Raymundo Riva Palacio
De manera innecesaria, el Ejército se metió en un problema político… y de censura. Le quiso arreglar un problema de imagen al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo empeoró al dar a conocer el decomiso de un paquete con casi 3 kilogramos de cristal, una droga sintética con valor de mercado de 83 millones de pesos, que eran transportados en un autobús de pasajeros en el trayecto entre Apatzingán y Buenavista, en la Tierra Caliente michoacana. El problema de este episodio fue detonado, paradójicamente, por la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, que dio a conocer las fotos originales del decomiso: el autobús tenía el logotipo de Morena, que había sido borrado por los militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha mantenido callada pese a las críticas y las burlas. Poco tiene que decir, porque cualquier explicación es irrelevante. Borraron el logotipo del partido en el gobierno en un vehículo que transportaba 14 bolsas con droga, en medio de acusaciones de Morena como beneficiaria electoral del apoyo de los cárteles. El Ejército no tenía necesidad de borrar nada, o cuando menos, aquel Ejército que conocíamos, el institucional, el que siempre respetaba al Presidente, pero se respetaba a sí mismo y actuaba con los intereses de la nación por encima de todo. Hoy, con el general Luis Cresencio Sandoval al frente de la secretaría, las cosas han cambiado.
El secretario de la Defensa quizás no entiende mucho de política o le han llenado las manos al Ejército con tantos negocios, que tiene nublada la perspectiva estratégica. Su preponderante papel en la administración del presidente López Obrador, como afirman en Palacio Nacional, radica en que el general le dice a todo que sí. Y cuando no le pide nada, también dice que sí, como cuando el secretario de la Defensa respaldó el proyecto político-ideológico de López Obrador, con lo cual, por descarte, avaló todo lo que dice y hace el Presidente en contra de quienes piensan distinto a él, sin importar que a veces viole la ley.
La frase que define al general Sandoval la pronunció el pasado 9 de febrero en el aniversario 107 de la Marcha de la Lealtad, cuando aseguró: “Las Fuerzas Armadas hacen suyos los ideales de transformación y reiteran su incondicional lealtad a su proyecto de nación”. El proyecto incluye que los soldados se vuelvan albañiles, distribuidores de medicinas, policías de crucero y le hagan el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, para convertir auténticamente a México en el ideal norteamericano, un buffer state que sirva de contención y filtro para lo indeseable en su territorio.
La lealtad al Presidente y a su proyecto de nación, como lo fraseó, va más allá de la institucionalidad y se acerca a la complicidad. Lo que el general no se ha dado cuenta es que el Presidente puede decir que les tiene aprecio, respeto y agradecimiento, pero son meras expresiones. En los hechos, el Presidente desprecia a las Fuerzas Armadas y mantiene su vieja idea de desaparecerlas. López Obrador engaña con las palabras, y en función de cómo se escuchen y procesen, se responde. El secretario de la Defensa ha reaccionado con una entrega total al Presidente, sin que esté viendo por la institución en el largo plazo. López Obrador ha estado anticipando su deseo por desaparecer a las Fuerzas Armadas desde hace varios años. La última vez, en una entrevista con La Jornada en julio de 2019, cuando afirmó con candidez: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército, y que la defensa de la nación, en el caso que fuese necesaria, la haríamos todos”.
En los altos mandos de la Secretaría de la Defensa vieron con preocupación las declaraciones del Presidente, que repetía incluso desde antes de asumir el poder, pero conforme fue llenando las arcas militares de recursos, contratos y negocios, las críticas fueron evaporándose. En este espacio se ha insistido que esa política presidencial desnaturaliza al Ejército, pero el general Sandoval ve otras cosas. El traslado de la Guardia Nacional al Ejército, que fue una propuesta suya en octubre, pavimenta el camino para cumplir el deseo del Presidente, al ir cambiando los criterios presupuestales de la seguridad nacional a la seguridad pública, reduciendo su papel a tareas ajenas la seguridad Nacional.
El elefante que está destruyendo a las Fuerzas Armadas está en la sala. El Presidente puso a pelear al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, que tienen una relación tensa. La rivalidad entre las dos dependencias es vieja, pero se ha incrementado. Al mismo tiempo, López Obrador camina hacia el juicio contra las Fuerzas Armadas, a las que quiere responsabilizar de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
El almirante Ojeda, que en ese entonces era jefe de la 8ª Región Naval en Acapulco, estaba al tanto de lo que sucedía. El general Sandoval no estuvo ahí, pero a quien le encargó que defendiera al general Salvador Cienfuegos, por las recientes acusaciones de narcotráfico, el general Alejandro Ramos, era el jefe de la Unidad Jurídica de la secretaría que realizó la investigación sobre el papel de los militares en la desaparición de los normalistas, sin encontrar algo que los responsabilizara. El gobierno piensa lo contrario.
Las Fuerzas Armadas van hacia el paredón de Ayotzinapa. También rumbo al fracaso en el mejoramiento de la seguridad pública. Están creciendo las denuncias de corrupción de altos mandos, sobre todo por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, contribuyendo a su descrédito. Ese será el camino: la descalificación de soldados y marinos, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos e incapacidad operativa. La mesa está preparándose para que la Guardia Nacional, un cuerpo para el orden interno, no la seguridad nacional, las remplace.
El Financiero