Las amenazas contra las instituciones por parte del ya abiertamente mafioso régimen de la autodenominada “cuarta transformación” han llegado a un punto de quiebre insostenible.
Las señales son terribles pero diáfanas: un partido oficial (Morena) que postula como candidato a gobernador a un sujeto como Félix Salgado Macedonio que, de por sí, encarna lo peor de la clase política, que desde el Senado ya había amenazado con “desaparecer” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no aplicar la ley a “contentillo” y que encima enfrenta por lo menos cinco denuncias por abuso sexual, y que a pesar de lo cual es defendido a capa y espada hasta por el propio Presidente de la República.
Violentador al fin, Salgado ni siquiera es capaz de cumplir con los requerimientos legales mínimos para sostener su candidatura y recibe la sanción que las reglas bajo las que está contendiendo establecen: el retiro de su registro como candidato, sin necesidad de que la autoridad electoral tuviese que hacer interpretación alguna de la norma, que es muy clara.
La respuesta del régimen lo retrata en alta fidelidad: atacar al árbitro por hacer cumplir la ley, rebasando por mucho los límites de la mera retórica de campaña para pasar al siguiente nivel: el riesgo real de su destrucción como organismo autónomo para convertirlo en una grotesca comparsa, como sucede ya con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cuando con total impunidad un impresentable que todos los días demuestra su cariz delincuencial lanza amenazas e incita a la violencia en contra del Instituto Nacional Electoral y de la integridad física de sus integrantes sin que nadie lo llame a cuentas ante la ley, sino que por el contrario desde el poder se le consiente y hasta se le apoya de manera cada vez menos velada, queda claro que el estado de Derecho está en vilo y con éste, la vigencia de la de por sí frágil democracia mexicana.
No es una exageración. Luego que en una concentración callejera Salgado Macedonio amagó este lunes con difundir las direcciones particulares de los consejeros del INE para que sus hordas los agredan a ellos y sus familias, la “respuesta” oficial fue una banalidad: un “llamado” al “orden” y al respeto “mutuo” –como si las autoridades electorales hubiesen sido las agresoras y no las agredidas- por parte de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien si tuviera una pizca de dignidad renunciaría a un cargo que en los hechos no ejerce.
La impunidad, la certeza de saber que no habría consecuencias ante cualquier transgresión de la legalidad, fue la condición que principalmente permitió durante décadas la perpetuación del régimen autoritario priista, cuyas simulaciones democráticas iban acompañadas de sendos fraudes de todo tipo (políticos, financieros, electorales) que llevaron al país a sistemáticas crisis que, finalmente provocaron el hartazgo social que se reflejó en las alternancias presidenciales de 2000 y 2018.
La primera resultó toda una decepción ante la frivolidad y ausencia de un verdadero compromiso democrático del panista Vicente Fox, quien prefirió pactar con las fuentes reales del poder en México, aunque por lo menos construyó instituciones que abrieron los candados de la opacidad gubernamental.
Sin embargo, la llegada al poder del régimen de la “4t” claramente apunta a una restauración del más violento autoritarismo de la mano de un pseudocaudillo mesiánico y megalómano como Andrés Manuel López Obrador, cuya hechura echeverrista le brota por todos los poros y que en poco más de dos años se ha volcado a la destrucción del entramado legal que, con todas las falencias que pudiera tener, permitió entre otras cosas que el actual grupo gobernante se hiciera de las riendas del país. Lo cual ahora quiere evitar que suceda de cara al futuro.
La democracia en México está siendo asediada por una caterva de rufianes que apenas están demostrando lo que son capaces de hacer.
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