Gregorio Gómez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, está acusado de delitos que las autoridades inventaron para impedir que compita en las urnas por temor a perder los espacios que Morena tiene destinados para sus candidatos.
La evidencia de presos políticos en el actual régimen es una constante que ha dañado todos los rincones del país ante la desesperación del partido en el poder de perder las elecciones. Ante esta realidad, Gregorio Gómez fue acusado de una serie de delitos que sorpresivamente fueron encontrados en su contra en tiempos electorales como robo de vehículo, daños, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo en su forma de posesión simple, y ultrajes a la autoridad, mejor conocida como “Ley Franco”; más lo que se acumule en estos días.
La forma en que fue detenido, de manera violenta, agresiva y sin orden de aprehensión, se convierte en la implementación del terror que desde el gobierno del estado se quiere imponer para amedrentar a los adversarios sobre lo que puede sucederles si siguen compitiendo en las urnas contra los candidatos de Morena.
Sembrar el miedo es una de las formas más usuales en las dictaduras, que atentan no sólo contra las garantías individuales protegidas por nuestras leyes sino contra la democracia que dicen defender las más altas autoridades del país.
El exalcalde y empresario, quien fuera sustraído con lujo de violencia de su negocio el pasado 7 de abril, ahora fue trasladado al Cefereso No. 13 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, un reducido reclusorio donde están hacinados algunos presos, probablemente también presos políticos que purgan penas inexistentes, porque este lugar está destinado sólo para 66 reos, cuando en realidad tiene muchos más, y viven en condiciones infrahumanas, muy semejantes a los campos de concentración, alejados de sus familiares y de cualquier tipo de apoyo legal.
Gregorio Gómez, a pesar de que se trató de legalizar la detención a través de la jueza de control Verónica Portilla y debió permanecer en el Cereso de Tuxpan, ahora fue llevado a cientos de kilómetros de distancia para hacer más compleja su defensa. Por ley, el perredista debería permanecer un año en el penal de Tuxpan hasta que su juicio concluya.
Resulta difícil que este tipo de arbitrariedades las desconozca el presidente de la república, es posible que desconozca los métodos que usa la policía a cargo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que no es la única vez que atenta contra los contrincantes políticos y los convierte en enemigos a muerte.
Si los delitos imputados al acusado fueran tan claros, la primera audiencia no hubiera durado más de 23 horas, un tiempo muy prolongado si se cuentan con las evidencias reales de este tipo de situaciones.
El caso de Rogelio Franco, candidato a una diputación federal por el PRD, quien también fue trasladado a un penal lejos de Tuxpan, donde fue detenido, es el antecedente de que la ley se hace a la medida de las necesidades de la política y nada tiene que ver con la realidad. Porque también fue detenido violentamente, sin orden de aprehensión y con un amparo. De ahí que tuvieron que inventar la Ley Franco, que considera, a criterio de los policías, si el sospechoso se resistió o no a la detención. Pero cómo no puede o debe resistirse a una captura una persona inocente que tiene la conciencia tranquila y que nada teme.
La intención detrás de estas detenciones arbitrarias es ganar las elecciones; sin embargo, el método ha sido repetido en varias ocasiones en el estado de Veracruz, lo que lejos de beneficiar a Morena se convertirá en un verdadero bumerán que imponga una derrota aplastante al partido en el poder que debilitará al presidente de la república el resto de su mandato y entregará la Presidencia de la República a un partido distinto a Morena.
El historial de la detención tiene muchas irregularidades empezando por los golpes que recibió Gregorio Gómez. Los testimonios de la gente aseguran que la policía miente al decir que fue detenido en Álamo, cuando en realidad hay videos que muestran claramente cómo fue sustraído de su negocio en Plan de Ayala, Tihuatlán.
De acuerdo con los abogados defensores, los cargos de los que se le acusa tienen que ver con una “cacería política”, tanto así que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha organizado marchas y plantones en cientos de municipios a lo largo del país, donde se ha unido la sociedad civil para exigir la liberación tanto de Gregorio Gómez como de Rogelio Franco, porque la gente conoce muy bien quiénes son los acusados y califican sus arrestos como un asunto eminentemente político.
La represión impuesta por la administración de Cuitláhuac García Jiménez lo hace responsable de una serie de violaciones.
“Esto obedece al rechazo de la gente hacia su gobierno y su partido, a quienes les da temor el avance de la oposición, es por ello por lo que atentan contra líderes opositores al actual gobierno, lo que los lleva a fabricar delitos ante el temor de perder en las próximas elecciones del 6 de junio; no vamos a permitir que se atente contra la seguridad e integridad de los ciudadanos y sus familias”, apuntó Sergio Cadena Martínez, presidente de Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Veracruz.
Las autoridades judiciales han hecho lo que se les ha pegado la gana con quienes escogen como sus víctimas, por lo regular se trata de candidatos con muchas posibilidades de triunfo y de líderes que pueden hacerle sombra a los candidatos y autoridades de Morena.
El traslado de un penal federal del estado de Veracruz a uno de Oaxaca representa la mayor violación a sus derechos, que debe ser no sólo corregida sino castigada de manera ejemplar, ya que se trata de un atentado contra la dignidad de las personas, de los mexicanos. PEGA Y CORRE. – Se afirma que se predica con el ejemplo, pero el gobernador de Morena Jaime Bonilla no pudo aguantarse las ganas de asistir a un partido de béisbol sin utilizar cubrebocas ni guardar la sana distancia. Se le vio en el partido entre Dodgers de Los Ángeles contra Padres de San Diego, llamando la atención de los medios en un acto evidente de proselitismo en plenas campañas, lo cual debería ser sancionado severamente… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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