A la memoria de
Norma Riego
“Castigar el aborto es una acción que atenta en contra de la salud de las personas y contra las clases de escasos recursos”. Esto lo dijo Ofelia Domínguez Navarro en 1936 al presentar la ponencia titulada “Aborto por causas sociales y económicas” como parte de la Convención de Unificación del Código Penal.
Esta referencia da cuenta de que la búsqueda por reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo cumple un siglo, luego de que desde 1871 el aborto es considerado un delito, siendo que el artículo 571 del Código Penal de ese año penalizaba el aborto consumado, exceptuando de sanción desde entonces al aborto por violación.
Esta es una práctica milenaria que ha sido poco documentada. Si acaso hay datos que revelan que durante la Colonia existía un Departamento de partos ocultos al cual eran canalizadas las mujeres españolas que concebían hijos fuera del matrimonio y que entregaban a sus hijos a la Iglesia, lo que evidencia que desde siempre el aborto ha sido un privilegio de clase, pues para las mujeres indígenas y pobres las costumbres ancestrales dan cuenta de todo tipo de procedimientos destinados a interrumpir los embarazos no deseados que van desde la toma de infusiones hasta la introducción de dispositivos por el útero que desprendían el feto, desgarrando a las mujeres por dentro hasta provocarles la muerte, prácticas que siguen siendo realizadas en algunos contextos.
Fue hasta la “Revolución Sexual” y gracias al empuje de la tercera ola feminista en México que estos afanes reivindicativos cobraron de nuevo fuerza. En los años 70 la discusión se colocó al centro de la mesa gracias al ejercicio de la sexualidad libre de las juventudes de entonces, que hicieron realidad el concepto de “maternidad voluntaria”, proceso al que se sumaron las políticas públicas de salud y población que buscaban disminuir la tasa de natalidad asociada a la explosión demográfica, por lo que impulsaron una estrategia que vino acompañada de aquella campaña cuyo eslogan era “la familia pequeña vive mejor”.
Momentos de excepcional relevancia en ese largo camino fueron la Primera Jornada Nacional sobre Aborto de 1976, el Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria de 1979, la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto de 1991, y la campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres de 1998.
Lo cierto es que el cuerpo de las mujeres ha sido desde tiempos inmemoriales territorio de la dominación patriarcal. Lo ha sido así desde la visión judeo-cristiana que cuenta que fue una mujer la que tentó a Adán vinculando al pecado con la carne. Pero lo ha sido también a través del recurso de borrarnos de la historia como no-protagonistas de los aconteceres, condenándonos al desempeño de un rol ornamental que durante siglos ha sido reforzado. Luego vino la visión del liberalismo que nos confinó a la vida privada, ocupadas en forma exclusiva de lo doméstico y del cuidado familiar. Todo éste ha sido un largo camino en el que fuimos desposeídas de todos los derechos, por los que hemos tenido que ir luchando para conquistarlos uno a uno.
Hoy que ya podemos estudiar lo que queremos, que ya podemos tener propiedades a nuestro nombre, que ya podemos votar y ser votadas, que ya podemos ir a la luna…aún se nos niega nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
El hecho que cambió la discusión pública sobre el aborto fue el caso de Paulina, una niña de 13 años víctima de abuso sexual en el año 2000 y que solicitó –junto con su madre– autorización para interrumpir su embarazo. Paulina fue obligada a llevarlo a término y acabó siendo, en contra de su voluntad, una madre-niña obligada a vivir una vida que no era la suya.
El caso de Paulina derivó en la “Ley Robles”, que permitía el aborto en el entonces Distrito Federal ante tres causales, antecedente que permitió que en 2007 la Asamblea Legislativa despenalizara el aborto para las primeras 12 semanas de gestación.
Desde entonces, para las mujeres que quieren practicarse un aborto con condiciones sanitarias óptimas y que pueden pagarlo, viajar a la Ciudad de México es la ruta más segura. Tan solo en 2020 el portal de Datos Abiertos del gobierno de la ciudad registró que se efectuaron ocho mil 784 procedimientos, mismos que son 42.37 por ciento menos de los que tuvieron lugar en 2019, presuntamente por la covid-19.
