exalcalde de Tihuatlán y candidato para el mismo cargo, la jueza de control Verónica Portilla Suazo, le imputó cuatro delitos del fuero común -sin comprobar- al también perredista, y donde volvió a aparecer el delito sacado de la manga, llamado ultrajes a la autoridad.
No cabe duda de que cuando las comadres se pelean sacan sus trapitos al sol, y en el Poder Judicial hay mucha podredumbre, la legalidad se separó de la justicia y sus trabajadores en lugar de tomar las leyes como guía de su trabajo se dedicaron a venderlas al mejor postor.
Como diría el presidente, deberían renunciar, pero no sólo los magistrados de lo electoral sino todos los jueces a quienes se les encuentra el mínimo detalle de deshonestidad, claro, bajo el riesgo de que no quede nadie, pero hay muchos mexicanos preparados y con el perfil, capaces de entrar a estos cargos no sólo con mayor responsabilidad sino con mayor capacidad, porque a los que hay el vicio de la corrupción les impidió no sólo aplicar la ley correctamente sino actualizarse.
Los mexicanos estamos a expensas de la injusticia que quieran regalar jueces que no deberían estar en ese lugar, la existencia de presos sin sentencia comprueba la incapacidad de gobiernos y autoridades judiciales para hacer bien su trabajo. En realidad, deberían renunciar todos. PEGA Y CORRE. – Silvano Aureoles deberá dar explicación sobre el pago suspendido a 32 mil profesores de Michoacán, que en protesta tomaron alcaldías, tesorerías municipales de las 22 regiones sindicales de la entidad y tomaron las casetas de la autopista México-Guadalajara de Panindícuaro y Zinapécuaro… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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