Desde que asumió el poder, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” tomó distancia del conocimiento científico y del sector académico en el que, paradójicamente, contó y aún cuenta con un amplio apoyo a pesar del sistemático maltrato que le ha propinado en sus ya casi tres años de gobierno.
Más identificado y cómodo con los dogmas que con la evidencia y los datos duros, el gobierno lopezobradorista emprendió una especie de “cruzada” contra lo que, en boca de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la “4t”, María Elena Álvarez Buylla, llamaron la “ciencia neoliberal”.
Para lo cual, ocuparon el consabido discurso paternalista y populista que exalta por sobre todo las tradiciones –lo que de suyo no está mal, salvo cuando el objetivo es la manipulación sentimentaloide- y denuesta la “modernidad”, porque el “pueblo” está muy “a gusto” viviendo como en el siglo XIX.
Pero más allá del mero discurso demagógico, la embestida contra el sector del conocimiento y la tecnología se aplicó con fuerza en el terreno de los recursos financieros. Mucho se habló todo el año pasado del monumental despropósito que implicó la desaparición de los fideicomisos que sostenían una gran cantidad de proyectos de investigación científica y que el gobierno juró que seguirían recibiendo presupuesto para continuar.
Como resultaba obvio desde entonces, aquello fue un engaño y el dinero se usó para financiar las megainútiles obras insignia del gobierno lopezobradorista, los programas sociales clientelares –que ésos sí, ¡qué buenos dividendos les dejaron en las pasadas elecciones!- y hasta en la compra de una refinería vieja y endeudada en Estados Unidos que, por cierto, volvió más infecundo todavía el derroche en Dos Bocas, cuya obra no estará lista en el plazo que fantasiosamente le impuso el gobierno a los contratistas. Pero los programas y proyectos de ciencia, se quedaron al garete.
La natural resistencia que una buena parte del sector académico y científico comenzó a demostrar hacia los disparates del oficialismo provocó una reacción digna de un régimen intolerante como éste: reformas para establecer un control más rígido sobre lo que para el gobierno son las áreas del conocimiento que se deben desarrollar, reducción drástica de presupuestos, cancelación de becas, estigmatización de la preparación en el extranjero y la satanización de la investigación realizada desde las instituciones privadas de educación superior, bajo el estereotipo –falso, manipulador, discriminador- de que en las escuelas particulares los académicos ganan “muy bien” y no necesitan más.
Tal fue el argumento –pretexto, en realidad- para que el Conacyt –convertido en la expresión de los complejos y prejuicios personales de su titular- decidiera retirar los estímulos económicos a mil 632 académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que trabajan en universidades e instituciones particulares. Sin atender ni tomar en cuenta su productividad, que siempre está bajo rigurosa revisión. Simplemente, a volar por “fifís”.
En cambio, personajes ligados al régimen cuyos merecimientos van desde lo cuestionable a lo inexistente fueron acogidos por el Conacyt para integrar la “casta dorada” académica del país. Incluso a niveles grotescos, como el del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El pasado 19 de abril, una Comisión Especial Dictaminadora creada ex profeso para analizar el caso de Gertz, encabezada por Ernesto Villanueva Villanueva, resolvió que el también ex secretario foxista de Seguridad Pública cubre los requisitos para ingresar al SNI, dado que “cuenta con 5 libros como autor único, 2 capítulos de libros y 6 artículos científicos (sic)”.
Sin embargo, desde el año 2010 Gertz Manero –en ese entonces rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México- intentó ingresar al Sistema Nacional de Investigadores sin éxito, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –que se manejaba con parámetros, digamos, verdaderamente científicos- consideró en ese momento que tenía una “insuficiente producción científica” y que “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”.
Gertz llevó el caso a los tribunales pero el Conacyt lo rechazó en otras cuatro ocasiones. Hasta que este año, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –del que forma parte como titular de un organismo “autónomo” en el papel-, fue aceptado por dicha Comisión Especial Dictaminadora, que consideró que se emitieron resoluciones recurrentes “con amplio margen de discrecionalidad” y que su expediente “fue objeto de una revisión a la luz de las personales apreciaciones subjetivas de los integrantes de las comisiones dictaminadoras o revisoras”.
Una investigación de Animal Político reveló que en el expediente de Alejandro Gertz consta que entre la documentación que presentó para solicitar su ingreso al SNI incluyó los artículos que publicaba en periódicos. “El solicitante no realiza habitual y sistemáticamente actividades de investigación. Su obra no puede considerarse de investigación pues no corresponde a la creación de conocimiento nuevo, no tiene metodología ni aparato crítico, sino que solamente constituye la opinión del autor”, sentenció en su resolutivo del 7 de mayo de 2015 el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores.
Hoy, una comisión cuya legalidad está también en tela de juicio no solo le abrió al hoy fiscal –cuyo desempeño en ese cargo también deja mucho que desear- las puertas del SNI, sino que le concedió, de golpe y porrazo, el nivel III, el más alto del escalafón. Y por si fuera poco, podrá cobrar doble, como investigador y como funcionario público, pues con las reformas al reglamento del Sistema no existe impedimento alguno para hacerlo.
¡Qué chingón que con la “4t” se “acabó” la corrupción y el influyentismo!, ¿no?
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