En Veracruz, el camino hacia la despenalización ha estado también lleno de escollos. La aprobación de la despenalización en la Ciudad de México abrió el debate para una reforma en las entidades federativas, lo que provocó que el “lobby” antiderechos comenzara a ejercer presión al más alto nivel, desde el púlpito de las Iglesias y a través del poderío económico y político de sus miembros, para evitar a toda costa que esta discusión ocupara espacio en la agenda legislativa de nuestra entidad.
Es justo reconocer la iniciativa para despenalizar que presentara en la LIX Legislatura la perredista Yazmín Copete. O la defensa pública y en tribuna realizada en torno al tema por parte de la finada perredista Margarita Guillaumín y de la priista Dalia Pérez, ambas diputadas integrantes de la LXI Legislatura. Y la Iniciativa presentada por la legisladora morenista Tanya Carola Viveros, antecesoras en el impulso de este derecho y pertenecientes todas a Congresos en su mayoría masculinos, en donde las suyas eran voces minoritarias que no contaron con el respaldo ni de sus bancadas ni del resto de quienes integraban el Poder Legislativo.
La historia progresista de Veracruz tiene un antes y un después a 2016, año en el que el entonces gobernador Javier Duarte impulsó la reforma al artículo 4º de la Constitución veracruzana, en la cual se promueve la “defensa de la vida desde la concepción”, aprobación corporativa que provocó el rechazo público y en tribuna de las entonces diputadas Mónica Robles y Ana María Condado, pero además el señalamiento de ser regresiva y revictimizante por parte de organismos no gubernamentales y de la propia ONU.
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por ello ante la Suprema Corte de Justicia, más otros recursos jurídicos que desde entonces fueron presentados para evidenciar lo regresivo de esa medida, dan cuenta de la larga lucha que se ha emprendido por parte de organizaciones de la sociedad civil, que a raíz de ello solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la declaratoria de una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado por la restricción al derecho a la salud y la limitación a los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado veracruzano a las mujeres de esta entidad.
Esta batalla ha estado acompañada en cada momento por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia Derechos Humanos y Género y las organizaciones feministas estatales y activistas que estamos integradas en el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, sin los cuales hubiera sido imposible obtener un resultado favorable.
La reciente aprobación de la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo y que introduce la causal salud y que considera una sanción para el aborto inducido, hace que Veracruz se convierta en el cuarto estado del país en legislar en la materia y con ello permite que la LXV Legislatura no incurra en la omisión en la que sí incurrió su antecesora, en la que la doble agenda moral de quienes eran mayoría, bloqueó el cumplimiento del mandato legal de realizar esta reforma.
El que la diputada Mónica Robles haya presentado la Iniciativa de reforma la semana pasada, supongo que fue un riesgo difícil de asumir luego de la persecución, amenazas y agresiones a que se expuso cuando el año pasado impulsó la reforma al Código Civil que incluía, entre otros temas, el matrimonio igualitario, lo que devino en ataques cometidos por los grupos anti derechos que operan con total belicosidad y agresividad. Pero colocado en la balanza, pesa más la justicia social, la auténtica defensa de los derechos de las mujeres y la responsabilidad por atender un problema público que ya no admite dilaciones.
Celebro el valor, el coraje y la congruencia de quienes finalmente decidieron apoyar una iniciativa que no corresponde con la agenda política de ningún partido, pues se trata de un acto de justicia social. Partidizar la postura de cada legislador o legisladora en temas de derechos es un absoluto error de cálculo político y es una incongruencia social.
Lo sabemos las activistas que hemos acompañado este largo andar pese a también haber sido violentadas, incluso institucionalmente, por asumirnos defensoras del derecho a decidir. Lo saben las mujeres veracruzanas que han callado sus abortos por miedo al rechazo. Lo saben las y los médicos que han visto en sus quirófanos a niñas ser madres. Y lo sabe Diana Patricia, que mientras hay quienes banalizan la discusión planteando la pregunta de ¿estás a favor o en contra?, ella está encarcelada, dado que por la brutal golpiza que su marido le propinó, tuvo un aborto espontáneo a los seis meses de gestación y hoy él está libre y ella permanece privada de su libertad.
No puede ser pro vida nadie que desde sus condiciones de privilegio, pretende acotar los derechos de otra persona. Son antiderechos. Llamémosles por su nombre.
@MonicaMendozaM