Si bien lo ideal sería ni siquiera referirse a la indignante simulación de la consulta para dizque “enjuiciar a los ex presidentes de México” que se pretende llevar a cabo el 1 de agosto, el tamaño del fraude que está por cometerse contra los mexicanos (y sus recursos presupuestales, de paso) obliga a plantearse una serie de reflexiones.
La farsa de esta “consulta” fue vergonzosamente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado –ahí mismo donde inconstitucionalmente pretenden mantener dos años extra al títere que actualmente la preside-. Pero resultaba tan atroz el hecho de hacer depender la aplicación de la ley de los designios de la turba manipulada desde las “mañaneras”, que los ministros acabaron “lavándose las manos”, autorizando una pregunta que, esencialmente, no pregunta nada.
Los propagandistas y textoservidores de la mal llamada “cuarta transformación” promueven en redes sociales que lo que se preguntará es “¿quieres que se investigue y se juzgue a los ex presidentes? Si o no”.
Pero lo que en realidad dirá la papeleta con la que se encontrarán quienes por inocencia o conveniencia –o ambas- acudan a votar ese día será: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Reiteradamente se ha señalado que es tal la ambigüedad de la pregunta que se le podría aplicar a cualquiera que haya ejercido algún cargo público de 2020 para atrás. Incluido el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tendría mucho qué aclarar sobre los turbios manejos de la administración que encabezó como jefe de Gobierno de la Ciudad de México hace dos décadas. Ni qué decir de su amigo Manuel Bartlett y otros que lo rodean y cuyo pasado incluye fraudes, asesinatos, despojos, saqueos y lindezas por el estilo.
Pero aún si la pregunta tuviese algún sentido, es prácticamente imposible hacer obligatorios sus resultados. Para que eso ocurriese, tendrían que salir a votar cerca de 40 millones de ciudadanos el próximo 1 de agosto, pues la Ley Federal de Consulta Popular establece que debe registrarse una participación de 40 por ciento del padrón electoral para que sus efectos sean legalmente vinculatorios para las autoridades competentes.
Para darse una idea, el pasado 6 de junio se registraron 48 millones 874 mil 40 sufragios en la elección federal, lo que equivale a 52.6 por ciento del padrón de electores, de acuerdo con los cómputos finales del Instituto Nacional Electoral.
Es pues totalmente deshonesto siquiera sugerir que exista alguna posibilidad de que la participación ciudadana en la pretendida consulta vaya acercarse ni un poco a lo que mandata la ley para que alguna autoridad tuviese obligatoriamente que… ordenar investigar a actores políticos del pasado.
Y es que no hay campañas, no hay un mensaje claro, no hay candidatos. No hay nada, más que una pantomima plebiscitaria que, por otro lado, entraña riesgos de otra clase. Quizás más preocupantes aún que el timo de 500 millones de pesos que representará el capricho presidencial.
Más allá de buscar mantener los reflectores y la agenda de la opinión pública alejados de los verdaderos problemas del país –la violencia imparable, la inflación galopante, el desmantelamiento de las instituciones, la corrupción gubernamental actual, los pactos con el crimen organizado, el desabasto de medicamentos, entre un largo etcétera-, bajo el disfraz de la “democracia participativa –que no es tal, pues de antemano se sabe el resultado- se esconde la ruta para “legitimar” la instauración de la autocracia definitiva.
En el siglo XIX, a golpe de referéndums Luis Bonaparte transformó la Segunda República Francesa en el III Imperio, proclamándose emperador por “voto popular” e inaugurando el “bonapartismo” como forma de justificar decisiones autoritarias con el velo de la “voluntad del pueblo”.
De igual manera, ya en el siglo XX, la Alemania nazi –a la que le ha dado por referirse últimamente al presidente de México- convocó a un plebiscito para “preguntar” al pueblo austriaco –cuyo país acababan de invadir- si “¿está de acuerdo con la reunificación de Austria con el imperio alemán, promulgada el 13 de marzo de 1938? ¿Vota usted por el partido de nuestro líder, Adolf Hitler? Sí No”. El resultado fue de 99.70 por ciento por el “Sí”. Claro, con los fusiles nazis apuntando.
Con la militarización de México agigantándose y un régimen que cada vez se muestra más intolerante y agresivo con la pluralidad y la crítica –y que con base en una consulta ilegal ya tomó una decisión demencial, la cancelación de un aeropuerto-, ¿qué cree usted que se les pudiera ocurrir “consultar” hacia el final del sexenio?
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