El 27 de septiembre no sólo se conmemora la nacionalización de la energía eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos, en 1960, cuyas causas y objetivos deben estar presentes en la memoria de todos los mexicanos. Debemos tomar en cuenta que 30 años antes, ese mismo día del mes patrio, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada Félix, daba a conocer un texto que posteriormente sería retomado además de México, por otros países como regla de oro en las relaciones diplomáticas del mundo, y como base esencial del derecho internacional.
La Doctrina Estrada manifiesta que ningún país del planeta debe decidir si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. La Doctrina Estrada contradecía la costumbre de su época, según la cual cada país debía reconocer al gobierno de otro país para que este se considerara válido o legítimo.
La visión de esta Doctrina, convertida en ley en algunas naciones, pocas veces ha sido respetada por los países más poderosos del mundo, considerando que sus vecinos o países con menor capacidad financiera requieren de su ayuda, como si el colonialismo fuera una práctica vigente en pleno siglo XXI.
La visión colonialista de la realidad no ha sido superada por países como Estados Unidos, que considera un acto natural entrometerse en asuntos de política interna en otras naciones, llegando al extremo de invadirlas militarmente en nombre de la democracia y la libertad; cuando todos sabemos que Estados Unidos no es ejemplo ni de democracia ni de libertad, sino todo lo contrario.
Hace algunas semanas se descubrió que el gobierno de Estados Unidos, a través de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), con sede en Washington, organismo que recibe órdenes del Departamento de Estado, al igual que la Fundación Nacional para la Democracia, envían dinero a la asociación que preside el empresario mexicano Claudio X. González.
En más de una ocasión esta fundación estadounidense ha sido señalada como arma de la CIA para realizar tareas de espionaje, injerencistas, golpistas y ha trabajado para la desestabilización de gobiernos no alineados con la política que quiere imponerle el vecino del norte a otras naciones, sobre todo en América Latina. En muchos casos no pasa de la amenaza para que se corrijan las políticas económicas a su favor, pero también está latente la invasión militar como ha sucedido en otros países del continente, donde también ha organizado los llamados golpes blandos, como sucedió en Brasil, Argentina, Bolivia, entre otros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una nota diplomática, pidió al gobierno de Estados Unidos suspender el financiamiento a asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad “en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención”. La respuesta de Joe Biden ante el reclamo fue que Estados Unidos continuará financiando organizaciones, periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción mundial; lo curioso es que les llamó la atención la corrupción en México hasta que llego López Obrador y no antes, que también había corrupción galopante y no era castigada ni con la mínima crítica de los comentaristas.
Por otra parte, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es un organismo público sino una asociación cuyos miembros en su mayoría pertenecieron a partidos con una ideología muy precisa. Agrupación definida política e ideológicamente, por lo que se duda mucho de la claridad de la respuesta del presidente del vecino país.
Sea cual fuere la ideología del grupo que apoya Estados Unidos, basta y sobra con que se trate de un organismo independiente del gobierno para echar abajo acuerdos y tratados en los que pudiera ampararse la ayuda económica del Departamento de Estado. Ante este panorama se trata, sin duda alguna, de un acto de injerencia en la política interna de México, permitida por los integrantes de esa asociación, que tiene nexos y coordinación de información y actos conjuntos con otros grupos de la misma tendencia ideológica como el Consejo Coordinador Empresarial, Causa en Común, México Evalúa, entre otras similares.
Hace algunos días, Biden ordenó a su administración “modernizar, aumentar, coordinar, proporcionar recursos y mejorar de otro modo la capacidad de los departamentos ejecutivos clave y agencias (como el USAID)”.
Señaló el presidente del vecino país que “…en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca destinó alrededor de 591.5 millones de dólares en México a través de la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia”.
El hecho de que acabe de llegar a la Casa Blanca no implica que se haya dado cuenta de que la corrupción es un problema reciente en México; sin embargo, Biden convocó a su administración a “promover alianzas con el sector privado y la sociedad civil para promover medidas anticorrupción y tomar acciones para prevenir la corrupción” en otros países.
Como se ve, la política de Biden obedece a una inercia de los demócratas por intervenir e influir en las decisiones políticas de otros países, y en México tiene un especial interés no sólo porque es su vecino próximo, sino porque hay muchos intereses de por medio que deben estar muy bien resguardados. Esa injerencia no existiría si los mexicanos no establecieran el puente para que el vecino país se entrometa en la decisión de un país extranjero. PEGA Y CORRE. – El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la posibilidad de fraude en México es cosa del pasado. Todos los mexicanos deseamos que así sea y que a la hora de entrar las actas en las oficinas de ese Instituto no se vuelva una caja negra lo que debe ser transparente…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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